La incongruencia del poder: AMLO canceló la seguridad de los expresidentes... hasta que él mismo la necesitó -

En política, la congruencia suele ser el activo más valioso de un gobernante. Cuando el discurso y los hechos coinciden, se fortalece la credibilidad; cuando se contradicen, surge el cuestionamiento ciudadano.

La reciente decisión del Gobierno Federal de reservar durante cinco años toda la información relacionada con el esquema de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas, coloca nuevamente ese principio bajo el escrutinio público.

Durante seis años, López Obrador construyó una narrativa basada en la austeridad republicana y en el combate a los privilegios de la llamada «clase política». Entre sus primeras decisiones estuvieron la eliminación de las pensiones vitalicias de los expresidentes y la cancelación de los aparatos permanentes de seguridad que los acompañaban. Su mensaje fue contundente: ningún exmandatario debía vivir a costa del erario.

En distintas ocasiones, incluso aseguró que al concluir su mandato no requeriría escoltas porque «el pueblo lo cuidaría». Aquella afirmación fue presentada como una muestra de confianza en la ciudadanía y de cercanía con la población.

Hoy, la realidad es distinta.

El expresidente cuenta con un dispositivo de seguridad proporcionado por el Estado mexicano y operado por las Fuerzas Armadas. Más aún, la Secretaría de la Defensa Nacional determinó mantener en secreto durante cinco años información sobre el número de efectivos asignados, el costo del operativo y los recursos públicos destinados a su protección.

Desde el punto de vista jurídico, la reserva puede tener fundamento si existe un riesgo real para la seguridad del expresidente. Nadie sensato puede oponerse a que el Estado proteja la vida de quien encabezó el Poder Ejecutivo.

Pero el debate no es jurídico; es político y ético.

Si López Obrador consideró que sus antecesores no debían gozar de protección especial financiada con recursos públicos, ¿qué cambió para que ahora él sí la reciba? ¿Qué factores de riesgo justifican un esquema que antes calificaba como innecesario? ¿Por qué esos argumentos no fueron válidos para quienes ocuparon la Presidencia antes que él?

La ciudadanía también tiene derecho a preguntar cuánto cuesta esa protección. No se trata de conocer detalles tácticos que puedan comprometer la seguridad del expresidente, sino de garantizar la rendición de cuentas sobre el uso del dinero público.

La austeridad pierde fuerza cuando deja de aplicarse al propio gobierno. La transparencia pierde credibilidad cuando se convierte en excepción. Y el discurso contra los privilegios deja de convencer cuando termina beneficiando precisamente a quien lo enarboló.

La democracia exige gobernantes congruentes. Exige instituciones que rindan cuentas. Exige que las reglas sean iguales para todos, incluso para quienes las diseñaron.

Porque cuando el poder comienza a justificar para sí mismo lo que antes condenaba en los demás, deja de hablar de principios y empieza a hablar de privilegios.

La pregunta que queda para los ciudadanos es inevitable: ¿estamos frente a una medida estrictamente necesaria por razones de seguridad o ante un nuevo ejemplo de que, en México, los privilegios no desaparecen; simplemente cambian de destinatario?