Rocha Moya regresa: ¿a gobernar Sinaloa o a protegerse en el poder? -

Rubén Rocha Moya regresó este viernes a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia. Lo hizo afirmando que continuará gobernando “con firmeza”. Pero su regreso deja muchas más preguntas que respuestas.

La primera es inevitable: ¿qué pretende realmente Rocha Moya al regresar al Palacio de Gobierno?

Porque el problema jurídico que originó su separación temporal del cargo no puede darse por desaparecido simplemente porque el gobernador haya decidido volver.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene una acusación formal contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. México recibió documentación estadounidense con fines de detención y extradición, aunque las autoridades mexicanas señalaron que no encontraron, hasta ese momento, elementos suficientes para proceder contra el gobernador.

Eso no significa que el expediente estadounidense haya dejado de existir.

Y aquí aparece una pregunta políticamente incómoda: ¿el regreso de Rocha Moya busca recuperar el gobierno de Sinaloa o recuperar el escudo político e institucional que representa la gubernatura?

La duda se vuelve todavía más grave porque Morena y la Secretaría de Gobernación se apresuraron a deslindarse de su regreso. Morena dijo que no tuvo conocimiento previo de la decisión y la calificó como personal.

Entonces, ¿quién respalda políticamente al gobernador?

¿Es realmente una decisión exclusivamente personal o estamos frente a una estrategia cuidadosamente calculada para que Rocha Moya enfrente desde el poder cualquier eventual consecuencia de las acusaciones estadounidenses?

Y hay otro elemento que no puede ignorarse: Sinaloa sigue viviendo una tragedia de inseguridad. Homicidios, desapariciones, enfrentamientos y desplazamiento de actividades económicas han convertido al estado en uno de los principales focos de violencia del país. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 640 homicidios dolosos, mientras que los registros de desapariciones muestran un crecimiento dramático durante su administración.

Por eso resulta legítimo preguntar:

¿Regresa Rocha Moya para resolver la crisis de Sinaloa o para protegerse políticamente desde la gubernatura?

Y existe una hipótesis todavía más inquietante, aunque hoy sólo puede plantearse como pregunta: ¿está preparando las condiciones para que una eventual entrega a la justicia estadounidense pueda presentarse posteriormente como la de un gobernador perseguido políticamente, una víctima de una acusación extranjera y no como la de un funcionario señalado formalmente por la justicia de otro país?

Nadie puede afirmar hoy que ese sea su propósito. Pero mientras el expediente estadounidense siga vigente, mientras Sinaloa continúe sumido en una crisis de violencia y mientras el propio partido gobernante se deslinde de su retorno, las preguntas son absolutamente legítimas.

Rocha Moya tiene derecho a defenderse y a ejercer las facultades que legalmente le correspondan.

Pero los sinaloenses también tienen derecho a saber por qué regresó, quién lo respalda y qué ocurrirá si Estados Unidos insiste en llevarlo ante sus tribunales.

Porque gobernar no puede convertirse en un mecanismo de protección personal.

Sinaloa necesita seguridad, verdad y rendición de cuentas. No un gobernador refugiado detrás del poder.