Transparencia; cuando la información pública deja de ser oportuna: Ranulfo Martinez -

La transparencia no puede reducirse a un discurso político ni a presumir que Nuevo León es un estado abierto y moderno. La verdadera transparencia se demuestra cuando la información pública está disponible, completa, actualizada y, sobre todo, dentro de los plazos que establece la ley.

Los hechos expuestos en el documento analizado resultan preocupantes. La información correspondiente al cuarto trimestre, cuyo plazo vencía el 30 de enero, fue publicada hasta el 24 de febrero. La del primer trimestre, que debía estar disponible el 30 de abril, apareció una semana después. Y la correspondiente al segundo trimestre, cuyo plazo máximo venció el 30 de julio, todavía no se encontraba publicada al momento de la denuncia.

No estamos hablando de un retraso aislado, sino de una conducta que, de acuerdo con lo señalado, se ha repetido sistemáticamente.

Más preocupante aún es que ya existen denuncias presentadas ante el Instituto Estatal de Transparencia, que habría constatado los incumplimientos, pero sin que se hayan impuesto las sanciones correspondientes. ¿De qué sirve una obligación legal si incumplirla no genera consecuencias?

Aquí aparece otra interrogante: ¿dónde está la Contraloría Estatal? Su responsabilidad no debería limitarse a recibir información, sino a supervisar que las dependencias cumplan oportunamente con sus obligaciones. La ausencia de controles efectivos termina convirtiendo la transparencia en una obligación meramente declarativa.

El problema se agrava cuando tampoco resulta posible descargar oportunamente la información desde los portales oficiales o desde la Plataforma Nacional de Transparencia. Y a ello se suma el cuestionamiento sobre la falta de claridad en conceptos como los llamados “Otros Aprovechamientos”.

La transparencia es una herramienta indispensable para que los ciudadanos puedan vigilar el uso de los recursos públicos. Ocultar, retrasar o dificultar el acceso a esa información debilita la rendición de cuentas y alimenta la sospecha.

Por ello, la exigencia es sencilla: publicar de inmediato lo pendiente, corregir los sistemas, identificar a los responsables, aplicar las sanciones previstas por la ley y establecer controles que impidan que el incumplimiento vuelva a repetirse.

Porque un gobierno verdaderamente transparente no presume que informa: demuestra que informa a tiempo.