Pacto patriarcal impide el avance de la ley Sabina -

La Ley Sabina enfrenta obstáculos para su aplicación; madres denuncian omisiones judiciales, violencia económica y un registro nacional que, aseguran, no ha cumplido su propósito

| Con información de Sanjuana Martínez / La Jornada

Miles de madres en México continúan enfrentando largos procesos judiciales para exigir el pago de pensiones alimenticias, mientras deudores encuentran mecanismos para retrasar o evadir sus obligaciones mediante vacíos legales, denuncian víctimas y activistas.

Una investigación de la periodista Sanjuana Martínez, publicada en La Jornada, documenta casos en los que jueces, ministerios públicos y la falta de aplicación efectiva de la llamada Ley Sabina han dejado en estado de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes que dependen de estos recursos para su manutención.

Uno de los casos es el de María Esther Rivera Benito, quien asegura que su exesposo, Jesús Torres Sandoval, ha incumplido reiteradamente con la pensión alimenticia fijada para sus dos hijos, ambos con enfermedades crónicas y necesidades médicas especiales.

De acuerdo con el reportaje, la pensión establecida por un juzgado familiar de la Ciudad de México asciende a 500 pesos semanales por cada menor, además de un depósito en garantía de 48 mil pesos que, afirma, nunca ha podido cobrar debido a diversos obstáculos procesales.

Rivera Benito sostiene que su expareja habría transferido propiedades y negocios a familiares antes de la sentencia para evitar que pudieran ser utilizados como garantía del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, además de mantener sin actualización el monto de la pensión durante varios años.

Ley Sabina, con resultados limitados

La activista Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la Ley Sabina, afirmó en entrevista con La Jornada que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios no ha funcionado como se esperaba.

Según explicó, únicamente tres entidades federativas mantienen registros públicos, mientras que en el resto del país permanecen restringidos o sin efectos prácticos para impedir que los deudores realicen trámites como obtener pasaportes, licencias de conducir o postularse a cargos públicos.

Vázquez Ruiz consideró que la falta de aplicación uniforme de la legislación refleja una ausencia de voluntad política para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, señaló que el Poder Judicial continúa permitiendo retrasos y procedimientos que dificultan la incorporación de los deudores al registro nacional.

Procesos largos y desgaste económico

La investigación también recoge el testimonio de madres que aseguran enfrentar una carga económica adicional al tener que cubrir honorarios de abogados, tratamientos médicos y gastos cotidianos mientras continúan los litigios.

Rivera Benito relató que, además de la falta de pago, enfrentó denuncias promovidas por familiares de su expareja y diversos procesos judiciales que, afirma, complicaron aún más su situación.

Otro caso documentado

La Jornada también presenta el caso de Cecilia Palacios Hernández, quien asegura haber mantenido durante más de una década la misma pensión alimenticia sin actualizaciones.

Según su testimonio, al intentar reclamar el incremento correspondiente encontró múltiples obstáculos legales, entre ellos la desaparición temporal del convenio de divorcio dentro del expediente judicial, situación que pudo solventar gracias a copias certificadas conservadas por su representación legal.

Actualmente reside en Estados Unidos junto con su hija y sostiene que el padre mantiene adeudos por concepto de pensión alimenticia.

Sin cifras oficiales confiables

Diana Luz Vázquez advirtió que México carece de estadísticas precisas sobre el número de deudores alimentarios.

Afirmó que las encuestas oficiales no incluyen preguntas específicas que permitan dimensionar el problema, lo que dificulta la elaboración de políticas públicas enfocadas en garantizar el derecho de las infancias a recibir alimentos.

La activista sostuvo además que una proporción importante de los casos de violencia vicaria también involucra incumplimientos en el pago de pensiones alimenticias, situación que incrementa el desgaste económico y emocional de las madres.

La investigación concluye que, pese a los avances legislativos registrados en los últimos años, las organizaciones civiles consideran que aún persisten importantes deficiencias para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.