Pueblos mayo-yoreme llevan a la CIDH su lucha contra planta de amoniaco en Sinaloa -

Con información de Sanjuana Martínez / La Jornada

SINALOA.— La resistencia de los pueblos mayo-yoreme contra la construcción de una megaplanta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de 13 años de litigios y cuestionamientos sobre el consentimiento de las comunidades indígenas y los impactos ambientales del proyecto, así lo confirma una investigación periodística de Sanjuana Martínez publicada en el periódico La Jornada.

La denuncia internacional busca frenar la instalación de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), perteneciente al grupo suizo Proman, un proyecto valuado en 860 millones de dólares que contempla producir amoniaco en un territorio ancestral, considerado sagrado por sus habitantes.

Melina Maldonado Sandoval, pescadora y artesana mayo-yoreme, encabeza junto con otras mujeres indígenas la resistencia del colectivo Aquí No. De acuerdo con la información proporcionada por las comunidades, el movimiento acumulaba 140 días de plantón y bloqueo al acceso de la empresa para impedir la continuidad de las obras.

Para los habitantes, la oposición no se limita a los posibles efectos ambientales y sanitarios de la planta. También representa la defensa de su identidad cultural, sus actividades pesqueras y la relación espiritual que mantienen con la bahía.

Denuncian falta de consentimiento indígena

Alberto Alarcón Gómez, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que la petición presentada ante la CIDH se sustenta en tres argumentos principales: la falta de consentimiento de las comunidades afectadas, las deficiencias en la evaluación de los impactos ambientales y la ausencia de una valoración adecuada de las consecuencias climáticas del proyecto.

Aunque se realizó un proceso de consulta, las comunidades sostienen que este no respetó su decisión de oponerse a la construcción de la planta.

El conflicto se ha prolongado desde 2018 en distintos procedimientos judiciales. De acuerdo con el abogado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó realizar una consulta después de anular una autorización de impacto ambiental. Posteriormente, las autoridades emitieron una nueva autorización, que también fue impugnada por las comunidades.

Tras resoluciones desfavorables en las últimas instancias nacionales, los representantes de los pueblos originarios acudieron al sistema interamericano para que examine el caso.

Alarcón advirtió que el procedimiento podría tardar alrededor de un año, mientras las obras continúan sin una suspensión judicial que las detenga. Por ahora, afirmó, el plantón de las comunidades es el principal obstáculo para que avance el proyecto.

Greenpeace pide detener el proyecto

La controversia también involucra a organizaciones ambientalistas que cuestionan los riesgos para el ecosistema y las actividades tradicionales de la región.

Ornela Garelli Ríos, directora de campañas de Greenpeace, señaló que la planta amenaza los derechos a la salud, la integridad física, la autodeterminación y el desarrollo económico de las poblaciones pesqueras e indígenas.

El pasado 7 de septiembre, activistas realizaron una protesta pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México para solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y exigir que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detenga el proyecto.

Garelli también cuestionó las versiones oficiales sobre el avance de la construcción y sostuvo que la obra no habría superado el 50 por ciento, en contraste con estimaciones que la sitúan en 95 por ciento.

Por su parte, Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de Conexiones Climáticas, advirtió que el proyecto responde a un modelo industrial vinculado al uso de gas fósil procedente de Estados Unidos, incluido el obtenido mediante fracturación hidráulica o fracking.

La activista también destacó la participación de Alemania a través del banco público KfW IPEX-Bank y de mecanismos de garantía financiera para el proyecto, cuya estructura involucra a la empresa Proman y a instituciones europeas.

Una amenaza para el territorio sagrado

Las comunidades han denunciado, además, divisiones sociales y un contexto de violencia contra quienes encabezan la resistencia. Según los testimonios recogidos, algunas lideresas cuentan con medidas cautelares y protección ante los riesgos que enfrentan.

Para Melina Maldonado, la bahía de Ohuira no es únicamente un espacio de trabajo y sustento: es parte fundamental de la cosmovisión mayo-yoreme. La construcción de la planta, advierte, pondría en riesgo tanto el ecosistema como la continuidad cultural de su pueblo.

La zona incluye un humedal de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar, lo que añade relevancia ambiental al conflicto.

Mientras la empresa y las autoridades defienden el proyecto por sus posibles beneficios económicos y productivos, las comunidades exigen que se reconozca su derecho a decidir sobre el territorio que habitan.

La llegada del caso a la CIDH abre una nueva etapa en una disputa que enfrenta inversión industrial, protección ambiental y derechos indígenas. Para los pueblos mayo-yoreme, la exigencia es clara: que su voz y su decisión sean respetadas antes de que la construcción transforme de manera irreversible su territorio ancestral.

Con información de Sanjuana Martínez/ La Jornada.