¿Quién se cree que es esta señora?: Gustavo Vicencio -

“La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza

a la justicia en todas partes”

Martin Luther King Jr.

En el marco de la polémica surgida por la iniciativa presidencial de pretender reglamentar el derecho de las audiencias, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, presentó junto con las bancadas del partido en el Congreso una iniciativa que busca introducir un contrapeso a la presidencial. El objetivo es crear una Ley de Comunicación Social para el Poder Ejecutivo Federal, que obligaría al Estado a responder en un plazo de tres días ante solicitudes de derecho de réplica y que exigiría objetividad y verificación de los hechos que se presentan como ciertos desde las mañaneras. El argumento de fondo es de simple equidad: si el gobierno exige a los medios privados respetar el derecho de réplica, no hay razón para que la conferencia presidencial —financiada con recursos públicos y transmitida con todo el aparato del Estado— quede exenta de la misma exigencia. Como dijo Romero, no existe «un espacio más injusto y desproporcional que la mañanera, en donde se te juzga y se te sentencia si eres de la oposición, pero se te defiende ipso facto si eres del oficialismo».

Sheinbaum contestó no estar de acuerdo. Que la oposición organice su propia conferencia, convoque medios y use sus redes sociales. Que ella no piensa convertir la mañanera en «un espacio de réplica partidista». Dicha respuesta es digna de alguien que se cree por encima de los mortales, que se cree una reina que aplica la máxima “callad y obedecer”. Ante este legitimo reclamo de derecho de réplica, solo se le ocurre responder: «que den su conferencia» en otro lado, no en la mañaneras. Pero ¿quién se cree que es esta señora? No solo desairó la propuesta; confirmó, sin proponérselo, exactamente lo que la iniciativa buscaba corregir. El problema no es que la oposición carezca de micrófono propio. Es que la acusación original —la que daña reputaciones, adelanta veredictos y define percepción pública— se emite desde la mañanera presidencial, con toda la autoridad del Estado. La eventual respuesta de la oposición invariablemente llega después, dispersa, sin la misma audiencia ni la misma legitimidad institucional. Pedirle al señalado que organice su propio evento para desmentir lo que ya se sembró en la conversación nacional no es equidad: es aceptar que el daño ya está hecho y que la reparación corre por cuenta de la víctima.

Romero no habló en abstracto: puso como ejemplo explícito a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, señalado desde la mañanera como responsable de huachicol fiscal sin que el proceso judicial haya concluido. Ruffo lleva encerrado injustamente semanas en el Altiplano, con audiencias que la propia FGR solicitó cerrar al público pese a que la defensa exigió transparencia. Mediáticamente, sin embargo, ya fue condenado: el relato oficial lo presenta como cabeza de una red que defraudó al fisco por miles de millones de pesos, aun antes de que exista sentencia firme que lo vincule con certeza a delito alguno. Ese es, en esencia, el mecanismo del primer preso político de este sexenio: la mañanera construye culpabilidad en el terreno de la opinión pública mucho antes —y al margen— de lo que logre construir la fiscalía en un tribunal.

El fondo del asunto es que la presidente no está dispuesta a ceder ni un minuto de su conferencia a la defensa de quienes acusa. Conferencia que se lleva a cabo con recursos públicos. Pero es precisamente esa negativa la que revela por qué la iniciativa del PAN no es un capricho opositor, sino una exigencia de justicia elemental: cuando el poder acusa sin pruebas concluidas y niega el espacio para desmentirlo, no está ejerciendo comunicación social, está ejerciendo linchamiento mediático con cargo al erario. El caso Ruffo no es la excepción; es la evidencia de a dónde conduce un poder que se reserva el derecho de acusar sin la obligación de escuchar.

El derecho de las audiencias debe convertirse en un instrumento de ida y vuelta. Si el poderoso acusa, que el ciudadano pueda defenderse en el mismo espacio y con los mismos recursos que el gobierno. Se requiere que el oficialismo también rinda cuentas. Cuando una democracia deja de escuchar las voces que incomodan al gobierno, deja de ser una democracia plural para convertirse en un monólogo del poder. ¿Podremos detener las ínfulas de emperatriz de esta señora? Nosotros tenemos la palabra.