Matamoros: el Estado retrocede y el crimen impone reglas -

El incendio que destruyó decenas de vehículos de reparto de PepsiCo en Matamoros no puede analizarse como un hecho aislado ni como una simple nota policiaca. Es el reflejo de un problema mucho más profundo: el deterioro del Estado de derecho y la creciente percepción de que, en diversas regiones del país, la delincuencia organizada desafía al Estado sin encontrar una respuesta eficaz.

Las autoridades aún investigan el origen del incendio y no han confirmado que se trate de un atentado del crimen organizado. PepsiCo también ha informado que no tenía registro de amenazas previas. Sin embargo, la obligación del gobierno no termina con abrir una carpeta de investigación después de los hechos. Su principal responsabilidad es prevenir que ocurran.

En Tamaulipas existe una importante presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Estatal y las policías municipales. Miles de elementos, equipo, inteligencia y un presupuesto multimillonario deberían traducirse en seguridad para la población y para quienes generan empleo. Cuando una empresa de talla internacional sufre un ataque o un siniestro de esta magnitud, la pregunta es inevitable: ¿de qué ha servido ese despliegue?

El gobierno federal sostiene que su estrategia de seguridad está dando resultados. Sin embargo, episodios como el de Matamoros alimentan la percepción de que la capacidad operativa de los grupos criminales sigue intacta. No basta con presentar estadísticas favorables si empresarios, comerciantes y ciudadanos continúan viviendo bajo el temor de la violencia.

Uno de los temas que exige una investigación seria es la extorsión. Aunque en este caso no existe confirmación oficial de que el incendio esté relacionado con el cobro de derecho de piso, esa práctica ha sido denunciada durante años por miles de empresarios y comerciantes en distintas regiones del país. Si la delincuencia logra imponer cuotas para permitir que una empresa opere, no sólo obtiene recursos económicos: sustituye al Estado como autoridad de facto.

Esa es la mayor derrota para cualquier gobierno.

Cada negocio que cierra por miedo, cada inversión que se cancela por falta de seguridad y cada empresa que debe modificar sus operaciones representan empleos perdidos, menor crecimiento económico y una sociedad cada vez más vulnerable.

La pregunta ya no es únicamente quién provocó el incendio. La pregunta es por qué el Estado no ha logrado impedir que hechos de esta naturaleza sigan ocurriendo.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir resultados, no discursos. Tienen derecho a conocer si existen responsables detenidos, si habrá sanciones ejemplares y si las corporaciones de seguridad revisarán una estrategia que, para muchos mexicanos, continúa sin ofrecer la tranquilidad prometida.

La seguridad pública no puede medirse únicamente por conferencias de prensa o por cifras oficiales. Se mide por la posibilidad de que una empresa abra sus puertas cada mañana sin temor a ser víctima de la delincuencia; por la confianza de un inversionista para generar empleos; y por la libertad de los ciudadanos para vivir y trabajar sin miedo.

El caso de Matamoros constituye una nueva prueba para las instituciones. Si la investigación concluye sin responsables y sin respuestas convincentes, el mensaje será devastador: que la impunidad sigue siendo uno de los principales aliados de la delincuencia y uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano.