Medicinas en la basura, niños en el abandono -

«La verdadera historia detrás del 97% de abasto»

Mientras madres y padres de niños con cáncer bloqueaban el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México exigiendo las quimioterapias que no llegaban, en una bodega privada del Estado de México se acumulaban, silenciosas, 18.4 millones de piezas de medicamentos. Entre 2020 y 2024 caducaron ahí metotrexato, vincristina y alglucosidasa: los nombres técnicos de la vida de un niño con cáncer o con una enfermedad rara, convertidos en una pérdida de más de 121 millones de pesos mientras esos mismos niños esperaban en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. No fue un accidente. Fue el propio exdirector del hospital, Adrián Chávez López, quien denunció el caso; hoy la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga si hubo coalición de servidores públicos. Los abogados de las familias ya no hablan de un error administrativo, hablan de negligencia.

Y aquí es donde la historia deja de ser un escándalo aislado para convertirse en un patrón del gobierno incapaz de Morena en los últimos 7 años. Birmex, el laboratorio del Estado que debería garantizar vacunas para todo el país, dejó caducar 5.04 millones de dosis —la mayoría de AstraZeneca donadas, el resto, de Sputnik V— y gastó 1,068 millones de pesos en destruir biológicos y medicinas vencidas. En paralelo, IMSS e ISSSTE acumulan un daño patrimonial latente de 2,320 millones de pesos por 36.7 millones de piezas caducadas o abandonadas, y en los hospitales del ISSSTE de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala hay medicinas tiradas en los pasillos. El secretario de Salud, David Kershenobich, admitió la contradicción entre comprar millones de piezas y dejar que caduquen mientras un paciente espera ese mismo tratamiento en otra parte del país. No es un mal almacén. Es un sistema que no sabe dónde está lo que compra.

La Presidencia sostiene que el abasto nacional de medicamentos supera el 97 por ciento en el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE. La cifra es real (que yo dudo), pero en su caso mide lo que se compró, no lo que llega. El 3 por ciento restante no se reparte de manera pareja: se concentra, con frecuencia, en los tratamientos de alta especialidad, en las quimioterapias, en los medicamentos para enfermedades raras que no admiten sustituto ni espera. Un país puede exhibir un abasto casi perfecto en el papel y, al mismo tiempo, tener madres bloqueando un aeropuerto porque a su hijo se le acabó el tiempo. El promedio nacional no cura a nadie; lo que cura es que el medicamento correcto llegue al hospital correcto para el paciente correcto, y esa es precisamente la trazabilidad que el sistema público sigue sin resolver.

Los datos del consumo confirman lo que las protestas ya denunciaban. Según NielsenIQ, empresa especializada en inteligencia de consumo ciudadano, entre 2016 y 2024 el gasto de los hogares mexicanos en salud creció 110 por ciento: duplica el avance del ingreso familiar (67 por ciento) y casi cuadruplica el de educación y esparcimiento (31 por ciento). En el mismo periodo, la cobertura de los servicios públicos de salud cayó del 82.6 al 63.3 por ciento. Esa diferencia la están pagando las familias de su bolsillo, consulta por consulta, precisamente porque la institución pública no les garantizó lo que ya habían pagado con sus impuestos.

Hay algo perverso en esta ecuación: el sector salud es, al mismo tiempo, el que más recursos exige a las familias y el que más medicamentos deja pudrirse en bodegas ajenas al escrutinio público. Mientras el sector logístico privado invierte en trazabilidad en tiempo real —sensores de cadena de frío, etiquetas que avisan si una vacuna perdió temperatura, plataformas que ubican cada pallet al segundo—, el Estado ni siquiera sabe, hasta que ya caducó, cuántas piezas tiene ni dónde están. Esa tecnología ya se usa en México para enviar chocolates y calcetines a domicilio; falta voluntad para aplicarla a las quimioterapias de un niño.

Lo del Hospital Infantil no es un caso aislado, es sistémico y ya tiene nombre: Birmex, ISSSTE, IMSS. Se investigará a los responsables de este episodio, como debe ser. Pero encontrar culpables no basta si el sistema que permitió la acumulación, el silencio y la caducidad sigue intacto. La pregunta que la Secretaría de Salud y la Presidencia deben responder no es cuánto compraron ni qué porcentaje reportan: es cuántos niños con cáncer tuvieron que esperar, protestar o quedarse sin tratamiento mientras su medicamento se pudría a unos kilómetros de distancia. Esa es la cifra que de verdad debería preocuparnos. ¿Ustedes qué piensan, estimados lectores?

Publicado en Periódico AM 4 de julio