El escudo de la soberanía y la perpetuación del régimen: Vito Saint Germain -

En menos de una semana dos eventos se dieron cita y no por una afortunada coincidencia. La presidenta Claudia Sheinbaum pronunció ante el Monumento a la Revolución un discurso de primer año de gobierno en el que, entre cifras económicas y reformas constitucionales, acusó a las agencias norteamericanas de orquestar una «injerencia electoral» contra México de cara a las elecciones de 2027. El tres de junio, desde su retiro en Palenque, el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta pública en la que pedía a Donald Trump que «mandara al carajo» a quienes, según él, buscan golpear políticamente a Morena. El ex presidente acusó que sectores del gobierno estadounidense pretenden el combate al narcotráfico para intervenir políticamente en México y favorecer a las fuerzas de derecha, reiteró por supuesto su respaldo a Sheinbaum frente a las presiones externas.

Un timing fue demasiado perfecto para ser espontáneo. Esa coordinación tiene un propósito: cambiar de cancha, de lo que está ocurriendo en los tribunales federales de Nueva York a una lucha nacionalista y política para defender la independencia del país.

Lo que los tribunales dicen

El Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero fue llevado a declarar como testigo de baja calidad en la Fiscalía General de la República como testigo no como acusado. Esta diferencia ocurrió porque el gobierno mexicano argumentó que no había pruebas que ameritarán una orden de aprensión. Pero el Departamento de Justicia norteamericano no va a entregar un expediente completo que puede filtrar información que puede favorecer a un imputado. Solo lo haría hasta que haya un juicio en proceso.

Al mismo tiempo, varios trascendidos mencionaron que hay otras cinco acusaciones de la Fiscalía en la Corte Sur de Manhattan, cuatro de ellas contra miembros de Morena. Los Angeles Times reveló que los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, son investigados por presuntos nexos con el crimen organizado e involucramiento en contrabando de combustible, respectivamente, además de que sus visas fueron revocadas.

La respuesta de la jueza Katherine Polk Failla fue demoledora, afirmó que el gobierno de Estados Unidos cuenta con «mucha evidencia» en el proceso penal por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y los funcionarios del grupo de Rocha Moya.

El recurso del nacionalismo como cortina

Ante esta realidad judicial, la respuesta del bloque Sheinbaum-AMLO no ha sido iniciar investigaciones internas ni exigir cuentas a sus propios militantes y gobernadores, en su lugar levantaron el escudo de la soberanía nacional para señalar a la ultraderecha, que mal aconseja a Donald Trump, como el agresor.

Es un manual conocido. Cuando los hechos incriminan, se cambia el terreno: del judicial al político, del procesal al ideológico empapado de nacionalismo. Se convierte a los acusados en víctimas de la intervención extranjera y a los acusadores en agentes de la ultraderecha. Y con esa lógica ya se sabe quienes son los malos y quienes los buenos a quien lejos de investigar hay que defender.

El discurso de Sheinbaum y la carta de AMLO tienen por ello un destinatario interno: la gente que milita en Morena y los mexicanos que han votado por ese movimiento. Es un llamado a mantenerse unidos, a amarrase y a no desconfiar del proyecto. A cerrar filas en torno régimen porque con todos juntos agarrados de las manos, la derecha no pasará, en esta narrativa investigar judicialmente a los acusados o extraditarles es hacerle el juego a quienes quieren intervenir en las elecciones y desplazar al gobierno de Morena.

El riesgo de esta postura alto, en Washington, y frente a la negociación en puerta del tratado de comercio, la defensa soberana de políticos imputados se lee como una falta de cooperación para evitar que las acusaciones lleven a Morena a exponerse como una organización que fue financiada por el crimen organizado en acuerdos con sus militantes prominentes, y al mismo tiempo enfrentar nuevas imputaciones a otros personajes no menos encumbrados del movimiento. Al final una pregunta permanece sin respuesta procesal en México ¿Hubo o no nexos entre funcionarios de Morena y el crimen organizado para ganar elecciones?

El proyecto real: no competir, gobernar para siempre

Hay algo más de fondo detrás de esta operación discursiva. No se trata solamente de proteger a gobernadores comprometidos. Se trata de blindar un proyecto político que, desde 2018, ha avanzado metódicamente hacia la concentración del poder del Estado.

El discurso del primer informe de Sheinbaum celebró la reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 la elección popular de ministros, magistrados y jueces. También la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y las reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 para recuperar el control de Pemex y CFE y la desaparición de organismos autónomos. Cada una de estas reformas, tomada por separado, puede tener justificación. Tomadas en conjunto, dibujan un patrón: el desmantelamiento sistemático de los contrapesos institucionales que en cualquier democracia funcionarían como freno al poder ejecutivo.

Un poder judicial elegido por voto popular en un contexto de clientelismo político masivo no es un poder judicial independiente: es un poder judicial subordinado. Una Guardia Nacional bajo mando militar no es una institución civil de seguridad: es el brazo armado del Estado concentrado en una sola cadena de mando, el ejército, que hoy en día expandió sus competencias a diversas actividades de generación de infraestructura. Un Estado que controla la energía, los jueces, la Guardia y el discurso público no está compitiendo en democracia: está construyendo un régimen.

López Obrador lo anticipó con honestidad, él mismo dijo que volvería del retiro si veía «la democracia en riesgo». La paradoja es que la amenaza a la democracia mexicana no viene hoy de afuera. Viene de adentro, del mismo movimiento que dice defenderla. Morena no solo se planteó como un partido político más que compite en las elecciones, es un proyecto de largo plazo para construir un régimen que limite controles ciudadanos al poder gubernamental y pueda consolidar una sola forma de gobernar cimentada sobre base social atada clientelarmente. Y por lo visto, se vale de todo para defender el proyecto.

El silencio es elocuente. La presidenta habló largo y AMLO no mencionaron el problema que significa para el país la soberanía perdida internamente ante el crimen organizado. Pidieron unidad.

Esa unidad tiene un precio que lo pagan los mexicanos que viven bajo el dominio territorial de los cárteles, que ven a sus gobernadores acusados en cortes extranjeras porque el sistema judicial propio ha sido o capturado o paralizado, y que escuchan cómo la defensa de su soberanía se convierte, paradójicamente, en la coartada perfecta para no investigar a quienes la traicionaron vendiéndola al mejor postor.

Sin esperar a que los expedientes lleguen completos desde Manhattan como condición para moverse. Se necesita una fiscalía que investigue, un poder judicial que atienda los casos no que calle. Una presidenta que diga en voz alta que en su partido hay funcionarios que traicionaron al país, y que eso no se defiende con retórica nacionalista sino con aplicación de la justicia.

Nada de eso ocurrirá mientras el objetivo estratégico del proyecto sea su propia perpetuación. Porque investigar a los propios es un paso riesgoso que puede hacer perder lo ganado, pero tal vez, también podría ser una ruta para reganar una legitimidad que siente las bases de una unidad veraz en torno a ella.