Monterrey, el 'basurero' de EU; México y Canadá recibe mayoría de residuos industriales peligrosos: Vito Saint Germain -

The Guardian, diario británico respetado por su independencia editorial, dedicó en abril pasado un reportaje a la ciudad de Monterrey.

Para abrir boca, describe una escena que resume mejor que cualquier estadística lo que ha ocurrido en el norte de Monterrey durante la última década: una escuela primaria, niños jugando en el patio, y bajo sus pies plomo en cantidades 1,760 veces superiores al umbral que Estados Unidos considera peligroso para la salud humana. La cifra fue el resultado de un muestreo de suelo realizado por un toxicólogo de la UNAM, validado por una investigación binacional de The Guardian y Quinto Elemento Lab, y reconocido —con matices— por la propia Profepa. El polvo que cae sobre Cadereyta y el norte del área metropolitana no es polvo: es la basura tóxica que la industria automotriz y siderúrgica estadounidense ya no quiere procesar en casa.

Conviene decirlo sin medias tintas, la empresa Zinc Nacional, por ejemplo, no apareció de la nada. Existe porque hay una arquitectura legal —tratados, excepciones regulatorias, costos de disposición más bajos al sur del río Bravo— que permite que el polvo de horno de arco eléctrico, subproducto altamente tóxico del reciclaje de autos y electrodomésticos en Estados Unidos, cruce la frontera hacia Nuevo León.

Bajo la ley estadounidense, quien genera un residuo peligroso es responsable de él “de la cuna a la tumba”. Pero esa responsabilidad, en la práctica, llega solo hasta la aduana. Una vez que el residuo cruza, Washington pierde jurisdicción y el problema se convierte, jurídica y moralmente, en un asunto mexicano.

Esto no es una falla del tratado de libre comercio: es una externalidad que el propio diseño del T-MEC nunca resolvió. Mientras el tratado blinda flujos de inversión, autopartes y reglas de origen con minuciosidad notarial, la gestión de residuos peligrosos transfronterizos sigue dependiendo de convenios ambientales mucho más débiles y de una Profepa que, según la propia nota de The Guardian, ha visto su presupuesto recortado casi a la mitad en una década. Es la paradoja de la integración norteamericana: armonizamos aranceles, pero no con la salud pública ni con el cuidado medio ambiental. El senador Waldo Fernández anuncia ahora una reforma para frenar la importación de ciertos residuos “no ambientalmente benéficos”. Bienvenida, pero tardía: llega después de que una escuela primaria sirvió, sin saberlo, de laboratorio involuntario.

Aquí es donde el editorial de The Guardian dejó de mirar hacia el norte y volteó hacia Palacio de Gobierno. Porque mientras la responsabilidad de origen es estadounidense y la corrección regulatoria es federal —Semarnat, Profepa—, la administración del territorio, la zonificación industrial junto a zonas habitacionales, y la vigilancia cotidiana de lo que respiran los regiomontanos, son asuntos que también le competen al gobierno de Nuevo León. En 2024, la entidad tuvo apenas 85 días de aire “bueno”; los otros 281 superaron los límites que marca la propia ley mexicana. Eso no es una anomalía meteorológica: es una política de Estado, o la ausencia de una.

Las Importaciones de residuos peligrosos de EU a Nuevo León a Cifras de 2023 sumaron 39,430 toneladas de las 40,284 toneladas es decir, el estado concentró el 98% de todo lo que EU exportó a México ese año por transferencias peligrosas estadounidenses que llegaron a México en 2023 —. Esto significa que Nuevo León debe procesar prácticamente la totalidad de las 110 toneladas de residuos contaminantes que, en promedio, cruzan la frontera rumbo a México cada día. Zinc Nacional, en San Nicolás, recibió el 88% (34,610 toneladas) de los residuos contaminantes estadounidenses que llegaron al estado. Prácticamente toda la importación fue para reciclaje.

En 2022 específicamente, Zinc Nacional recibió alrededor de 181,400 toneladas de polvos de acería (esta cifra es mayor porque incluye más categorías de polvos que el dato de «transferencias peligrosas» de la CCA).

