Querétaro, epicentro de una red que defiende a hombres acusados de violencia -

La machósfera, un conjunto de comunidades y organizaciones que promueven discursos antifeministas y cuestionan los avances de las políticas de igualdad, comienza a ganar presencia y organización en México.

En Querétaro, una de sus expresiones se encuentra en el colectivo Equidad y Justicia, integrado por mujeres que públicamente respaldan a hombres relacionados con procesos judiciales por presunta violencia sexual, familiar y de género, según la investigación de la periodista Sanjuana Martínez, publicada en el periódico La Jornada.

El colectivo es encabezado por Clara Eugenia Aguayo Bocanegra, hermana de Guadalupe Iván Aguayo Bocanegra, quien fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado contra su hijo, entonces de nueve años. Como vicepresidenta aparece Ángeles Silva Sánchez, pareja del acusado.

Equidad y Justicia surgió en 2025, después de que comenzara el proceso penal contra Aguayo Bocanegra. Desde entonces, la organización ha colocado entre sus principales demandas la creación de una Fiscalía Especializada para Hombres y una Secretaría del Hombre, además de impulsar una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes presenten denuncias falsas.

El colectivo también respalda la llamada Ley Alberto, propuesta que busca sancionar penalmente las denuncias falsas y que recibe ese nombre en referencia a un profesor que, según sus promotores, fue acusado injustamente y posteriormente se suicidó.

Un movimiento que se presenta como víctima

La narrativa de estos grupos parte de una premisa: que existen hombres que son acusados injustamente de violencia y que el sistema judicial favorece a las mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha empleado el término machósfera para identificar espacios digitales y comunidades caracterizados por discursos misóginos y antifeministas. En estos ambientes, una de las constantes es la construcción del hombre como víctima de los cambios sociales impulsados por los movimientos feministas.

En México, de acuerdo con la investigación de Sanjuana Martínez, esta corriente se relaciona con organizaciones como Soy Papá No Criminal, Niños con MaPa, No Más Hijos Rehenes y Colectivo de Mujeres por la Igualdad.

El fenómeno adquiere una dimensión particular cuando las organizaciones utilizan casos judiciales de violencia sexual infantil para cuestionar las denuncias.

El caso que dio origen al colectivo

Uno de los casos centrales es el de Guadalupe Iván Aguayo Bocanegra.

El 20 de enero de 2023, Noemí Morales denunció al padre de su hijo después de conocer, según su relato, presuntas agresiones sexuales y físicas contra el menor.

La madre explicó que inicialmente permitió que padre e hijo convivieran y que posteriormente el niño comenzó a permanecer varios días en la casa de su progenitor.

Con el paso del tiempo observó cambios en su comportamiento. El menor dormía vestido, presentaba marcas en los brazos y habría manifestado que su padre lo golpeaba.

La situación cambió cuando Noemí preguntó directamente a su hijo si su padre lo había tocado. De acuerdo con el testimonio publicado por La Jornada, el niño comenzó a narrar episodios de naturaleza sexual y violencia física.

La investigación periodística señala que la carpeta CI/QRO/2615/2023 contiene diversos informes periciales, entre ellos un diagnóstico clínico, un peritaje de la Fiscalía, un informe de victimología y un peritaje privado.

Según los documentos revisados por Sanjuana Martínez, especialistas identificaron elementos relacionados con violencia sexual y familiar.

Después de varias postergaciones de la audiencia inicial, el proceso avanzó hasta que un juez ordenó la aprehensión y posteriormente vinculó a proceso al acusado por abuso sexual agravado.

El imputado permanece en libertad bajo medidas cautelares, según la información publicada.

Para la madre del menor, el respaldo público que el colectivo ofrece a su hermano ha convertido la búsqueda de justicia en una batalla todavía más difícil.

Cuando la víctima se convierte en sospechosa

Otro expediente retomado por Equidad y Justicia corresponde a Luis N, acusado de abuso sexual infantil agravado contra una niña de cinco años.

El hombre permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla su proceso judicial.

