Ayotzinapa: Tres enfoques, Peña Nieto, AMLO y Sheinbaum -

La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Rural «Raúl Isidro Burgos», desaparecieron.

Los normalistas al parecer fueron atacados por policías municipales mientras se dirigían a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre. La investigación ha involucrado a autoridades municipales, estatales y federales, así como al grupo criminal Guerreros Unidos.

A lo largo de tres sexenios, el caso ha pasado de la llamada «verdad histórica» presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a la tesis de un «crimen de Estado» impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Actualmente bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han surgido nuevas líneas de investigación encabezadas por la Fiscalía General de la República, dando como resultado la imputación y prisión preventiva del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por presuntos delitos relacionados con el ocultamiento de evidencia.

Actualmente Jesús Murillo Karam, quien como procurador presentó la verdad histórica en la época del Presidente Enrique Peña Nieto, está en prisión domiciliaria con un brazalete. Como se recordará su versión fue que policías municipales entregaron a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula y posteriormente sus restos fueron arrojados al río San Juan.

Sin embargo, con el paso de los años esa narrativa ya no pudo sostenerse, dado que un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que no existían evidencias científicas suficientes para sostener una incineración masiva en el basurero de Cocula.

Además, diversos jueces determinaron que varias confesiones utilizadas por la PGR fueron obtenidas mediante tortura, lo que debilitó pruebas importantes del expediente.

Otro dato interesante es que también está preso desde 2016 José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y no por el asunto de los normalistas, aunque en su momento se dijo que le molestó que los estudiantes llegaran aquella noche fatídica a un evento del DIF, y habría sido él quien ordenó un levantón.

Posteriormente, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ordenó reabrir el caso, y se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), encabezada por Alejandro Encinas, y la Fiscalía General de la República estableció una unidad especial para continuar con las investigaciones.

En 2022 la Comisión concluyó que la desaparición de los estudiantes constituyó un «crimen de Estado», al considerar que participaron u omitieron actuar autoridades de los tres órdenes de gobierno en coordinación con integrantes del grupo Guerreros Unidos.

El nuevo enfoque también sostuvo que la llamada «verdad histórica» fue construida mediante manipulación de pruebas, ocultamiento de información y confesiones obtenidas bajo tortura.

Durante este periodo se libraron órdenes de aprehensión contra militares, policías, funcionarios y exservidores públicos, incluido el exprocurador Jesús Murillo Karam, acusados de delitos relacionados con obstacuilizar la procuración de justicia.

Actualmente, la administración de Claudia Sheinbaum decidió dar continuidad a la investigación, y la Fiscalía General de la República puso en marcha un «Nuevo Modelo de Investigación», en coordinación con la Comisión para la Verdad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal y el Instituto Nacional de Medicina Genómica.

Este nuevo enfoque ha consistido en revisar nuevamente miles de documentos, pruebas, videos, comunicaciones y actuaciones ministeriales para identificar posibles responsabilidades que no habían sido judicializadas.

Como resultado de ese reanálisis, la FGR obtuvo una orden de aprehensión y la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero.

La Fiscalía sostiene que existen datos de prueba para presumir que desde el gobierno estatal se ordenó el ocultamiento deliberado de evidencia, particularmente grabaciones que podrían haber contribuido al esclarecimiento del caso.

Un exalcalde, un exgoberndor, un exprocurador y algunos militares han sido detenidos por este caso Ayotzinapa ¡Qué miedo!