"No cumplas con la norma"; presidenta de México: Gustavo Vicencio -

El sentido común es el menos común de los sentidos

Refrán popular

Recientemente la presidente Sheinbaum le dijo al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, frente a cámaras y ciudadanos: «Hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal.» Y remató, sin dejar espacio a interpretaciones: «No cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo.» Semanas después, en otro evento, volvió sobre la misma idea al hablar de restaurar ecosistemas deteriorados frente a la presión de prestadores turísticos. El patrón ya no es un exabrupto aislado: es una doctrina de gobierno. La frase no nace de la nada. Es heredera directa de aquel «no me vengan con el cuento de que la ley es la ley» con que amlo normalizó, durante seis años, la idea de que la legalidad es negociable cuando estorba al proyecto político en turno. Lo que entonces se dijo desde la mañanera hoy se dice en instrucción directa a un servidor público como orden y no como metáfora. Eso es, precisamente, lo que lo vuelve más grave: no es una opinión más, es una instrucción operativa a quien tiene la obligación legal de aplicar una norma.

Nadie está en contra del sentido común como principio general de buen gobierno. El problema es quién lo define y con qué límites. El sentido común de la presidente hoy puede coincidir con lo que un grupo de prestadores turísticos exige; mañana puede coincidir con lo que le convenga a un gobernador aliado, o a una constructora cercana. Sin un marco jurídico que se aplique parejo, el «sentido común» deja de serlo y se convierte en la voluntad de quien manda, disfrazada de pragmatismo. Ese es el problema: que el Estado de derecho fue diseñado para resolver que nadie, ni siquiera con las mejores intenciones, esté por encima de la ley. Y a morena eso es lo que menos le importa.

Y aquí llegamos al punto que de verdad debería indignarnos: no ha pasado absolutamente nada. Ningún contrapeso institucional —ni la Secretaría de la Función Pública, ni el Poder Judicial ya sometido tras la reforma que puso a los jueces a competir en boletas electorales, ni el propio partido mayoritario en el Congreso— ha cuestionado públicamente la instrucción presidencial. La discusión se quedó en columnas de opinión y en la indignación pasajera de las redes sociales. Ese silencio institucional es el verdadero mensaje: en el México de hoy, violar la ley no tiene consecuencias automáticas, las tiene selectivamente, y casi siempre en función de si quien la viola pertenece o no al proyecto en el poder. Un alcalde de oposición que se salte una norma ambiental enfrenta auditorías, denuncias y escándalo mediático en cuestión de días. Un funcionario federal al que la propia presidente le ordena no cumplir la norma no enfrenta absolutamente nada. El doble rasero es evidente. El oficialismo ha optado por defender a los gobernadores Marina del Pilar Ávila y Rubén Rocha Moya, o al senador Enrique Inzunza, en lugar de exigir que las investigaciones sigan su curso. Contra líderes opositores, en cambio, la maquinaria interna de morena sí abre expedientes disciplinarios en cuestión de días. La ley se activa según convenga, no según corresponda. Ahí está el caso de Ernesto Ruffo, quien claramente es un preso político de este régimen corrupto y corruptor.

Ese doble rasero es más peligroso que la frase misma, porque confirma que la ley se aplica de forma asimétrica según el color político de quien la infringe. Y una vez que la ciudadanía interioriza esa asimetría, la legalidad deja de ser un piso común para convertirse en un instrumento de poder más, un privilegio que se otorga o se retira desde Palacio Nacional según convenga al proyecto en turno.

Obviamente no se trata de defender normas absurdas ni de fetichizar el trámite por encima de la gente. Se trata de exigir que quien gobierna resuelva lo absurdo cambiando la ley por las vías legales que existen para eso —el Congreso, las reglamentaciones, los procesos de mejora regulatoria— y no ordenando, desde el poder, que se ignore. Ese matiz es la línea exacta que separa una democracia de un régimen que gobierna por decreto verbal y castiga la desobediencia solo cuando viene de fuera de sus filas. ¿Haremos algo al respecto?