2031: cuando el silencio se convierte en política de Estado -

Las democracias no se debilitan únicamente por la corrupción o la violencia. También se erosionan cuando el poder decide que la sociedad debe esperar años para conocer la verdad.

La decisión de reservar hasta 2031 la información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa mucho más que un trámite administrativo. Es una decisión política que inevitablemente alimenta la desconfianza ciudadana.

El argumento oficial es la seguridad nacional y la protección de la relación bilateral. La ley contempla esa posibilidad. Sin embargo, la seguridad nacional no puede convertirse en un recurso automático para cerrar el acceso a información de enorme interés público. Cuando un gobierno pide confianza, también debe estar dispuesto a rendir cuentas.

La reserva ocurre en uno de los momentos más delicados para Sinaloa: una guerra interna del crimen organizado, el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, investigaciones en ambos lados de la frontera y una creciente cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses. Es natural que la ciudadanía se pregunte si todos estos hechos están relacionados. Hasta ahora, no existe evidencia pública que permita afirmarlo como un hecho. Pero tampoco puede ignorarse que la falta de información alimenta las sospechas.

La experiencia demuestra que el vacío informativo casi nunca fortalece a las instituciones. Por el contrario, abre espacio a versiones encontradas, teorías y desconfianza. Cuando el Estado guarda silencio, otros llenan ese espacio.

La transparencia no consiste en revelar investigaciones en curso ni poner en riesgo a personas o a las instituciones. Consiste en explicar, justificar y demostrar que las decisiones excepcionales realmente responden al interés público y no a la conveniencia política.

México necesita gobiernos capaces de enfrentar la verdad, aun cuando resulte incómoda. Las instituciones no ganan credibilidad ocultando expedientes durante años; la ganan cuando demuestran que nadie está por encima de la ley y que toda decisión puede ser revisada por la sociedad.

La pregunta que hoy permanece abierta no es únicamente qué contienen los documentos reservados. La verdadera pregunta es si, cuando llegue 2031, los mexicanos conocerán toda la verdad o si aparecerá una nueva justificación para prolongar el silencio.

La historia enseña que los secretos de Estado rara vez permanecen ocultos para siempre. Tarde o temprano, la verdad encuentra el camino para salir a la luz. Lo importante es decidir si llegará por voluntad de las instituciones o por la presión de los hechos.

Porque un gobierno democrático debe temer más a la pérdida de la confianza ciudadana que a la transparencia. Los expedientes pueden permanecer cerrados por un tiempo; las dudas de la sociedad, no.