noviembre 9, 2026

Madre acusa a jueza de impedir contacto con su hijo

Una década de litigios y una separación que fracturó a una familia

Desde hace más de diez años, la investigadora y académica de origen rumano Catalina Panait sostiene una disputa judicial por la custodia y convivencia de sus hijos en Nuevo León. Sin embargo, el conflicto alcanzó un punto crítico el pasado 31 de agosto, cuando su hijo menor, Artemio, de 11 años, fue entregado a la custodia de su padre y trasladado a la Ciudad de México, una decisión que, según la madre y sus hijos mayores, ocurrió sin que el menor pudiera despedirse de su familia materna, así lo reporta una investigación de la periodista Sanjuna Martínez en el periódico La Jornada.

Para Catalina y su hija mayor, Ana Roberta Santos Panait, el caso representa un ejemplo de lo que denominan violencia institucional y violencia vicaria, al considerar que diversas resoluciones judiciales han contribuido a romper el vínculo entre el menor y el resto de su familia.

La joven de 19 años recuerda aquella fecha como uno de los momentos más dolorosos de su vida. Desde entonces, asegura, la familia vive una situación de incertidumbre, angustia y aislamiento respecto al niño.

Restricciones de convivencia y comunicación

De acuerdo con los testimonios recogidos por La Jornada, la jueza Norma Angélica Cuenca Pacheco, titular del Juzgado Tercero Familiar del Primer Distrito Judicial de Monterrey, autorizó inicialmente convivencias virtuales limitadas entre el menor y su familia materna.

Según Ana Roberta y Catalina, estas comunicaciones estaban sujetas a estrictas restricciones. Afirman que no podían realizar preguntas sobre la nueva vida del niño en la Ciudad de México, su escuela, entorno familiar o estado emocional. Tampoco podían expresar abiertamente cuánto lo extrañaban, pues cualquier manifestación emocional podía ser interpretada como una afectación para el menor.

Posteriormente, el 9 de octubre, la convivencia de Catalina con su hijo habría sido suspendida bajo el argumento de que las interacciones provocaban sentimientos de culpa, tristeza e inseguridad en el niño, situación que, según la resolución judicial citada por la madre, afectaría su desarrollo emocional.

Acusaciones de trato desigual

Catalina sostiene que durante el proceso judicial ella y sus hijos mayores fueron sometidos a diversas evaluaciones psicológicas cuyos resultados, afirma, fueron favorables. Sin embargo, cuestiona que el padre del menor no haya enfrentado procedimientos similares pese a las denuncias previas por violencia familiar mencionadas en el expediente.

La académica considera que existe un trato diferenciado dentro del proceso y afirma que las medidas impuestas a ella para recuperar la convivencia con su hijo contrastan con las exigencias establecidas para el padre.

«La jueza se apropió de la vida de mi hijo», afirma Catalina, quien sostiene que nunca se tomó en consideración la voluntad del niño sobre el cambio de residencia y custodia.

Señalamientos de corrupción e influyentismo

Otro de los aspectos denunciados por la madre es la presunta existencia de influencias políticas dentro del proceso. Catalina señala que su exesposo es hijo de Artemio Santos Santos, funcionario del gobierno de Quintana Roo, y considera que ese entorno pudo haber contribuido a decisiones favorables para la parte paterna.

No obstante, dichas afirmaciones forman parte de los señalamientos realizados por la propia madre y no constituyen determinaciones judiciales acreditadas en la información disponible.

El impacto emocional en los hermanos

El caso también ha afectado profundamente a los hermanos mayores del menor. Ana Roberta relata que pasó su cumpleaños sin poder hablar con Artemio y que incluso fue objeto de medidas cautelares que le impiden establecer contacto telefónico con él.

La joven describe la experiencia como una pérdida abrupta e inesperada que ha alterado la dinámica familiar construida durante más de una década. Según su testimonio, la separación no sólo afecta a la madre, sino también a los hermanos, quienes quedaron excluidos de la convivencia cotidiana con el menor.

La preocupación por la salud del menor

Entre los argumentos expuestos por Catalina destaca la condición médica de Artemio, quien padece epilepsia. La madre manifiesta preocupación porque el médico especialista que ha atendido al niño se encuentra en Monterrey y teme que el traslado a la Ciudad de México afecte la continuidad de su tratamiento.

Asimismo, sostiene que el padre ha tenido una participación limitada en el cuidado cotidiano del menor y cuestiona que la resolución judicial modificara las condiciones bajo las cuales el niño había vivido durante gran parte de su vida.

Un debate sobre la justicia familiar

El caso de Catalina Panait ha reavivado cuestionamientos sobre el funcionamiento de los tribunales familiares, el alcance de las medidas cautelares en conflictos de custodia y el papel de las instituciones en situaciones donde se denuncian violencia vicaria y afectaciones al interés superior de la niñez.

Mientras la batalla legal continúa, una madre, una hermana y un hermano permanecen separados de un niño cuya historia se ha convertido en símbolo de un debate más amplio sobre la protección de los vínculos familiares y las decisiones judiciales en materia de custodia.

Reportaje elaborado con información de la periodista Sanjuana Martínez, publicado en el periódico La Jornada el 8 de noviembre de 2026.

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