Costo de la soberanía mal entendida en la relación México-EUA: Armando de la Fuente J
La potencia industrial de México enfrenta un punto de inflexión. La convergencia de presiones comerciales de Washington y la respuesta política del gobierno mexicano ha transformado una relación de socios en una de monitoreo de riesgos.
1. El detonante: Justicia y Geopolítica
La negativa de México a extraditar a Rubén Rocha Moya, bajo el argumento de soberanía, ha fracturado la confianza institucional. Estados Unidos ha dejado de tratar el comercio como un ente aislado, vinculando ahora la cooperación en seguridad y Estado de derecho con la estabilidad del T-MEC.
2. El riesgo: La «Asfixia Regulatoria»
Más que una cancelación abrupta del tratado, el escenario más probable es una erosión gradual mediante:
Inspecciones exhaustivas: Entorpecimiento logístico que encarece costos de exportación.
Incertidumbre jurídica: El escrutinio anual del T-MEC actúa como una «pared invisible» que detiene la inversión.
Desconfianza inversora:
El capital requiere horizontes de 10 a 15 años. La percepción de que México es un socio impredecible desplaza el nearshoring hacia jurisdicciones más estables.
3. El anacronismo de la política actual
La administración de Claudia Sheinbaum mantiene una interpretación anacrónica de la soberanía. Al proteger figuras cuestionadas para conservar capital político interno, el gobierno está:
Debilitando su capacidad negociadora: Entregando a EUA la «excusa moral» para aplicar presiones unilaterales.
Hipotecando el futuro: Sacrificando la creación de empleos y el crecimiento a largo plazo por evitar el costo político inmediato de la extradición.
Conclusión
La soberanía real en el siglo XXI no se mide por la capacidad de aislarse, sino por la predictibilidad y el cumplimiento institucional. Si México persiste en equiparar la defensa de individuos con la soberanía nacional, corre el riesgo de pasar de ser el socio natural de los Estados Unidos a un actor inestable, relegado por las cadenas de valor globales. La urgencia es clara: México debe transitar de una actitud reactiva y defensiva hacia una diplomacia de valor agregado basada en la integridad institucional.
