“No saben aplicar la Ley Olimpia en Yucatán”: Víctima de violencia digital -

Mérida, Yucatán.— Paloma Angélica Sarabia Lugo denunció que ella y su hija menor de edad han sido víctimas de acoso, amenazas y exposición de información privada en redes sociales, luego de que la niña fuera víctima de abuso sexual por parte de su padre.

De acuerdo con el reportaje de la periodista Sanjuana Martínez, publicado en La Jornada, la mujer acudió ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán para denunciar violencia digital y solicitar la aplicación de la Ley Olimpia. Sin embargo, asegura que un agente del Ministerio Público le respondió que no sabían cómo aplicar dicha legislación porque no tenían experiencia en este tipo de casos.

La Ley Olimpia, vigente en las 32 entidades federativas, sanciona la difusión, publicación, distribución o divulgación de fotografías, videos o audios de contenido sexual sin consentimiento. También contempla diversas formas de violencia digital que vulneran la intimidad y la dignidad de las personas.

Acusan difusión de información sobre una menor

Paloma afirma que, desde el inicio del proceso penal contra su expareja, familiares y personas cercanas al sentenciado han difundido imágenes, nombres, videos y datos relacionados con el caso. Algunas de esas publicaciones, sostiene, incluyen fotografías de su hija, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

La mujer presentó dos denuncias por violencia digital: una en representación de su hija y otra por las agresiones dirigidas contra ella. Los expedientes, según la información difundida por La Jornada, se encuentran registrados ante la Fiscalía estatal.

“Nos han acosado, violentado, acechado, amenazado y divulgado fotografías, imágenes, nombres y videos de las audiencias”, declaró Paloma Angélica en entrevista con Sanjuana Martínez.

La denunciante considera que la publicación de información sobre el proceso vulnera los derechos de la niña y contraviene el principio del interés superior de la infancia, especialmente por tratarse de un expediente relacionado con violencia sexual.

El origen del caso

Según el testimonio de Paloma, su hija comenzó a presentar infecciones y lesiones en la zona genital cuando tenía aproximadamente un año y ocho meses. Después de varias consultas médicas, la menor fue sometida a estudios para detectar infecciones de transmisión sexual.

La madre relató que, tras recibir asesoría legal y psicológica, presentó una denuncia penal en diciembre de 2021. Posteriormente, la niña rindió testimonio en una sala especializada para personas en condición de vulnerabilidad.

El padre fue detenido en junio de 2024 y sentenciado por abuso sexual equiparado agravado. La resolución fue impugnada por la defensa y, de acuerdo con la información citada por La Jornada, la pena fue modificada en segunda instancia.

Como parte del proceso, Paloma también enfrentó denuncias presentadas por su expareja y un litigio relacionado con la guardia y custodia de la menor. La mujer calificó el procedimiento como revictimizante y aseguró que las agresiones digitales comenzaron después de la sentencia.

Familiares defienden al sentenciado

Familiares del hombre condenado han sostenido públicamente que él es inocente y que la acusación en su contra fue falsa. Una de sus familiares declaró que el proceso fue producto de una denuncia por despecho y que las pruebas favorables al acusado no fueron tomadas en cuenta.

Estas declaraciones han sido difundidas en redes sociales junto con mensajes contra Paloma, la jueza que intervino en el proceso, especialistas y otras personas relacionadas con el caso.

La denunciante acusa que diversas páginas y perfiles han compartido contenidos que permiten identificar a la menor y que, además, han utilizado el caso para promover campañas contra madres denunciantes.

Piden investigar la violencia digital

Paloma sostiene que la falta de capacitación de las autoridades ha impedido que las denuncias avancen con rapidez.

“Me dicen que no tienen experiencia, que no están capacitados y que no saben qué es la Ley Olimpia”, relató en la entrevista retomada de La Jornada.

También afirmó que ha tenido que utilizar parte de su patrimonio para cubrir gastos legales y atención psicológica para su hija.

La mujer exige que se investigue a quienes presuntamente han participado en la difusión de información privada, así como que se implementen medidas de protección para evitar nuevas agresiones contra ella y la menor.

“Yo soy el único sostén de mi hija. Al desprestigiarme también afectan sus recursos y su bienestar”, declaró.

Hasta el momento, el caso evidencia los retos que persisten en Yucatán para investigar la violencia digital, proteger a las víctimas y evitar la difusión de información que pueda generar una nueva forma de revictimización.

Crédito de la información: Reportaje de Sanjuana Martínez publicado en el periódico La Jornada.