En defensa de la Corte Penal Internacional -

México debe alzar la voz en defensa de la Corte Penal Internacional, de la jueza mexicana en la Corte, Socorro Flores Liera, y de otros mexicanos que ahí trabajan

La Corte Penal Internacional (CPI) inició operaciones en 2002 al entrar en vigor el Estatuto de Roma. México lo ratificó en octubre de 2005. En la actualidad son parte de la Corte 125 países, pero no EU, Rusia, China, India e Israel.

La CPI tiene una función de manera complementaria, no sustituye a los sistemas nacionales. Opera cuando los crímenes de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma no son investigados y sancionados a nivel nacional por incapacidad o por omisión. Los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben.

EU nunca vio con simpatía a la CPI y buscó que sus ciudadanos, en especial miembros de las fuerzas armadas, nunca pudieran ser encausados por la Corte. La administración Trump ha ido más allá, combatiendo a la Corte frontalmente al imponer sanciones a los fiscales y jueces. La primera ronda de sanciones la anunció en agosto de 2025, con la Orden Ejecutiva 14203, con el fin de frenar las investigaciones y órdenes de arresto contra ciudadanos israelíes-estadounidenses, incluyendo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Entre las sanciones se impusieron restricciones de visados y bloqueos financieros. Dichas sanciones fueron criticadas por muchos países. México guardó silencio.

El 9 de octubre de este año, el Departamento de Estado anunció sanciones adicionales a la CPI, días después de que le fuera concedido el premio Nobel de la Paz a Navy Pillay, ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex jueza de la CPI.

Las sanciones incluyen no sólo a jueces y fiscales, sino a la institución misma y los servidores que en ella trabajan, entre los que hay mexicanos y mexicanas, lo que derivaría en la parálisis de la Corte y la posibilidad de dejar libres a acusados de crímenes de lesa humanidad como el ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

En clara muestra de presión, el Departamento de Estado señaló que las sanciones no entrarán en vigor inmediatamente, sino en un plazo de seis meses, para “negociar y atender” las preocupaciones de EU, sin definirlas. Un tema pendiente es la acusación y orden de detención de Benjamín Netanyahu. Hay también una orden de detención contra Vladimir Putin. En ambos casos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como el uso de la inanición como método de guerra en Gaza y el traslado ilegal de niños de Ucrania a Rusia.

Los países europeos, en especial Países Bajos sede de la CPI, el saliente secretario general de la ONU y el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos criticaron fuertemente el anuncio de los EU.

El gobierno de México guarda silencio ante el ataque al derecho internacional que dice defender, como señaló el analista Fausto Pretelín. Si Velasco considera que reunirse con el canciller ruso Lavrov y supone que ambos países apoyan el derecho internacional es hacer política exterior, entonces hay que concluir que ignora el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Por Martha Bárcena