Del narcogobierno a la gobernanza criminal -

Sí, parece exagerado, pero a eso hemos llegado y, si bien es cierto que el problema está más acentuado en diversas regiones del país, no hay territorio en el que el crimen organizado no esté presente como actor relevante.

Lo que está dominando la deliberación sobre el proceso electoral en curso es lo que tiene que ver con la organización de las elecciones y la competencia al interior de los partidos políticos por la definición de candidaturas. Pero no se atiende a la razón misma de los comicios.

Sin duda, es importante advertir sobre los riesgos involucrados cuando hay sospechas sobre la calidad de la organización o sobre el sesgo de las autoridades involucradas; de la misma manera, es importante conocer quiénes son las personas postuladas por los diversos institutos políticos, sus orígenes y trayectorias, pero lo más relevante es lo que está en juego.

La pregunta que debería estar en el centro es: ¿Qué consecuencias tendrá la elección —qué responsabilidad implica para la persona electa— para la convivencia social, el desarrollo económico, para la configuración y ejecución de las instituciones del Estado y para la política misma?

Esa es finalmente la razón de ser de una elección; lo otro son los actos procedimentales, la vida interna de los partidos que en estos momentos parece reducirse al refrendo de lealtades, negociación de tramos de poder y competencias de popularidad.

Lo que se definirá en las elecciones del próximo año es la constitución e identidad misma del Estado mexicano, la que se encuentra alterada por la presencia del crimen organizado (CO) en las más diversas esferas de la vida social, económica y política de nuestro país.

Si bien los grupos delincuenciales están en mayor o menor medida presentes en cualquier sociedad, el problema es cuando pasan de la marginalidad al centro y forman parte de la cotidianidad y de las decisiones públicas, sustituyendo al Estado o siendo parte de él en tareas de impartición de justicia, arbitraje, seguridad, cobro de impuestos, administrando recursos públicos, imponiendo reglas a la convivencia social y encabezando inversiones.

Sí, parece exagerado, pero a eso hemos llegado y, si bien es cierto que el problema está más acentuado en diversas regiones del país, no hay territorio en el que el CO no esté presente como actor relevante.

Esto es lo que ha venido pasando en México y se ha acentuado a partir del gobierno de López Obrador. Hay que decirlo con claridad y puntualidad: AMLO impulsó una política permisiva frente al CO, al amparo de su frase de “abrazos, no balazos”, y relajó la necesaria disciplina de la función pública en aras de la continuidad de su proyecto, lo que trajo consigo el incremento de los índices de corrupción —para muestra el huachicol fiscal— y la coalición entre no pocos de sus colaboradores y cercanos y los líderes de las organizaciones criminales.

La irresponsabilidad es mayúscula, a grado tal que no dejó institución federal ajena a este deterioro; las mismas Fuerzas Armadas, a las que tanto les había costado recuperar parte de su credibilidad, hoy están obligadas a volver a empezar, lo que tendría que pasar por el proceso de regresar a las tareas para las que están preparadas.

Ante la permisividad y la omisión, el CO acrecentó su penetración en la vida política, financiando campañas, imponiendo candidaturas y ocupando posiciones de decisión en la función pública. Está presente en las más diversas esferas de la institucionalidad mexicana.

Guillermo Valdés describe la situación del país en reciente artículo en la revista Letras Libres: “Narcogobierno es una categoría que no alcanza a definir lo que está sucediendo en el país. En algunas zonas de México se vive una auténtica ‘gobernanza criminal’, en donde las instituciones y el orden social operan bajo las reglas del crimen organizado”.

Ahora bien, no solamente hemos llegado a este deterioro por la permisividad del gobierno, sino también por la coalición de los grupos criminales con grupos económicos, con sectores de la población que, por fatalidad ante la ausencia del Estado, supervivencia o por conveniencia, están sometidos a un nuevo orden que no obedece al constitucional.

Para terminar de confirmar lo anterior, y si bien por otras razones, Donald Trump introduce un nuevo énfasis al hablar de que no basta lo que ha hecho el gobierno de México en la materia. El siguiente paso tiene que ser la exhibición y detención de funcionarios públicos que han permitido que el crimen organizado expanda su poder en el país.

Si bien la solución de nuestro problema no está en el interés del presidente norteamericano, su pronunciamiento exhibe lo que todos vemos aunque volteemos a otro lado.

Lo que estará en juego en las próximas elecciones son las reglas que prevalecerán para la convivencia social, la paz pública e incluso para la inversión y su retorno. El daño es mayúsculo; corregirlo va a tomar tiempo, ya que penetró en la confianza, en el proceder ciudadano, en la certeza social.

Enfrentamos un proceso de desinstitucionalización. La solución no está sólo en el combate al crimen organizado, el que debe continuar, sino en la reconstrucción del Estado y la institucionalidad democrática, y eso supone un acuerdo nacional de gobiernos, partidos políticos y sociedad.

El deterioro avanza aceleradamente y, entre más se postergue su atención, mayor será el tiempo y la complejidad que implique la recomposición. Eso es realmente lo que estará en juego el próximo 6 de junio.