Regionalmente, en Coahuila se cuenta con la empresa Ecolimpio, del grupo Calmart, dirigida por Alfredo Apess y Daniel Calvert dedicada, no sin tener que vencer infinidad de trabas del propio gobierno federal, al confinamiento y neutralización de este tipo de residuos, que podría servir de apoyo, aunque por el volumen se necesita hacer más, mucho más para apoyar este tipo de esfuerzos para el crecimiento en este sector en todo el país.

El gobierno Tik Tokero de Samuel García y su esposa influencer, “Marianis”, cómo él se refiere a ella, ha construido su narrativa en torno a la inversión extranjera, el nearshoring y los anuncios de plantas nuevas como medalla de éxito administrativo. Es una narrativa legítima y, en parte, con resultados reales. Pero el nearshoring tiene un reverso que no aparece en las conferencias de prensa: Monterrey no solo fabrica para el mercado estadounidense, también recicla y procesa lo que ese mercado ya no quiere. El crecimiento industrial sin una autoridad ambiental estatal robusta, que en vez de extorsionar empresas establezca estándares de zonificación que separen plantas de procesamiento de metales pesados de escuelas y colonias populares, no es desarrollo: es subsidio ambiental disfrazado de progreso, pagado con la mala salud de los pulmones de los nuevoleoneses de Cadereyta y de toda la zona metropolitana de Monterrey. Por cierto, la afectación de la contaminación por residuos peligrosos es de los más igualitario en esta sociedad donde las diferencias sociales se marcan constantemente, aquí no hay clase social que se escape, de hecho, San Pedro Garza García, el municipio más “fresa”, recibe a diario un baño de contaminación nada envidiable debido a la orientación dominante de los vientos que llegan a la ciudad. El Grupo de las 6 lo planteó sin ambigüedad al hablar de “delitos ambientales que amenazan la salud y la vida”, y al señalar que las empresas involucradas tienen sobrados recursos para adoptar tecnología limpia y, sin embargo, no lo han hecho. La frase de una de sus fundadoras merece quedar como epígrafe de este capítulo regiomontano: no importa si eres rico o pobre, en el área metropolitana de Monterrey, toda la población respira la misma factura ambiental.

La pregunta que el gobierno estatal en “modo party” todavía no responde con claridad es simple: ¿qué hizo, qué dejó de hacer, la autoridad ambiental de Nuevo León mientras estos niveles de contaminación se acumulaban año tras año, mucho antes de que un periódico extranjero tuviera que venir a documentarlo?

El anuncio de Profepa —multa de 4.8 millones de dólares, 24 medidas correctivas, una red de monitoreo atmosférico “la primera de su tipo en América Latina”— es, sin duda, un avance. Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), tuvo razón en llamarlo un parteaguas en la forma de inspeccionar a la industria. Pero hay una distancia considerable entre remediar el terreno de una planta y remediar la vida de quienes viven junto a ella. Los vecinos de Zinc Nacional, agrupados durante el último año para exigir respuestas, lo han dicho con una claridad que ningún funcionario ha logrado igualar: el acuerdo atiende la contaminación dentro de los límites de la empresa, no la que ya está en el patio de la escuela primaria ni en la tierra donde juegan sus hijos.

Esa es la verdadera prueba de la justicia ambiental, no el boletín de prensa, sino la transparencia de los datos en tiempo real, el acceso ciudadano a las mediciones, y plazos exigibles que no dependan de la buena voluntad de la siguiente administración.

Esta historia tiene tres responsables que no se excluyen entre sí. Estados Unidos, por exportar el problema en lugar de resolverlo en casa, aprovechando un vacío que el propio T-MEC nunca cerró. El gobierno federal mexicano, que actúa —tarde, pero actúa— solo después de que una investigación periodística binacional lo obligó políticamente a hacerlo. Y el gobierno de Nuevo León, que ha preferido narrar el crecimiento industrial sin asumir con la misma fuerza discursiva el costo ambiental que ese crecimiento ha tenido para sus propios ciudadanos.

El reto, de cara a 2027 pasa por este problema. ¿Qué proyecto político en Nuevo León está dispuesto a poner la calidad del aire y la salud de las comunidades en el centro de su oferta, en lugar de tratarla como un tema incómodo que se resuelve con un comunicado de Profepa y una foto con casco de obra? Nuevo León necesita, literalmente, respirar.