El Congreso no debe convertirse en un reality show
Megáfonos, pancartas, gritos, insultos, tomas de tribuna, empujones y jaloneos han terminado por formar parte de las actividades del legislativo.
La política puede ser apasionada, pero vemos con tristeza que en el Senado de la República ante la falta de argumentos han caído en actos vergonzosos.
El episodio más reciente ocurrió este 12 de agosto, con el intercambio de acusaciones, empujones y jaloneos entre el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y el morenista Arturo Ávila, en el Patio del Federalismo.
Gutiérrez Mancilla persiguió y encaró a Ávila para reclamarle por declaraciones relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas
Ante los medios, Mancilla incluso advirtió: “No vamos a permitir que estos narco políticos anden por la calle como si nada”. No es la primera vez que este diputado se comporta violentamente.
En 2025, participó junto con Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña en otro de los episodios más bochornosos de la política mexicana reciente, cuando una discusión terminó en una confrontación física, con empujones y forcejeos en el Congreso.
Pero, no todo tiene que llegar a los golpes para convertirse en espectáculo.
Ahí está Lilly Téllez, quien ha utilizado un megáfono dentro del Senado para elevar sus reclamos y confrontar a sus adversarios políticos. El recurso puede ser llamativo y generar titulares, pero también refleja una tendencia preocupante: la necesidad de convertir cada desacuerdo en un acto destinado a un circo.
Honestamente cobran demasiado caro para ser unos cirqueros viscerales, que, en lugar de legislar para beneficio de la ciudadanía, solo ofrecen espectáculos para las cámaras y redes sociales.
Los legisladores han encontrado en el escándalo la mejor forma de adquirir visibilidad.
Un legislador que grita tiene más posibilidades de convertirse en video viral que uno que explica una iniciativa. Un enfrentamiento genera más reproducciones que una discusión parlamentaria. Un insulto puede alcanzar en minutos a millones de personas, mientras que una intervención técnica puede pasar inadvertida.
Y ahí está el verdadero problema.
La política necesita debate. Necesita oposición. Necesita crítica. Incluso necesita confrontación ideológica. Una democracia sin desacuerdos sería una democracia muerta.
Pero disentir no significa agredir.
Los ciudadanos «elegimos diputados y senadores para que legislen», no para que se persigan por los pasillos, se empujen, se jaloneen, se insulten o conviertan el pleno en una arena de gladiadores.
También existe una responsabilidad institucional. Cuando un legislador incurre en una conducta que en cualquier otro espacio podría considerarse inaceptable, no debería recibir sueldo y deberían ser expulsados o sancionados dejando en su lugar al suplente por un mes o de manera definitiva, dependiendo de la gravedad del caso.
La normalización del comportamiento agresivo termina enviando un mensaje peligroso: se vuelve sinónimo de visibilidad y al parecer eso complace su ego, dado que no hay repercusiones.
El Congreso no debe convertirse en un reality show.
México enfrenta problemas demasiado serios como para que sus representantes desperdicien el tiempo y la investidura en pleitos personales. Seguridad, salud, educación, empleo, pobreza, justicia, corrupción y crecimiento económico requieren legisladores concentrados en construir soluciones.
Cuando los argumentos terminan y empiezan los empujones, pierde el Congreso y pierde la ciudadanía.
Por ello hago un llamado a estos representantes de la ciudadanía: «Respeten las instituciones» y respétense ustedes mismos.
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