¿Quién vigila al poder cuando comienza a elaborar listas de quienes lo cuestionan?
La presentación realizada por Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, sobre una supuesta red integrada por medios, periodistas, conductores, políticos y cuentas digitales que, según el Gobierno, participan en la amplificación de mensajes contra la 4T, debería encender las alertas de cualquier sociedad democrática.
No por el hecho de investigar la desinformación. Eso es legítimo y necesario. El problema surge cuando desde el poder se identifican públicamente a periodistas y medios críticos y se les coloca dentro de un supuesto “ecosistema” adversario sin hacer pública, de manera completa y verificable, la metodología y las pruebas que sustentan semejante señalamiento.
El Gobierno habla de 54 cuentas de medios, periodistas y analistas; 32 de políticos; 34 perfiles considerados de ataque y más de 560 mil cuentas que formarían parte de un mecanismo de amplificación. También asegura haber analizado más de 22 millones de publicaciones.
Pero las cifras, por impresionantes que parezcan, no sustituyen a las pruebas.
¿Quién determinó que esas cuentas son bots? ¿Con qué metodología? ¿Cómo se estableció la coordinación? ¿Qué evidencia demuestra que los periodistas señalados forman parte de una operación organizada? ¿Existe financiamiento? ¿Hay contratos, instrucciones, transferencias o comunicaciones que demuestren una estructura coordinada?
Porque una cosa es detectar cuentas automatizadas y otra muy diferente es establecer una relación entre ellas y periodistas que ejercen públicamente su profesión.
Aquí aparece el verdadero peligro: el efecto intimidatorio.
Cuando desde una posición de poder se exhibe públicamente a periodistas, conductores y medios como integrantes de una estructura que supuestamente ataca al Gobierno, se corre el riesgo de generar un efecto de inhibición sobre el ejercicio periodístico.
La Constitución protege la libertad de expresión y el derecho a difundir opiniones e información. Y la libertad de prensa no existe para proteger únicamente los elogios al Gobierno. Su función democrática es, precisamente, permitir que el poder sea cuestionado, investigado y criticado.
Por eso resulta particularmente preocupante que esta clasificación provenga de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La contradicción resulta todavía más evidente porque el Gobierno impulsa simultáneamente modificaciones relacionadas con los derechos de las audiencias y el derecho de réplica.
El derecho de réplica es indispensable cuando una persona considera que un medio difundió información falsa o inexacta que le afecta. Pero no puede convertirse en una herramienta de presión gubernamental, ni mucho menos en un mecanismo para imponer la versión oficial a los medios.
Porque la autocensura también puede ser consecuencia de la censura.
Un periodista que deja de investigar, preguntar o publicar una información incómoda por temor a ser exhibido desde Palacio Nacional ya no ejerce su profesión con plena libertad.
El Gobierno tiene derecho a responder a sus críticos, presentar pruebas, desmentir información y defender su actuación. Lo que no debería hacer es convertir la crítica periodística en una categoría de sospecha.
La pregunta, entonces, no es si el Gobierno tiene derecho a combatir la desinformación. Por supuesto que lo tiene.
La pregunta es otra:
¿Quién vigila al poder cuando el propio poder comienza a elaborar listas de quienes lo cuestionan?
La defensa de las audiencias no puede terminar convirtiéndose en defensa del Gobierno frente a sus críticos.
El derecho de réplica no puede transformarse en derecho de imposición.
Y una democracia donde los periodistas tienen que pensar dos veces antes de cuestionar al poder por miedo a ser señalados públicamente, es una democracia que comienza a perder su libertad de expresión.
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