La reputación de los aspirantes al gobierno de NL; en observación: Danilo Dominguez -

La elección de gobernador de Nuevo León en 2027 no debería reducirse a una disputa entre partidos, colores o simpatías personales. Hay una pregunta mucho más incómoda, pero indispensable: ¿quién tiene realmente las condiciones para combatir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana?

Un estudio cualitativo sobre diez posibles aspirantes ofrece una primera aproximación. Su objetivo no fue declarar corrupto a nadie, sino medir el riesgo reputacional anticorrupción a partir de controversias, denuncias, investigaciones, fiscalizaciones y antecedentes públicos. El propio estudio advierte que una denuncia no demuestra culpabilidad y que una acusación política tampoco constituye una sentencia.

El resultado debería provocar reflexión.

Clara Luz Flores y Adrián de la Garza aparecen con el mayor riesgo reputacional de la muestra; Andrés Mijes se ubica en un nivel medio-alto. En los tres casos existe un elemento común: una prolongada experiencia al frente de gobiernos municipales.

¿Significa esto que gobernar más tiempo convierte automáticamente a un político en corrupto? No. La investigación es clara: mayor permanencia en el poder significa mayor exposición a contratos, obra pública, adquisiciones, permisos, proveedores, nóminas y concesiones, y por tanto mayores posibilidades de acumular controversias y pasivos reputacionales.

Aquí aparece una de las grandes preguntas para 2027: ¿debe Nuevo León elegir a quien ya ha demostrado que sabe administrar el poder, o a quien tenga mejores condiciones para transformar las instituciones que lo vigilan?

El caso de Waldo Fernández resulta particularmente interesante. El estudio no solamente identifica un bajo riesgo reputacional, sino antecedentes de fiscalización y denuncias contra posibles irregularidades. Esa diferencia es fundamental: no tener antecedentes negativos no es lo mismo que tener antecedentes positivos de combate a la corrupción.

También obliga a mirar con cuidado los perfiles con poca experiencia ejecutiva. Un expediente limpio puede ser una fortaleza, pero también puede significar simplemente que el personaje todavía no ha tenido suficiente tiempo ni responsabilidades para enfrentar las tentaciones, presiones y conflictos inherentes al ejercicio del poder.

El estudio coloca además a Next Energy como un potencial pasivo electoral para Adrián de la Garza, no porque establezca responsabilidad jurídica, sino porque el contrato y sus consecuencias han adquirido una elevada exposición pública. Su impacto en 2027 dependerá de cuánto conozca el ciudadano el caso, a quién atribuya responsabilidades y si existe una alternativa electoral creíble.

Pero quizá la conclusión más importante no está en el ranking.

Nuevo León no necesita solamente un gobernador que prometa no robar. Necesita un gobernador capaz de construir instituciones que impidan robar, investigar sin distingos partidistas y resistir las presiones de grupos políticos y empresariales.

Por eso, la pregunta para 2027 debería cambiar. No se trata simplemente de preguntar “¿quién tiene menos escándalos?”, sino “¿quién combina menor riesgo reputacional, experiencia de fiscalización, independencia de intereses y capacidad institucional para combatir la corrupción?”

Ese debería ser el verdadero examen para quienes aspiran a gobernar Nuevo León.

Porque después de tantos gobiernos y tantas promesas, los ciudadanos ya no necesitan discursos anticorrupción.

Necesitan pruebas.