¿Sobre el Juicio Político a Samuel García persistirán los acuerdos del 24 o la postura actual de Morena?: Ranulfo Martínez
Corría el año del 2024, se estaban definiendo los candidatos de Morena para Diputados Locales en Nuevo León, sorprendentemente en la lista al inicio se encontraban cuatro candidaturas de personas allegadas a Movimiento Ciudadano, generándose una reacción de protesta de integrantes de Morena, por lo cual días posteriores tres de ellas les fueron retiradas dichas postulaciones, la única que se mantuvo no resulto electa como Diputada.
Posteriormente apenas un poco más de dos meses de que se inició la actual legislatura, en noviembre del 24, se removió de la Coordinación de Morena a la Diputada Anylú Bendición, rumoreándose que fue para beneficiar el tránsito de Samuel García como Gobernador del Estado, observándose que parecía se brindaba de facto un apoyo de la bancada morenista, pues no se lograban construir mayorías calificadas que lo afectaran.
Los dos antecedentes antes señalados los traigo al presente pues dan una evidencia de que muy seguramente hubo amarres y acuerdos poco claros y que muy seguramente aun afectan lo que hoy sucede en torno al proceso de Juicio Político que le han iniciado al Gobernador Samuel García Sepulveda.
Por alguna razón que se desconoce, en este 2026 hubo un cambio de postura del Partido Morena con el Gobernador de nuestro Estado, principalmente coincidiendo con la designación de Alejandro Murat como Delegado del CEN de Morena en el Estado de Nuevo León, así como posicionamientos críticos de la anterior dirigente María Luisa Alcalde en contra del Samuel García, que derribaron en diversas ruedas de prensa denunciando conductas irregulares del Gobernador, y en una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la solicitud de Juicio Político ante el Congreso del Estado, estas últimas en virtud de evidencias mostradas por medios de comunicación en donde queda constancia de triangulaciones de más de mil cuatrocientos millones de pesos que terminaron beneficiando al Despacho Fiscal de la familia del Gobernador.
La referida solicitud de juicio político recibió un trato de fast track, de tal manera que el 12 de junio se convocó a sesión de la Comisión Anticorrupción en la que tres integrantes de la Coalición Morenista se abstuvieron de asistir, dos de Morena y una del Verde Ecologista y por lo tanto de votar el dar inicio al proceso de juicio político, afortunadamente con los demás integrantes se logro dar el tramite respectivo y el Gobernador esta emplazado a comparecer en persona o por escrito lo que ha su derecho le convenga respecto a las acusaciones y continuar con el procedimiento.
Lo anterior derivo en sospechas y criticas principalmente respecto a los legisladores ausentes, preferentemente al ahora ex Coordinador de los Diputados de Morena Mario Soto, pero también en relación al Partido Morena, pues se observa que hay una fractura al interior y con ello el riesgo de que al final no se puedan conseguir los 28 votos necesarios para aprobar el desafuero y por tanto el posterior proceso ante el Tribunal Superior de Justicia a fin de que se determine o no la culpabilidad y, en su caso, sanción a Samuel García Sepúlveda.
En este escenario argumenta el Diputado Mario Soto y otros integrantes de Morena de que un eventual desafuero de Samuel García Sepulveda favorecería al PRI y al PAN pues ellos en el escenario de desafuero tendrían los votos suficientes para imponer por si solos a un gobernador sustituto de su preferencia. Narrativa que casualmente es la misma que están adoptando integrantes de Movimiento Ciudadano.
Afortunadamente se divisa en el panorama una intención real de llevar a buen termino el desafuero del Gobernador, pues la actitud de los Diputados de Morena ausentes ya fue sancionada aplicando medidas cautelares importantes por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en contra de ambos legisladores, que por un lado muestran una organización comprometida de ir hasta las últimas consecuencias en el proceso de desafuero en mención, enviando señales claras que inhiban conductas similares de los otros legisladores y legisladoras de Morena que no respalden la lucha frontal contra la corrupción.
