El INE en su laberinto
En el afán actual por resolver problemas complejos mediante la centralización y el control estatal, la administración pública ha vuelto a caer en una vieja tentación: asumir que si el Gobierno lo hace todo, sale mejor, más barato y más limpio. Recientemente, la Presidenta reiteró su intención de convertir a Talleres Gráficos de México en una súper empresa con consejo de administración y observación externa, capaz de producir “toda la papelería electoral”.
La idea suena bonita en el papel, pero choca de frente con la realidad.
La papelería electoral -boletas y actas con impresión variable, folios únicos, candados de seguridad de alta tecnología y volúmenes de cientos de millones de ejemplares- no es un folleto institucional ni un libro de texto. Requiere tecnología de precisión y capacidad instalada que muy pocas plantas en el país tienen. Lo mismo ocurre con el material plástico para urnas, cajas y mamparas, cuya fabricación depende de líneas de extrusión de cartón plástico altamente especializadas. Pretender que el Estado adquiera maquinaria millonaria y contrate una plantilla permanente para operar a su máxima capacidad apenas una vez cada tres años no sólo es financieramente absurdo; es operativamente inviable y representa un gasto que la hacienda pública no tendría por qué absorber.
Aun si de algún rincón de las arcas públicas salieran los miles de millones para equipar estos «Tallerzotes Gráficos», ¿es realmente esa la solución? ¿Acaso no aprendimos nada con el fiasco de la Megafarmacia? La experiencia reciente nos demuestra que centralizar la producción y la logística en un solo ente estatal no elimina la ineficiencia ni combate mágicamente la corrupción; con frecuencia, solo amplifica las fallas a escala nacional. Si con los medicamentos nos jugábamos vidas humanas, con la papelería electoral nos jugamos la viabilidad democrática.
Además, se suma a esto una asfixia operativa en el cortísimo plazo. A escasos meses de las próximas elecciones federales y con los relojes de las elecciones locales ya en marcha, ¿qué ocurriría si se cancelan contratos a diestra y siniestra? Si abrimos un proceso de licitación pública hoy mismo, ¿quiénes se van a inscribir si las empresas con verdadera capacidad técnica en el mercado nacional son contadas? ¿Terminaremos contratando a los mismos proveedores de los que se pretende huir o cayendo en la opacidad de las asignaciones directas? La prisa burocrática no suele ser buena consejera.
Organizar una elección nacional de la magnitud de la próxima, no son enchiladas, y más ante un reemplazo acelerado de directivos en el INE, donde la curva de aprendizaje de nuevos cuadros sin experiencia técnica previa puede resultar costosa. Y es que los órganos autónomos no se sostienen por inercias burocráticas, sino por su solidez ética y técnica, y la confianza ciudadana que logran construir en cada jornada.
En momentos donde la credibilidad institucional se pone a prueba, la respuesta nunca debe ser el debilitamiento de los contrapesos o, peor aún, la concentración de funciones en empresas estatales dependientes del gobierno en turno. Lo que se requiere es el retorno al rigor normativo, la transparencia inquebrantable y la profesionalización técnica, garantizando en sus órganos directivos y técnicos una independencia de criterio y probidad ética por encima de cualquier lealtad a una corriente ideológica o a un partido político.
En lugar prominente está la confianza que se debe despertar en el electorado. A las autoridades e instituciones electorales les resulta plenamente aplicable aquel histórico principio: no basta con ser honestos e imparciales, también hay que parecerlo. La injerencia del Gobierno en procesos que exigen neutralidad y especialización suele generar monopolios ineficientes y dudas razonables en lugar de certezas. Quizá no enfrentábamos un desafío de este tamaño desde 1996, cuando la ciudadanía tomó las riendas de los organismos electorales para construir instituciones profesionales. Hoy, la pregunta no es cuánta maquinaria puede comprar el Estado, sino si los liderazgos actuales tendrán la altura de miras para defender la capacidad técnica y la confianza democrática por encima de los dogmas.
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