Samuel; ante el juicio político la frivolidad como proyecto: Vito Saint Germain -

El gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y amigos en el gobierno han construido un proyecto político cuyo eje vertebral son la exposición mediática permanente. Su plataforma no es el Congreso ni la sala de crisis: es la pantalla del teléfono. Su lenguaje no es el de la gobernanza, sino el del influencer: inmediato, superficial, diseñado para captar likes.

Después de casi cinco años de gobierno son demasiados los hechos que el gobernador de Nuevo León ha pasado por encima de marcos legales, ignorado contrapesos institucionales y esquivado la rendición de cuentas con una destreza que contrasta con la ahora lejana imagen que vendió de político joven y moderno.

Mariana Rodríguez no es solo la esposa del gobernador que aprovecha su visibilidad; es una pieza estructural del proyecto. Juntos han perfeccionado una estética de la vanidad funcional: cada aparición pública es contenido, cada contenido es política que no admite debate porque opera en el terreno de las emociones instantáneas y llega a miles de pantallas. La frivolidad ha sido la norma. Sus apariciones, banales e incluso ridículas, son un método que anestesia, que distrae e impide, por su falta de información y transparencia, evaluar con precisión la gestión gubernamental y exigir cuentas. Claro, por la cantidad de obras inconclusas o el desastre en movilidad de la zona metropolitana de Monterrey, es fácil presumir que, en “el nuevo Nuevo León”, las cosas ha ido mal.

Cuando la frivolidad no ha bastado, se usa la captura institucional o personal. Morena, con representación suficiente en el Congreso local para actuar como contrapeso real, ha resultado ser un bloque con graves filtraciones. Algunos de sus legisladores — comprometidos o comprados, según los trascendidos — han optado por la omisión cómplice antes que por la fiscalización. El resultado es la impunidad blindada desde adentro: Samuel García no solo ha evadido la ley, sino que ha logrado que quienes debieran aplicarla miren hacia otro lado.

Razones que justifican un juicio político

El juicio político no es un recurso excepcional en el constitucionalismo mexicano: es el mecanismo diseñado precisamente para los casos en que un servidor público traiciona la confianza depositada en él por la ciudadanía. La Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen con claridad las causales. En el caso de Samuel García, no falta una — sobran varias.

I. Abandono de funciones y delegación inconstitucional del cargo

Durante los meses en que Samuel García buscó activamente la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, el gobierno de Nuevo León operó de facto sin su titular. El gobernador se ausentó de manera sistemática y prolongada sin seguir el procedimiento constitucional que regula las ausencias del Ejecutivo estatal. La Constitución neoleonesa es explícita: el gobernador no puede delegar el despacho ordinario a discreción ni ausentarse sin la autorización del Congreso local cuando la ausencia supera ciertos plazos. Esa norma no fue respetada. Lo que ocurrió no fue una licencia — fue un abandono disfrazado de agenda política, financiado con recursos públicos y tolerado por un Congreso que prefirió la omisión a la confrontación.

II. Uso de recursos públicos para proyección mediática personal

La línea entre la comunicación institucional legítima y la promoción personal indebida existe en la ley, aunque en la práctica del gobierno de García se ha vuelto invisible. Personal del gobierno del estado, infraestructura pública, tiempo de funcionarios y presupuesto destinado a comunicación social han sido instrumentalizados para sostener una presencia mediática que beneficia primordialmente la imagen personal del gobernador y de su esposa. La Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifica como falta grave el uso de recursos públicos para fines distintos a los institucionales. La pregunta que el Congreso de Nuevo León ha evitado responder es sencilla: ¿quién paga la producción de contenido del gobernador influencer? Los costos por ciertos son harto holgados.

III. Injerencia electoral desde el aparato gubernamental

Movimiento Ciudadano no es solo el partido de Samuel García — es, en los hechos, una extensión de su gobierno. Si pudiera pintar de naranja el pavimento de calles, carreteras y el mismísimo cerro de la silla lo haría. El uso del aparato estatal para posicionar candidatos, financiar estructuras electorales y condicionar programas sociales en función de la lealtad partidista constituye una violación directa al principio de neutralidad que la Constitución impone a los servidores públicos en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral han documentado en otros contextos patrones similares. En Nuevo León, esa documentación ha brillado por su ausencia — no porque los hechos no existan, sino porque los órganos locales han carecido de la voluntad o la independencia para producirla.

IV. Triangulaciones, opacidad en contrataciones y mal ejercicio del presupuesto

Además de triangulaciones de voluminosas sumas de dinero entre secretarías de gobierno, empresas “amigas” y despacho jurídico familiar del señor gobernador, diversos señalamientos — algunos documentados por medios de investigación, otros por organismos de transparencia — apuntan a contrataciones directas, adjudicaciones sin licitación y ejercicio discrecional del presupuesto o lanzamiento de obras para las que no se tenía asegurado el presupuesto. La opacidad no es un accidente administrativo: es una decisión política. Un gobierno que convierte la rendición de cuentas en espectáculo mediático en sus informes y la transparencia en relaciones públicas tiene todos los incentivos para mantener en la oscuridad lo que no resiste la luz pública.

V. Desacato a resoluciones institucionales y captura de contrapesos

Quizás la causal más grave, porque ataca el corazón mismo del Estado de derecho: Samuel García ha ignorado mandatos del Congreso local y resoluciones de organismos autónomos cuando le han resultado inconvenientes, sin consecuencia alguna. Esa impunidad no es casualidad. La presunta compra de legisladores, incluidos algunos del grupo parlamentario de Morena, ha convertido al Congreso de Nuevo León en un órgano incapaz de ejercer su función fiscalizadora. Cuando los contrapesos se neutralizan, lo que queda es pura simulación.

El poder sin norma no puede ocultar el cinismo. Una sociedad como la nuevoleonesa no se mide por su capacidad de producir contenido, sino por la solidez de sus instituciones y la calidad moral de quienes las habitan.

Nuevo León solicita líderes que entiendan que gobernar no es ser tendencia en redes sociales y agandallar el cargo para hacerse de patrimonio propio. Legisladores que no se dediquen hacer negocios vendiendo su voto al mejor postor. Las instituciones del estado pueden frenar el abuso del poder y ser garantía de que nadie, mucho menos el gobernador más viral del país está por encima de la ley.