El berrinche de la visa: Vito Saint Germain -

En una sobremesa de directivos de distintas empresas uno de los asistentes narró, con la sabrosura del chisme cuando recae sobre alguien que no nos simpatiza, la desgracia reciente del dueño de la empresa donde laboraba.

Al personaje lo ubican todos en su ramo: soberbio, tacaño, necio y corto de mente, de esos que pelean centavos y pierden pesos. El consulado americano en Monterrey le canceló la visa. ¿El motivo? Mintió sobre las nanas de sus querubines.

Para tramitarles el visado declaró que ganaban bastante más de la miseria que en realidad les paga. Acostumbrado a no pedirles opinión, jamás se le ocurrió que en el consulado las entrevistarían por separado. Las entrevistaron. Ellas dijeron la verdad. La disparidad entre las dos cifras fue tan obvia que la aritmética hizo el resto: se les negó el permiso a ellas y se le invalidó el suyo a él. La mesquidad del fulano cobró factura.

Lo que vino después, según el narrador, fue el drama doméstico: gritos, reproches, el coraje sonoro de la esposa. Se acabaron las esquiadas en Aspen y el shopping en San Antonio.

No hubo carta a Donald Trump. Ningún senador morenista emitió desplegado alguno en defensa del tacaño. Ningún gobernador denunció una intentona injerencista. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum no tomó la bandera de la soberanía para advertir que el incidente buscaba socavar a la nación, ni llamó patrióticamente al pueblo a cerrar filas.

Todos, con buen instinto, entendieron lo obvio: a un particular le cancelaron un permiso de entrada a un país extranjero porque falseó datos en una solicitud. Fin del asunto. No hay agravio nacional en eso. Hay, cuando mucho, una lección sobre el precio de subestimar a quien uno considera invisible.

Ahora bien: si eso es cierto para el tacaño, ¿por qué deja de serlo cuando el afectado se apellida López Beltrán?

El 13 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán informó desde Teapa, Tabasco, que el Departamento de Estado le retiró la visa, y lo hizo mediante una carta pública dirigida a Donald Trump en la que atribuye la orden a Marco Rubio y a Christopher Landau. La Embajada estadounidense se limitó a recordar que los expedientes de visado son confidenciales. La presidenta, por su parte, dijo que la decisión tiene un sentido esencialmente político, pidió que se presenten pruebas, cuestionó que una visa funcione como certificado de buen comportamiento y descartó que el asunto derive en conflicto con Washington.

Una visa no es un derecho, es un permiso. La legislación migratoria estadounidense faculta al Departamento de Estado a revocar un visado de manera discrecional, en cualquier momento, sin obligación de motivar públicamente la decisión. No es una sanción penal, no supone imputación, no acredita delito ni lo desmiente. Es una potestad administrativa, y una de las más antiguas: decidir a quién se admite en el propio territorio.

Es exactamente la misma facultad que México ejerce cuando niega la internación a un extranjero. Nadie en Palacio Nacional aceptaría que un gobierno ajeno reclamara injerencia porque nuestras autoridades migratorias rechazaron a alguien en el aeropuerto Benito Juárez.

De ahí se sigue una conclusión que la retórica oficialista no contempla: quien invoca la soberanía mexicana ante una visa cancelada está pidiendo, sin advertirlo, que otro país renuncie a la suya. Es un contrasentido perfecto. La única soberanía en juego cuando Washington decide quién cruza su frontera es la de Washington. Podrá parecernos arbitraria, ventajosa o hipócrita —lo es con frecuencia—, pero no toca un solo milímetro de la nuestra.

Entonces, como bien preguntó Joaquín López Dóriga al aire en su noticiero de Fórmula ¿por qué tanto drama por “una pinche visa”?

Porque la operación no es defensiva. Es anticipatoria. Lo que se está construyendo hoy no es una respuesta al retiro de un documento consular. Es el andamiaje narrativo para lo que podría venir después. Si en algún momento una agencia de justicia norteamericana formulara señalamientos de mayor calado —y el expediente del llamado huachicol fiscal, que el propio López Beltrán ha negado, ronda desde hace meses—, el terreno ya estará preparado. La discusión no versará sobre hechos, presuntos delitos, cuentas ni testigos: versará sobre injerencismo.

La secuencia es reconocible porque ya se ensayó con otros. Primero se exige la presentación de pruebas, a sabiendas de que los expedientes de visado son legalmente confidenciales; es decir, se formula una demanda diseñada para no poder ser satisfecha. Segundo, se convierte esa ausencia deliberada de pruebas públicas en evidencia de persecución. Tercero, se asciende al señalado de sospechoso a víctima, y de víctima a símbolo. Al final del proceso, “ Andy” no será un ciudadano con un problema jurídico: será una inocente palomita blanca que la derecha estadounidense y sus halcones tomaron de pretexto para impedir que Morena siga favoreciendo al pueblo.

Es, en rigor, una vacuna contra la evidencia. Se administra antes del contagio.

Y no se aplica en el vacío. Ahí está la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que en mayo reconoció la cancelación de su visa y la de su entonces esposo; el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; el diputado Mario López Hernández. Ahí está el proceso judicial en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios. La lista es lo bastante larga como para que la coincidencia empiece a resultar estadísticamente incómoda, y lo bastante partidista como para que la sospecha de sesgo político también sea legítima. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Incluso, que la motivación sea política no vuelve falsos los hechos. Y los hechos existen.

El costo de esta estrategia no lo paga Morena. Lo paga el país.

La soberanía es un capital político finito. Cada vez que se gasta en blindar a un dirigente, queda menos para el día en que haga falta de verdad: aranceles unilaterales, el agua del Bravo, operaciones militares en territorio nacional, el trato a los connacionales deportados. Cuando llegue ese día la palabra habrá quedado desgastada de tanto usarse como escudo doméstico. Nadie se moviliza dos veces por el mismo grito.

Hay un segundo costo, más silencioso. Si la única defensa disponible es la nacionalidad del acusador, se concede tácitamente que en México nadie va a investigar. Se instala la impunidad como premisa del argumento. Curioso destino para un movimiento que llegó al poder prometiendo exactamente lo contrario. La soberanía se defiende con instituciones que funcionen, no con comunicados: un país cuyas fiscalías investigan a los suyos no necesita indignarse cuando lo hacen los ajenos.

Mientras tanto, las nanas, no tuvieron mañanera. No pudieron alegar injerencismo, ni exigir pruebas, ni escribirle a nadie una carta de tres cuartillas. No contaban con vocero, con partido, ni con doctrina. Solo dijeron cuánto ganaban. Y esa cifra —dicha sin cálculo, sin estrategia, sin la menor conciencia de su efecto— tumbó un visado que ni el apellido ni los abogados pudieron sostener.

Ahí está la lección que incomoda: la verdad más peligrosa para el poderoso nunca es la que grita el adversario. Es la que dice, sin proponérselo, el subordinado al que jamás consideró un interlocutor.

El tacaño de la sobremesa perdió su visa por mentir sobre el salario de dos mujeres. Pagó su mentira al contado, en la moneda del ridículo, y sus vacaciones en Aspen se volvieron anécdota de café.

La diferencia entre él y quienes sí tienen quien les escriba las cartas no es moral. Porque en el fondo los dos casos cuentan la misma historia elemental: alguien declaró una cosa y la realidad declaró otra.

Todo lo demás —la soberanía, el hitlerianismo, los halcones de la Casa Blanca— es para seguir riéndose en sobremesa.