Si eres de Morena,»Inocente». Si eres opositor,»Culpable»
En México parece haberse descubierto la fórmula más eficaz para conservar la presunción de inocencia… o al menos para evitar que la justicia toque a la puerta con la misma rapidez. El secreto no estaría en respetar la ley, rendir cuentas o transparentar el ejercicio del poder. No. El verdadero blindaje, según la percepción de muchos críticos del actual gobierno, sería portar una credencial de Morena.
Mientras personajes de oposición enfrentan investigaciones, procesos judiciales, prisión preventiva o la amenaza de pasar años litigando su libertad, los escándalos que involucran a funcionarios identificados con el partido gobernante parecen recorrer un camino distinto: conferencias de prensa, descalificaciones a los denunciantes y, finalmente, un cómodo archivo en el cajón de los asuntos pendientes.
El caso del exgobernador Ernesto Ruffo ilustra el contraste que señalan sus simpatizantes. Para ellos, la velocidad con la que avanzó el proceso judicial demuestra la eficacia de las instituciones… siempre y cuando el acusado pertenezca a la oposición.
En sentido contrario, diversas acusaciones públicas que han involucrado a servidores públicos de Morena —incluidos señalamientos contra funcionarios de Sinaloa y otros estados— no han derivado, hasta ahora, en consecuencias judiciales equivalentes. Ello ha alimentado cuestionamientos sobre si las autoridades aplican el mismo criterio en todos los casos.
La ironía es inevitable: quizá la próxima reforma administrativa deba incluir un nuevo requisito para ocupar un cargo público. Ya no bastará con presentar declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Habrá que anexar una constancia de militancia partidista. Porque, al parecer, la justicia mexicana también distingue colores.
El discurso oficial insiste en que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, la percepción pública se alimenta de los hechos, no de los discursos. Cuando unos enfrentan tribunales y otros únicamente conferencias mañaneras, la igualdad ante la ley deja de ser una convicción para convertirse en un eslogan.
En una democracia, la justicia no puede depender del partido político al que pertenezca el investigado. Si la corrupción merece castigo, debe castigarse sin importar el color de la camiseta. Y si las acusaciones carecen de sustento, también deben desecharse con el mismo rigor, sin importar si el señalado milita en el gobierno o en la oposición.
Porque, de lo contrario, el mensaje que recibe la ciudadanía resulta profundamente irónico: en México, para ser considerado inocente, primero hay que ser de Morena.
