Soberanía, presunción de inocencia y el oportunismo electoral de Washington -

Cuando Washington presenta acusaciones contra el gobernador Rocha Moya, su secretario de Seguridad y otros funcionarios de alto nivel, por presuntos vínculos con una organización criminal, el problema deja de ser exclusivamente judicial y se convierte en un asunto de credibilidad institucional, de responsabilidad política y de confianza pública.

Es por ello que la reacción del gobierno de México, al cerrar filas alrededor de Rocha Moya, puede explicarse desde la solidaridad partidista y la defensa de la soberanía. Sin embargo, esa solidaridad tiene límites. «La soberanía no debe confundirse con protección política, ni la defensa de la presunción de inocencia con una garantía de impunidad».

México tiene derecho a exigir que cualquier acusación contra sus ciudadanos se sustente en pruebas y se tramite conforme a la ley. Pero también tiene la obligación de investigar con seriedad cuando existen señalamientos que involucran a funcionarios de seguridad, estructuras financieras o autoridades gubernamentales. No basta con afirmar que se trata de una campaña de presión extranjera; es necesario demostrar, con expedientes y resultados, dónde están las responsabilidades.

Por otra parte, las cancelaciones de visas por parte de Estados Unidos deben analizarse con cuidado. No constituyen una sentencia judicial ni prueban, por sí solas, la comisión de un delito. Pero tampoco son hechos políticamente irrelevantes, especialmente cuando alcanzan a figuras cercanas al poder en nuestro país. El caso de Andrés Manuel López Beltrán, conocido públicamente como “Andy”,tiene una dimensión adicional: la familiar, la política y la diplomática.

Por eso resulta de gran relevancia preguntar el porqué del silencio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Si el asunto involucra a su hijo y, al mismo tiempo, se presenta como un acto de injerencia contra México, habría dos razones de peso para que fijara una posición pública: la defensa de su familia y la defensa de la soberanía nacional. Su silencio puede interpretarse como una decisión estratégica, pero también puede alimentar la percepción de que existe incomodidad o falta de respuestas.

Ya se pronunciaron 24 de los 32 gobernadores a favor de la defensa de la soberanía, tras el retiro de la visa de Andy… pero el expresidente guarda silencio.

Otro punto clave, relacionado con el gobierno de los Estados Unidos, es la eventual salida de Mérida Sánchez, que merece una explicación institucional. Un militar con formación en inteligencia conoce los procedimientos, los canales de información y las estructuras de mando. Eso no significa que sea testigo protegido, que esté negociando con fiscales estadounidenses o que tenga inmunidad. Afirmarlo sin pruebas sería irresponsable.

Pero sí obliga a preguntar qué sabe, qué puede acreditar y hasta dónde podría llegar una investigación. México no debería esperar a que Washington revele cada pieza del expediente para comenzar a reconstruir los hechos. Si existen acusaciones, deben investigarse en territorio nacional, con independencia, transparencia y respeto al debido proceso.

También conviene observar el contexto estadounidense. Washington se encamina a un nuevo ciclo electoral, particularmente relevante por las elecciones legislativas de medio término de 2026 y por la disputa política en torno a la seguridad fronteriza, el tráfico de drogas y la relación con México. En ese ambiente, las acusaciones contra políticos mexicanos pueden ser utilizadas para demostrar firmeza ante el crimen organizado y para fortalecer el discurso de que la frontera constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La presión diplomática, la cancelación de visas y la difusión selectiva de investigaciones pueden convertirse así en instrumentos de comunicación política. Presentar a México como un país incapaz o renuente a combatir la corrupción y el narcotráfico puede beneficiar a sectores estadounidenses que buscan votos mediante un discurso de mano dura, control fronterizo y defensa de los intereses nacionales.

Eso no significa que todas las acusaciones sean falsas ni que deban descartarse por tener un posible beneficio electoral. Significa que deben examinarse con doble rigor: el jurídico, para determinar si existen delitos y responsabilidades, y el político, para identificar cómo y por qué se utilizan estos casos en el debate estadounidense.

México no puede responder a la presión externa con consignas, pero tampoco con subordinación. La defensa de la soberanía exige instituciones capaces de investigar a sus propios funcionarios, deslindar responsabilidades y presentar pruebas. La mejor respuesta frente a Washington no es el silencio ni la propaganda: es la verdad documentada.

Proteger la presunción de inocencia es una obligación. Proteger políticamente a un funcionario frente a una investigación, en cambio, puede convertirse en un error muy costoso. Si el expediente sigue creciendo, el precio no lo pagará solamente un gobernador o un partido. Podría pagarlo todo un gobierno, y con él, la credibilidad de las instituciones mexicanas.