La jueza Alejandra Ramírez (caso Ruffo) debe ser imparcial -

La decisión de la jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel trasciende el ámbito jurídico. Se convirtió en uno de los casos con mayor carga política del nuevo Poder Judicial y reavivó una pregunta que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no ha logrado disipar: ¿la justicia se aplica con el mismo rigor para todos o se utiliza para enviar mensajes a la oposición?

Ernesto Ruffo no es un político cualquiera. Fue el primer gobernador de oposición que derrotó al PRI en las urnas y uno de los protagonistas de la transición democrática. Hoy enfrenta acusaciones por presuntos delitos relacionados con huachicol fiscal, contrabando y delincuencia organizada, mientras la Fiscalía General de la República sostiene que existen elementos para llevarlo a juicio.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para dictar la vinculación a proceso. Jurídicamente, la resolución se ajusta al estándar previsto por la ley: no declara culpable al imputado, únicamente permite que continúe la investigación. Sin embargo, en un país donde la justicia ha estado históricamente bajo sospecha de influencias políticas, el contexto pesa tanto como el expediente.

La propia jueza llegó al cargo mediante el nuevo modelo de elección judicial impulsado por el oficialismo. Aunque su nombramiento es legal y no existe resolución alguna que cuestione su desempeño profesional, la percepción pública inevitablemente se ve influida por el debate sobre la independencia de un Poder Judicial renovado bajo reglas promovidas por el Ejecutivo.

El contraste resulta inevitable. Mientras personajes de la oposición enfrentan investigaciones de alto impacto mediático, numerosos casos vinculados con funcionarios o exfuncionarios cercanos al partido gobernante permanecen sin resultados judiciales definitivos. Esa diferencia alimenta la narrativa de una justicia selectiva, aun cuando cada expediente tenga características distintas.

La responsabilidad ahora recae en la Fiscalía. Si las acusaciones son sólidas, deberá acreditarlas con pruebas contundentes ante un tribunal. Si no logra hacerlo, el caso corre el riesgo de convertirse en otro expediente utilizado más por su impacto político que por su fortaleza jurídica.

La jueza también enfrenta una prueba determinante. Su papel no debe ser confirmar las hipótesis de la Fiscalía, sino garantizar un proceso imparcial, respetar la presunción de inocencia y resolver únicamente con base en las pruebas. La legitimidad del nuevo Poder Judicial dependerá menos de los discursos de combate a la corrupción y más de la confianza que inspire en sus decisiones.

El caso Ruffo puede marcar un precedente histórico. Si el proceso concluye con pruebas irrefutables y pleno respeto al debido proceso, fortalecerá la credibilidad institucional. Pero si termina desmoronándose por falta de evidencias o por violaciones procesales, confirmará el temor de quienes consideran que la justicia mexicana sigue siendo un instrumento de disputa política.

Hoy no está en juicio únicamente Ernesto Ruffo. También lo están la autonomía del nuevo Poder Judicial, la imparcialidad de la Fiscalía y la promesa de que en México la ley dejaría de tener colores partidistas. El tiempo y las sentencias, no los discursos, serán quienes dicten el verdadero veredicto.