AMLO y Sheinbaum sabían desde 2018 que la Copa FIFA sería en México, y qué hicieron? -

A ocho años de que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador y a casi dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, diversos conflictos sociales, laborales y económicos han llegado a niveles de presión que han obligado a las autoridades a enfrentar movilizaciones, bloqueos y reclamos de distintos sectores, evidenciando la ausencia de soluciones estructurales.

Entre los grupos que mantienen demandas pendientes destacan la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de madres buscadoras, transportistas, agricultores, pensionados del ISSSTE, así como trabajadores y especialistas preocupados por la situación financiera de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Analistas consultados señalan que, aunque muchos de estos problemas son de larga data y fueron heredados por las actuales administraciones, existió tiempo suficiente para impulsar reformas y acuerdos que evitaran la escalada de inconformidades.

Uno de los factores que explican la persistencia de los conflictos es la limitada disponibilidad presupuestal. Varias de las demandas implican recursos millonarios, como aumentos salariales, modificaciones al sistema de pensiones, subsidios al campo y apoyo financiero a empresas productivas del Estado.

A ello se suma una estrategia gubernamental basada en la negociación y contención de las protestas, mediante mesas de diálogo y acuerdos parciales, sin que hasta ahora se hayan concretado soluciones definitivas en temas como desapariciones, pensiones, educación o rescate financiero de Pemex.

Especialistas sostienen que la atención del gobierno federal se concentró en proyectos estratégicos y programas sociales, mientras que otros asuntos fueron atendidos de manera gradual, provocando que las demandas se acumularan y derivaran en mayores niveles de presión.

Por otra parte, dirigentes y representantes de los diversos sectores consideran que las movilizaciones son un mecanismo legítimo para lograr respuestas de las autoridades, por lo que las protestas y bloqueos se han convertido en herramientas de negociación para acelerar la atención de sus demandas.

La falta de consensos entre gobierno y organizaciones sociales también ha dificultado la construcción de acuerdos permanentes. En algunos casos, las exigencias requieren reformas legales y presupuestales complejas, lo que ha prolongado la solución de los conflictos.

Mientras críticos de la llamada Cuarta Transformación sostienen que las administraciones de López Obrador y Sheinbaum desaprovecharon la oportunidad de anticipar y resolver varios de estos problemas, simpatizantes del movimiento argumentan que se trata de rezagos históricos que no pueden solucionarse en un solo sexenio y que las restricciones financieras obligan a establecer prioridades.

Lo cierto es que la creciente presión de diversos sectores ha colocado nuevamente en la agenda nacional la discusión sobre la capacidad del Estado para atender demandas acumuladas y evitar que las inconformidades deriven en crisis de mayor dimensión.