Nuevo León: millones bajo la sombra de la opacidad: Ranulfo Martinez
En las finanzas públicas de Nuevo León hay cifras que llaman poderosamente la atención. De acuerdo con el planteamiento del exfuncionario Ranulfo Martínez Valdez, durante el actual sexenio se habrían recaudado 52 mil 632 millones de pesos bajo el concepto de “Otros Aprovechamientos”. De ese monto, 23 mil 399 millones corresponderían al Instituto de Control Vehicular, dejando 29 mil 233 millones sin una explicación suficientemente detallada sobre su origen.
La preocupación aumenta cuando se observa otro concepto: “Diversos de Aprovechamientos”, que habría generado otros 29 mil 742 millones de pesos. Es decir, existen decenas de miles de millones de pesos cuya procedencia y destino requieren mayor claridad.
También aparece la Red Estatal de Autopistas, que habría transferido alrededor de 9 mil 152 millones de pesos al Gobierno estatal. Si esos recursos forman parte de los montos cuestionados, todavía quedaría una cantidad cercana a 20 mil millones cuya procedencia debería ser explicada puntualmente.
Aquí es donde una acusación de esta naturaleza no puede quedarse en el terreno político. Hablar de un posible “saqueo” de organismos públicos es extremadamente serio. No significa que el saqueo esté probado; significa que existen interrogantes financieras que deben ser despejadas mediante una revisión independiente y documentada.
Más preocupante resulta el señalamiento de que, desde febrero, se han presentado solicitudes de información ante la Tesorería estatal y que, pese a determinaciones del INFONL, se habría respondido con declaratorias de inexistencia.
Si los recursos están registrados en la contabilidad gubernamental, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede declararse inexistente la información que debería sustentar el origen de miles de millones de pesos?
El Congreso de Nuevo León tiene aquí una responsabilidad que va más allá de aprobar presupuestos. Debe ejercer su función de contrapeso.
Antes de discutir y eventualmente aprobar el Presupuesto de Egresos 2027, la ciudadanía merece saber de dónde provienen esos recursos, cómo fueron registrados, quién los administró y en qué se gastaron.
La transparencia no puede depender de litigios. Cuando se habla de decenas de miles de millones de pesos públicos, explicar no es una concesión del gobierno: es una obligación.
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