Maru Campos y Rubén Rocha ante la FGR, justicia y maniobra: Vito Saint Germain -

Los citatorios simultáneos de la Fiscalía revelan más sobre los cálculos políticos del oficialismo que sobre la búsqueda de verdad jurídica.

Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) emite en un mismo fin de semana dos citatorios que apuntan, en apariencia, en direcciones opuestas del mapa político mexicano, conviene detenerse para interrogar la simetría. El llamado simultáneo a declarar a Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, y a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa —este último ya separado del cargo bajo licencia—, puede ser leído por amplios sectores como un ejercicio de «control de daños» antes que como una genuina acción de justicia.

I. El sustento legal: asimetría que los números no ocultan

El operativo del 19 de abril en el municipio chihuahuense de Morelos, donde murieron dos presuntos agentes de la CIA en un accidente vehicular, abrió un frente legal que Morena ha intentado convertir en palanca política. La bancada del partido en el poder y su dirigencia nacional arguyen tres cargos formales contra la gobernadora: violación a la Ley de Seguridad Nacional, afectación a la soberanía y presunta omisión institucional por no coordinar con el gabinete federal.

La defensa de Campos es técnicamente sólida en un punto central: la administración estatal sostiene que desconocía el vínculo de los fallecidos con la agencia estadounidense, y que el control migratorio de ciudadanos extranjeros en territorio nacional es, por ley, responsabilidad federal. No del gobierno de Chihuahua.

El contraste con el caso Sinaloa es elocuente. La siguiente tabla resume las diferencias sustanciales entre ambas situaciones jurídicas:

Criterio	Chihuahua (Maru Campos)	Sinaloa (Rubén Rocha Moya)
Calidad ante la FGR	Testigo. Accidente fatal con agentes de la CIA.	Testigo, con licencia del cargo. Dos exsecretarios ya entregados a la justicia de EE.UU.
Origen del conflicto	Operativo antidrogas local. Conflicto de competencias.	Señalamientos del gobierno de EE.UU. por presuntos nexos con Los Chapitos.
Gravedad institucional	Disputa por competencias y soberanía entre órdenes de gobierno.	Acusaciones de colusión y conspiración con crimen organizado calificado de terrorista para asesinar ciudadanos norteamericanos.
Situación política	Activa en funciones. Acusa persecución política.	Separado del cargo. Colaboradores clave ya bajo custodia estadounidense.

II. Tres objetivos políticos detrás de un «empate» artificial

La sincronía de los citatorios —emitidos el mismo fin de semana bajo la dirección de Ernestina Godoy al frente de la FGR— no es fruto del azar procesal. La coincidencia temporal, que tiene lugar mientras la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, anuncia movilizaciones y recolección de firmas, refuerza la percepción de que el aparato de justicia penal opera alineado con la agenda electoral del partido en el poder.

El movimiento persigue, al menos, tres objetivos políticos identificables:

Neutralizar el impacto del caso Sinaloa. Construir un contrarrelato de «injerencia extranjera» en territorio panista diluye, en la opinión pública, el escándalo internacional que rodea a Rocha Moya y la crisis de seguridad en Sinaloa.

Enviar una señal a Washington. El expediente chihuahuense se convierte en palanca diplomática para expresar incomodidad ante las operaciones encubiertas que agencias estadounidenses realizan en suelo mexicano —un diferendo histórico y nunca resuelto en la relación bilateral.

Desgastar un bastión de oposición. Chihuahua es uno de los polos panistas más sólidos del país. Un proceso que coqueteé con el desafuero o la inhabilitación erosiona la marca del PAN y acondiciona el terreno de cara a la próxima contienda electoral.

III. El fuero, el 27 de mayo y los límites de la narrativa

A pesar de la retórica parlamentaria y la presión mediática, el camino legal hacia un desafuero o juicio político real contra Maru Campos es técnicamente tortuoso. Requiere mayorías calificadas en el Congreso y, sobre todo, probar un dolo directo en la violación a las leyes federales, lo que —hasta hoy— permanece firmemente en el terreno de la disputa narrativa, no en el de la evidencia judicial.

Pero también produce un efecto contrario no esperado, la difusión de la imagen de Maru Campos a nivel nacional por la campaña que busca desprestigiarla ha posicionado como un activo político que el PAN no tenía antes de este periplo, de tal intensidad es el encono hacia ella que el INE podría acusar ante el tribunal federal electoral a Morena por actos anticipados de campaña en favor de la gobernadora por difundir su figura a nivel nacional con una narrativa de desprestigio que lo que ha conseguido es darle lo contrario, prestigio

Maru Campos, que cuenta con fuero constitucional, ha confirmado que acudirá el 27 de mayo a las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez para rendir su entrevista. Esa comparecencia, calculada y visible, es también un gesto político: señala que no huye del proceso, sino que lo enfrenta desde la legalidad —y desde el relato de persecución que, en el corto plazo, puede rendirle dividendos electorales entre el electorado opositor.

Conclusión: la justicia como arena política

México es una vez más escenario de una paradoja institucional: en el mismo momento en que un gobernador aliado del partido gobernante enfrenta acusaciones internacionales por vínculos con el crimen organizado, la fiscalía federal dirige sus reflectores con igual intensidad —al menos en las formas— hacia una gobernadora opositora cuyo delito no trasciende, por ahora, de una disputa por competencias. La simetría mediática existe; la simetría jurídica, no.

El mensaje para empresarios, inversionistas y partidos de oposición es fatal porque vuelve dejar perfectamente en claro que la justicia en México es un ariete del gobierno, manejado en la práctica a su antojo, su producto es un inseguro y pésimo ambiente para invertir.

Cuando los tiempos procesales coinciden demasiado exactamente con los tiempos electorales, la ciudadanía tiene razón en preguntar: ¿a quién sirve realmente esta justicia?