La indignación no sustituye las explicaciones: J. Ricardo Valero G -

Cuando aparecen señalamientos sobre posibles acuerdos entre políticos y narcotraficantes, la respuesta de un partido que presume superioridad moral debería ser exigir una investigación. Descalificar al periodista y culpar a “la derecha” resulta cómodo, pero no esclarece absolutamente nada.

Héctor de Mauleón publicó este 26 de octubre que, según fuentes de seguridad consultadas por él, un informe federal registra una presunta reunión entre Ariadna Montiel y Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, a principios de 2024, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. La versión apunta a un supuesto intercambio de respaldo electoral por control territorial. Es una acusación gravísima: debe investigarse y acreditarse, sin esconderla bajo la alfombra de la disciplina partidista.

Hay datos que sí están documentados. El 5 de noviembre de 2021, el Departamento de Estado estadounidense anunció recompensas de hasta cinco millones de dólares por cada uno de cuatro hombres: Aureliano Guzmán Loera y los hermanos Ruperto, José y Heriberto Salgueiro Nevárez. Los identificó como operadores vinculados al Cártel de Sinaloa, con actividad en Chihuahua y Sinaloa, y señaló acusaciones estadounidenses relacionadas con tráfico de drogas, incluido fentanilo.

Además, la ficha oficial de Guzmán Loera registra acusaciones federales formuladas en Arizona el 13 de noviembre de 2019 y el 19 de febrero de 2020, relacionadas con la distribución internacional de distintas drogas. Su relevancia criminal, por tanto, tiene antecedentes documentales anteriores a esta controversia política. Esos antecedentes no prueban una reunión con Montiel; sí explican la gravedad del señalamiento.

Montiel ha negado el encuentro y rechazado las imputaciones. Esa negativa debe consignarse, del mismo modo que debe precisarse que la información sobre el supuesto informe proviene de fuentes periodísticas y que su contenido no equivale a una sentencia judicial. La exigencia de pruebas es legítima; utilizarla como pretexto para cancelar cualquier investigación sería una forma de encubrimiento político.

Maru Campos tiene derecho a exigir explicaciones, y también la obligación de entregar a las autoridades competentes los elementos que sustenten sus acusaciones. Morena, por su parte, debe entender que sus dirigentes están sujetos al mismo escrutinio que cualquier adversario. La pertenencia al movimiento no concede certificados de inocencia ni patentes de honestidad.

Si el informe existe, debe verificarse su procedencia, examinarse sus fundamentos y determinarse qué evidencias respaldan su contenido. Si las acusaciones son falsas, corresponde esclarecerlo con una investigación seria. Si hay elementos que las sostengan, deben establecerse responsabilidades sin importar el cargo, el partido o la cercanía con el poder.

Lo inadmisible es pretender que una denuncia queda contestada al pronunciar “golpeteo de la derecha”. Esa frase sirve para movilizar simpatizantes; para esclarecer posibles vínculos con el crimen organizado no sirve de nada.

La honestidad se acredita con hechos. Y la verdad no se decide por mayoría de gobernadores ni por consigna de partido.