Propuestas para la lucha contra la corrupción

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del actual sexenio, está sacando de

los archivos un mecanismo iniciado durante el gobierno de Vicente Fox, que fue

aplicado con éxito durante el sexenio de Felipe Calderón en la constante lucha

contra la corrupción en el gobierno, o por los empresarios en sus relaciones y

contratos con las autoridades; el mecanismo se refiere al programa de los Testigos

Sociales, a través del cuál se pudieron prevenir o corregir actos de corrupción en la

obra pública y en general en el cumplimiento de los contratos en los que se

utilizaban recursos públicos.

Hay que estar conscientes que aún con la presencia de testigos sociales hubo casos

de corrupción, pero fueron muchos más los actos preventivos y el ahorro en el

cumplimiento de los contratos, no sólo en cuanto al buen uso de los recursos, sino

también en el cumplimiento de los tiempos de realización y en la sujeción de los

montos contratados según los avances de obra, o en la entrega de materiales y

mercaderías en tiempo y forma.

Los testigos sociales eran principalmente profesionistas independientes que se

designaban por su competencia y honestidad reconocida, su capacidad técnica y

su idoneidad en los temas a vigilar, que dedicaban su tiempo para este trabajo, y se

les pagaban sus honorarios profesionales; otro grupo eran funcionarios del

gobierno, ajenos a la dependencia que realizaba la obra o recibía el objeto del

contrato; estos eran funcionarios de nivel de Director, a los que no se les pagaba,

pues utilizaban su tiempo de trabajo en el gobierno, aunque en algún momento

pudieran recibir algún emolumento por los tiempos extras trabajados.

El mecanismo funcionó adecuadamente y tal vez faltó aplicarlo en un mayor número

de contratos y obras.

En la lucha contra la corrupción se utilizó también el sistema de Usuarios Simulados,

principalmente para vigilar la corrupción en ventanilla o en “escritorio de servicio al

público”, en donde se sabía que se pretendía cobrar por un servicio público que

debía ser gratuito. Estos “usuarios simulados” eran generalmente personas que

habiéndose quejado ante la SFP, por los cobros indebidos, aceptaban presentarse

ante el empleado público corrupto quien al solicitar y aceptar el soborno eran de

inmediato aprehendidos “en flagrancia” y posteriormente castigados con cárcel,

destitución o multa.

En artículo publicado por noroeste el 9 de abril, Daniel Elizondo de la Torre expuso

correctamente sobre la poca efectividad de las auditorías que realizan la Auditoría

Superior de la Federación y la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lascuales, cuando mucho revisan un 10% de la documentación y registro del gasto

público entre las dos y varias de esas auditorías quedan inconclusas dados los

tiempos legales en que se deben realizar, así como por las limitaciones por el

desorden en documentos y comprobantes, pues todavía una buena cantidad de

operaciones públicas no tienen digitalización y se siguen registrando en papel y para

colmo, en muchas dependencias los archivos de esos documentos no siempre se

encuentran en el orden debido, sea porque todavía no se archivan, se archivan mal

o en el peor de los casos se esconden o “se extravían”, con lo cual, la auditoría

correspondiente sólo levanta una “observación”, misma que si se refiere a mal uso

de recursos, se puede cuantificar, pero si son actos administrativos tendrían, si

acaso, algún castigo menor, también administrativo.

En el sexenio de Felipe Calderón se alcanzó a establecer un sistema de control de

obra pública “en tiempo real” para vigilar los avances de obra y así se logró la

vigilancia del puente sobre el Río Baluarte, los túneles y los avances en la carretera

Mazatlán-Durango; quedaron los elementos iniciales para aplicar, en el siguiente

sexenio, el control a distancia en tiempo real de las obras públicas con inteligencia

artificial, pero nadie se interesó por la continuidad de este programa.

La prueba de la bondad de estos sistemas es que fueron reconocidos con “Premios

de las Naciones Unidas al Servicio Público”:

1er. Lugar en Nueva Estructura y orientación de la Auditoría de la Obra Pública por

la SFP.

2do. Lugar en “Sistema Nacional de Contrataciones Públicas” por la SFP.

2do. Lugar en “Proyecto de Inclusión Financiera” del BANSEFI

2do. Lugar del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras

por Sedesol.

Reconocimientos entregados el 25 de junio de 2012 en el Pleno de la Asamblea

General, siendo México y España los países que más reconocimientos recibieron

con 4.

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