Servicio universal de salud en México: Cesar Arenas

Garantizar el derecho a la salud y ofrecer servicios públicos de calidad constituyen dos de las principales responsabilidades sanitarias de los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, el alcance efectivo de este derecho, su progresividad y la calidad de los servicios dependen de una comprensión integral de los problemas y de la forma cómo las autoridades deciden enfrentarlos.

La crisis sanitaria derivada del covid-19 permitió colocar en la agenda pública la discusión de múltiples problemas que enfrentaba el sistema de salud: precariedad de las condiciones laborales de médicos y residentes; escasez de material sanitario y medicamentos; infraestructura insuficiente para atender urgencias o tratamientos; carencia de estudios especializados; listas de espera excesivas para la programación de cirugías; malas prácticas administrativas; entre muchos otros.

El reciente aumento de los casos de sarampión confirmados, enfermedad controlada hasta hace unos años, vuelve a cuestionar no solo la forma como se gestionan los recursos para la salud pública sino también las capacidades del Estado para identificar y prevenir los problemas en los que se debe intervenir. Una posible causa genérica podría radicar en el nivel de gasto sanitario como porcentaje del PIB, en donde México gasta el 5.9% del PIB, en comparación con el 9.3% en promedio en la OCDE (Panorama de la Salud 2025, OCDE).

Aunque no contamos con estadísticas de las personas enfermas que reciben una deficiente atención médica, ni de quienes mueren esperando una cirugía o debido a una que estuvo mal hecha, sabemos que esos problemas existen y que son recurrentes en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, entre 2021 y 2023, la saturación de clínicas y hospitales, así como el acceso de medicamentos, se mantienen como indicadores que registran una baja satisfacción entre la ciudadanía.

Sin embargo, el gobierno ha identificado como uno de los problemas centrales de la salud pública un asunto administrativo. El pasado 7 de abril, la Presidenta de México anunció el inicio del sistema universal de salud, que permitirá dar atención a todos los pacientes en cualquier hospital público sin importar su afiliación.

Para conseguirlo, se integrará la infraestructura hospitalaria del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, de alta especialidad, de referencia, los institutos nacionales de salud y los servicios médicos de Pemex. El sistema universal de salud comenzaría a partir del 1 de enero de 2027 con la universalización de servicios prioritarios, por lo que desde este mes se inició el registro de personas de 85 años o más, para otorgar una identificación oficial que sustituirá los carnets de las instituciones. Esto se calificó como un “paso histórico”, señalando que se implementará de forma progresiva para garantizar la sostenibilidad operativa y financiera del sistema, mientras siguen las negociaciones con entidades que aún no se integran al IMSS-Bienestar para el nuevo sistema.

El decreto por el que se crea el Servicio Universal de Salud se publicó el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación, en el que establecieron las reglas para la implementación del sistema, reconociendo como primera etapa la atención de: urgencias, embarazos de alto riesgo, infartos, eventos cerebro-vasculares, vacunación universal, insuficiencia renal crónica, cáncer, trasplante, infección por VIH o hemofilia. Y en un segundo momento, los estudios de laboratorio, de gabinete y radioterapia.

Desde 2018, colectivos y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Por un México Hoy, ya habían propuesto la “construcción de un servicio único de salud”, pero con la distinción de que éste se encontrara vinculado con “un modelo de atención integral que enfatice la promoción y la prevención y garantice el acceso para toda la población a la atención en todos los niveles del sistema”.

La construcción de un sistema universal o único de salud es loable; sin embargo, el reto vas más allá de una reorganización administrativa. En principio, exige partir de los problemas cotidianos que afectan a las personas usuarias de los servicios sanitarios, invertir en prevención sanitaria y anticipar los efectos del envejecimiento y los cambios epidemiológicos de la población. La reorganización de las capacidades institucionales debería estar orientada hacia múltiples objetivos sobre indicadores de salud. Esto conllevaría a revisar el papel del Estado y su gasto sanitario.

Aunque el actual gobierno mantiene niveles de gasto altos en programas de transferencias monetarias, por sí solas, no resuelven problemas de salud ni compensan los costos de enfermedades crónicas. Alcanzar un Estado de bienestar implica ofrecer servicios de salud accesibles y de calidad, ampliar las capacidades del Estado y no trasladar a los individuos la responsabilidad sobre su propio bienestar. Un sistema basado en derechos requiere instituciones sólidas, no solo apoyos económicos con mejoras administrativas.