Pablo López Alavez: 15 años preso por defender el bosque -

Durante más de dos décadas, Pablo López Alavez ha enfrentado persecución, cárcel, desplazamiento y la destrucción del bosque que defendió. El indígena zapoteco de Oaxaca pasó 15 años, siete meses y 12 días privado de su libertad, acusado de un homicidio que asegura no haber cometido.

Su historia llegó a un nuevo punto el pasado 27 de marzo, cuando el director del penal de Villa de Etla, Oaxaca, lo llamó y le entregó una boleta de libertad.

—Aquí está tu boleta de libertad—, le dijo.

Pablo quedó sorprendido. Después de 15 años encarcelado, descubrió que el delito de homicidio calificado, por el que originalmente había sido condenado a 30 años de prisión, había sido modificado a homicidio simple dentro de la causa penal 102/2007.

Salió de prisión, pero con una pregunta que continúa sin respuesta:

¿Es culpable o inocente?

“Así nomás me echaron fuera, sin decirme si fui culpable o inocente”, relató Pablo a la periodista Sanjuana Martínez, en entrevista publicada por La Jornada.

Ahora exige al Poder Judicial federal una revisión de su caso, el reconocimiento de las violaciones que sufrió y la reparación del daño por los años que permaneció encarcelado.

Una detención entre encapuchados

Pablo, actualmente de 57 años, había sido policía comunitario y miembro del comité de agua potable de su comunidad. Su principal actividad era la defensa del bosque de la Sierra Norte de Oaxaca.

El 15 de agosto de 2010 viajaba en una camioneta junto con su familia cuando fue interceptado cerca del Río Virgen, en San Isidro Aloápam, municipio de San Miguel Aloápam, Ixtlán de Juárez.

De acuerdo con el testimonio recogido por Sanjuana Martínez para La Jornada, un grupo de aproximadamente 15 hombres vestidos de negro y encapuchados, algunos con armas largas, lo detuvo sin mostrarle una orden de aprehensión.

Su esposa y su nieto, entonces de cinco años, fueron sacados del vehículo. Pablo fue golpeado, subido a varias camionetas y trasladado durante horas.

En uno de los lugares donde permaneció retenido escuchó gritos de personas que exigían que lo mataran.

Finalmente fue llevado al Ministerio Público de Villa de Etla, donde fue acusado de participar en el homicidio de Matildio Méndez Santiago y de la tentativa de homicidio de otras personas.

Pablo sostiene que nunca conoció a la víctima.

Quince años sin una respuesta definitiva

Uno de los elementos centrales de su caso fue, según su defensa, la falta de garantías para un debido proceso.

Pablo es hablante de zapoteco y, de acuerdo con lo expuesto en la investigación periodística publicada por La Jornada, durante el procedimiento no contó con un intérprete de su lengua que garantizara plenamente su derecho a comprender y participar en el proceso judicial.

En diciembre de 2010 fue confirmado en segunda instancia el auto de formal prisión.

Pasaron siete años y un mes antes de que recibiera una sentencia.

En septiembre de 2017 fue condenado a 30 años de prisión por homicidio calificado y al pago de una multa de 112 mil 812 pesos.

Su defensa apeló y posteriormente promovió un juicio de amparo, señalando contradicciones entre testimonios, inconsistencias en dictámenes periciales y discrepancias en los horarios y diligencias relacionadas con el caso.

En enero de 2020, un tribunal colegiado federal concedió la protección de la justicia federal a Pablo.

Sin embargo, el proceso continuó.

La ONU calificó el caso como detención arbitraria

El caso de Pablo López Alavez llegó a organismos internacionales.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas emitió en 2017 la Opinión 23/2017, en la que consideró arbitraria su detención.

Posteriormente, en diciembre de 2020, cinco relatores e integrantes de grupos de trabajo de la ONU emitieron una acción urgente para solicitar al gobierno mexicano su liberación, señalando graves violaciones al debido proceso.

De acuerdo con el reportaje de Sanjuana Martínez publicado en La Jornada, esos llamados internacionales no produjeron entonces su liberación inmediata.

La organización Consorcio Oaxaca, encabezada por Yésica Sánchez Maya, acompañó la defensa de Pablo en el contexto de la violencia y criminalización denunciada contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.

El bosque también fue perdiendo la batalla

Mientras Pablo permanecía encarcelado, la defensa del bosque continuó desde prisión.

El activista acusa que durante esos años se permitió la tala de grandes extensiones forestales en la región y que desaparecieron manantiales y ojos de agua.

Según el testimonio recogido por Sanjuana Martínez, entre 2012 y 2014 diversas autoridades ambientales otorgaron permisos de aprovechamiento forestal al municipio de San Isidro Aloápam.

Pablo considera que la destrucción del bosque estuvo relacionada con los mismos intereses contra los que había luchado antes de ser detenido.

“Casi acabaron de destruir todo”, afirma.

Para él, la pérdida no es solamente ambiental. También significa la desaparición de fuentes de agua y de una parte esencial de la vida comunitaria.

“El árbol tiene vida, aunque no puede expresar una palabra. El río que se seca, el agua que ya no está, es la sangre de nuestra madre tierra”, expresó Pablo en la entrevista con Sanjuana Martínez para La Jornada.

Libre, pero sin poder regresar a su pueblo

La libertad tampoco significó el regreso a casa.

Pablo asegura que continúa recibiendo amenazas y que por razones de seguridad no ha regresado a su comunidad.

Durante meses permaneció resguardado ante el temor de que las amenazas en su contra se concretaran.

“Me dicen asesino, pero yo digo: ¿asesino de qué? Nunca le hice daño a nadie. Me dicen asesino por defender el bosque, pero no creo que sea un delito”, afirmó.

Ahora busca que las autoridades no solamente le permitan permanecer libre, sino que reconozcan lo ocurrido durante los años que pasó en prisión.

Solicita garantías de seguridad, una revisión de su proceso y reparación del daño.

“Estos 15 años perdimos todo”

Pablo tiene seis hijos y 10 nietos. Después de recuperar su libertad trabaja en la elaboración de artesanías y en carpintería para sostener a su familia.

Su esposa, Yolanda Pérez Cruz, también ha enfrentado las consecuencias de los años de encarcelamiento y la persecución que, según denuncia, ha acompañado el caso.

La familia, afirma Pablo, perdió buena parte de su vida mientras él permanecía tras las rejas.

“Estos 15 años perdimos todo”, resume.

Pero su lucha no terminó con la libertad.

Ahora busca recuperar su nombre, su seguridad y el derecho a regresar a la tierra que defendió durante años.

Y sobre todo, reclama una respuesta que considera pendiente después de más de una década y media:

si fue culpable del delito por el que estuvo preso o si fue encarcelado injustamente por defender el bosque.

Fuente original: investigación, entrevista y trabajo periodístico de Sanjuana Martínez, publicado en La Jornada.