Chihuahua; La lucha por blindar las elecciones: Gustavo A Vicencio -

“El precio de la libertad es la eterna vigilancia”

John Philpot Curran

La cada vez más alicaída democracia mexicana enfrenta una amenaza más que debe centrar toda nuestra atención: el crimen organizado ya ha sido y lo seguirá siendo, un foco rojo buscando influir en los resultados electorales, incluso mucho antes de que un ciudadano deposite su voto. La discusión que se abrió en Chihuahua debería ser una llamada de atención para todo México rumbo a 2027. El Congreso local debatió una reforma que buscaba establecer mecanismos para anular elecciones cuando se acreditara la intervención del crimen organizado y sancionar determinadas conductas relacionadas con el financiamiento o apoyo criminal a candidaturas. Por distintas razones y argumentos jurídicos cuatro diferentes instancias apelaron la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Pleno invalidó parte de la reforma electoral de Chihuahua que permitía sancionar a candidatos por resultar beneficiados por actos delictivos cometidos por terceros, así como la cancelación o pérdida automática de su registro. El argumento central fue muy poderoso desde el punto de vista constitucional: nadie puede ser responsable jurídicamente por la conducta de otro sin que exista una imputación personal, y las sanciones deben ser proporcionales e individualizadas.

Es aquí donde comienza un debate ineludible. Porque una cosa es proteger la presunción de inocencia y otra muy distinta permitir que el crimen organizado encuentre una zona gris para intervenir en las elecciones. Un asunto importante: La Corte no eliminó la posibilidad de anular una elección cuando se acrediten actos de delincuencia sistemática que sean graves, dolosos y determinantes para el resultado. Es decir, el principio de que una elección contaminada por el crimen puede perder validez sigue vivo. Y eso es fundamental rumbo a 2027. Porque el problema no es solamente el candidato que recibe dinero del narcotráfico. El problema puede comenzar mucho antes: un aspirante amenazado para abandonar la contienda; un empresario obligado a financiar determinada campaña; comunidades intimidadas para votar por alguien; grupos criminales que controlan territorios; candidatos asesinados; campañas financiadas con recursos ilícitos; operadores políticos sometidos; o estructuras electorales infiltradas.

Si el crimen organizado puede decidir quién participa, la democracia ya perdió antes de que se abra la casilla. La lección de Chihuahua no debería ser abandonar el intento de blindar las elecciones. Debe ser hacerlo mejor. Para 2027 México necesita reglas claras que distingan tres situaciones: el candidato que es víctima del crimen; el candidato que resulta beneficiado sin conocer la intervención criminal; y el candidato, partido o estructura que conscientemente solicita, acepta, facilita o utiliza ese apoyo. Es cierto que no pueden recibir el mismo tratamiento jurídico. Pero tampoco podemos aceptar que demostrar la responsabilidad individual sea tan difícil que termine convirtiéndose en una puerta de escape para quienes deliberadamente se beneficien del poder criminal. La resolución de la Corte obliga a entender algo esencial: el Estado no puede combatir al crimen organizado destruyendo las garantías constitucionales; pero tampoco puede proteger las garantías constitucionales mientras permite que el crimen organizado capture las elecciones. Ese es el verdadero desafío de 2027.

Por eso el blindaje electoral debe construirse desde ahora. Aquí algunas ideas para la reflexión:

Primero, inteligencia financiera electoral, con mecanismos de coordinación entre autoridades electorales, fiscales y unidades especializadas para detectar dinero de procedencia ilícita.

Segundo, protocolos de protección para candidatos, equipos de campaña y ciudadanos amenazados, particularmente en municipios donde existan antecedentes documentados de violencia política.

Tercero, fiscalías electorales realmente capaces de investigar, con independencia y recursos suficientes para acreditar vínculos entre dinero ilícito, amenazas, violencia y campañas.

Cuarto, mecanismos de nulidad efectivos cuando se demuestre que la intervención criminal fue grave, dolosa y determinante.

Y quinto, algo que depende también de los partidos: candidaturas con controles de origen patrimonial, financiamiento y vínculos con grupos criminales mucho más rigurosos.

Desgraciadamente no podemos esperar a que estas medidas las tome y las haga suyas las actuales autoridades electorales cooptadas por el partido oficial. Todo esto solo será posible si la oposición, partidista y sociedad organizada, trabaja junta, estableciendo estrategias para presionar y hacerle entender al oficialismo que hay una oposición presente que no permitirá que el crimen organizado defina a nuestras autoridades. Tenemos todo en contra, pero esto no se acaba hasta que se acaba. De nosotros depende que la ciudadanía entienda la gravedad de lo que viene y logremos blindar los procesos electorales para evitar que el crimen organizado siga haciendo de las suyas sin consecuencias. ¡A darle!