En este caso, el colectivo cuestionó los procedimientos realizados por la Fiscalía y contrató al criminólogo Daniel Arnold Guido, quien concluyó, de acuerdo con la información publicada por La Jornada, que el delito habría sido fabricado y que se trataba de una denuncia falsa.

La interpretación fue cuestionada por Viridiana Carrillo Luna, sicóloga relacionada con el caso, quien señaló que existieron otros elementos que debían considerarse y cuestionó la manera en que se habría manejado información de la carpeta de investigación.

Para la especialista, el problema va más allá de un expediente: cuando una denuncia de abuso infantil es descalificada públicamente como falsa antes de que concluya el proceso, la víctima queda en una posición de mayor vulnerabilidad.

También alertó sobre la revictimización de niñas y niños durante los procedimientos judiciales.

Un menor puede tener que contar lo ocurrido ante fiscales, peritos, médicos y otras autoridades. Cada nuevo interrogatorio, explicó, puede representar la repetición del trauma.

Del abuso sexual a la violencia de género

La actividad de Equidad y Justicia no se limita a casos de abuso infantil.

El colectivo también ha intervenido en el caso del sicólogo Eliot Gutiérrez Téllez, investigado por violación equiparada contra una menor que tenía entre 11 y 13 años cuando ocurrieron los hechos.

El hombre recibió una sentencia de 21 años de prisión que posteriormente fue modificada en segunda instancia a 56 años, aunque actualmente se encuentra en libertad con brazalete electrónico mientras continúa su proceso de apelación.

Otro de los casos mencionados corresponde a Juan Manuel Urquiza Trejo, denunciado por Carolina Íñiguez Vargas, funcionaria del Congreso de Querétaro, por violencia intrafamiliar, de género, política y vicaria.

Íñiguez aseguró que después de terminar su relación recibió amenazas y fue objeto de publicaciones en redes sociales que utilizaron imágenes suyas.

La funcionaria cuestionó que los hombres denunciados puedan aparecer públicamente como víctimas mientras existen investigaciones o resoluciones judiciales en su contra.

La batalla por las denuncias falsas

La Ley Alberto se ha convertido en uno de los principales objetivos políticos de estos grupos.

Sus impulsores sostienen que una denuncia falsa puede destruir la vida de un hombre, separarlo de sus hijos y llevarlo injustamente a prisión.

El planteamiento toca un punto legítimo: una persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso.

Sin embargo, especialistas y organizaciones defensoras de víctimas advierten que convertir las denuncias falsas en el eje del discurso puede generar otro problema: que las víctimas sean consideradas sospechosas desde el primer momento.

En casos de violencia sexual infantil, el riesgo es todavía mayor.

El desafío para las autoridades consiste en mantener el equilibrio entre dos obligaciones: no criminalizar a una persona sin pruebas y, al mismo tiempo, no desproteger a quien denuncia una agresión.

Mujeres que defienden a hombres acusados

Una de las particularidades de la nueva machósfera mexicana es que algunas de sus voces más visibles son mujeres.

Es el caso de las integrantes de Equidad y Justicia, quienes han asumido públicamente la defensa de hombres señalados por violencia.

Para sus integrantes, su participación responde a la necesidad de combatir lo que consideran abusos del sistema de justicia.

Para organizaciones feministas y especialistas, en cambio, estas acciones pueden convertirse en una estrategia para desacreditar las denuncias y revertir los avances alcanzados en materia de protección de mujeres, niñas y niños.

Carolina Íñiguez sostiene que el fenómeno representa una forma de regresión.

“Los agresores se hacen pasar por víctimas”, afirmó, de acuerdo con la investigación publicada por La Jornada.

La disputa revela una nueva batalla cultural y jurídica: de un lado, grupos que aseguran que los hombres están desprotegidos ante acusaciones falsas; del otro, organizaciones que advierten que esta narrativa puede convertirse en un mecanismo para desacreditar a las víctimas.

Más allá de las etiquetas, el reto institucional es garantizar que cada denuncia sea investigada con rigor, que toda persona acusada tenga derecho a defenderse y que ninguna niña, niño o mujer sea revictimizada durante la búsqueda de justicia.

Crédito: Periodista Sanjuana Martínez y periódico La Jornada.