septiembre 28, 2026

El INE acostumbraba propiciar sobre su aniversario diferentes eventos paratraer a colaciónla importanciade la democracia.

El pasado 22 de agosto se cumplieron 30 años de que el arbitraje electoral obtuvo la categoría constitucional de autonomía e independencia.

La fecha pasó desapercibida, solo unas cuantas referencias aisladas y silencio en el Instituto Nacional Electoral.

Los seres humanos nos orientamos por símbolos, por ceremonias, usamos referentes para identificarnos y hacemos cortes a partir de acontecimientos que nos ubican en el tiempo, respecto de los cuales evaluamos nuestro transcurso.

Una fecha que sintetiza acontecimientos que merecen ser referidos en nuestra reciente historia es el 22 de agosto.

El INE acostumbraba propiciar sobre su aniversario diferentes eventos para traer a colación la importancia de la democracia y el libre ejercicio de los derechos político-electorales. Y no, eso no sucedió, ni ha sucedido en esta ocasión.

Parecería que no hay nada que festejar, nada sobre lo que reflexionar.

¿Se trata de una omisión involuntaria en medio de la extenuante tarea que implica organizar el proceso electoral?

Parecería que no es esa la explicación, ya que las oficinas de la institución permanecieron recientemente cerradas por vacaciones y la semana pasada una sesión ordinaria de su máximo órgano de dirección mereció una reunión virtual.

¿Qué explica entonces perder una gran ocasión para propiciar la atención del electorado sobre su participación en una jornada que está a la distancia de 8 meses?

Espero que la respuesta no ronde alrededor del temor al debate.

El INE tiene la responsabilidad de contribuir a la educación cívica; perder estas ocasiones es incumplir con su deber.

Tengo que agregarle a lo anterior otro ingrediente: algunas personas promovimos, en la cercanía del pasado 6 de junio, que diferentes organizaciones de la sociedad civil se pronunciaran sobre la democracia e hicieran llamados al voto, a la participación ciudadana, a la responsabilidad cívica, ya que a un año de distancia de la jornada electoral era un buen motivo para ello.

Se trataba de promover pronunciamientos cívicos sin carga partidaria, llamar la atención sobre la necesidad de la participación ciudadana, sobre la importancia de informarse, sobre la relevancia del voto para definir el rumbo del país.

La respuesta fue de interés, de preocupación sobre el creciente abstencionismo, pero no se tradujo en acciones y creo además que el INE perdió otra oportunidad para cumplir con su responsabilidad constitucional de contribuir a fortalecer la democracia.

Al pasado 6 de junio se le suma ahora el 22 de agosto y el tiempo corre aceleradamente hacia las próximas elecciones.

Traigo a colación estas dos consideraciones, en virtud de que nos conformamos, nos congregamos, a partir de símbolos, de acontecimientos, pero al parecer lo que tiene que ver con algo tan delicado como son las decisiones sociales nos es ajeno hasta que su deterioro nos ahoga.

Espero que la omisión sobre los dos casos que refiero se deba a que mi diagnóstico sobre la baja participación política sea erróneo, no requiera de promoción alguna y no sea producto del temor al debate o a la eventual reprobación de un gobierno autoritario que vive de la desinformación y del desencanto ciudadano; si fuera esto último, la desatención es una forma de consentir.

POSDATA

Tuvieron que pasar más de dos meses, pero finalmente el pasado viernes se atendió el requerimiento de que Ernesto Ruffo Appel pudiera continuar el proceso penal en arresto domiciliario, como correspondía desde el primer momento dada el poco sustento aportado por la FGR y las condiciones personales del acusado.

Su detención es a todas luces injusta y lleva más bien un mensaje político que busca intimidar a la ciudadanía.

Mientras no pocos funcionarios públicos y militantes del actual bloque dominante gozan de impunidad, a pesar de la cada vez mayor carga de evidencias de sus vínculos con organizaciones delictivas, esas que no ve la FGR, pero que sí se apresura a inventar “casos de éxito”, como la incautación de una central de almacenaje de combustible en Guanajuato o la acusación a Ruffo como la cabeza del huachicol fiscal, más que una autoridad autónoma, procede como el brazo intimidador del régimen.

El lunes por la madrugada se espera que Ernesto Ruffo llegue a su domicilio en Ensenada, Baja California, ya que la FGR decidió atender la resolución del juez trasladando a Ernesto por tierra, más de 2 mil 700 kilómetros… Desde ahí, bajo la custodia de la Guardia Nacional, seguirá su proceso, que seguramente culminará con un “disculpe usted”, ya que los verdaderos cabecillas del mayor fraude que se haya hecho a la nación gozan de cabal salud.

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