Madres denuncian despojo de sus hijos en la CDMX -

Ciudad de México.— Decenas de mujeres en la capital del país denuncian haber sido despojadas de sus hijos mediante prácticas legales irregulares, corrupción y omisiones por parte del Poder Judicial y la Fiscalía de la Ciudad de México, en casos que evidencian la persistencia de la violencia vicaria y la desprotección institucional.

De acuerdo con el reportaje de la periodista Sanjuana Martínez, publicado en La Jornada (3 de mayo de 2026), testimonios de víctimas revelan un patrón de decisiones judiciales que favorecen a los agresores, incluso en contextos donde existen antecedentes de violencia familiar.

Uno de los casos más representativos es el de Paola Domínguez Ramos, quien lleva seis años sin ver a sus hijos tras perder la custodia en un proceso que califica como irregular. Bajo el expediente 1051/2017 en el Juzgado 8 de lo Familiar, su ex esposo obtuvo la guarda y custodia en circunstancias que ella considera sospechosas, y desde 2020 le ha impedido cualquier convivencia con los menores.

“Me robaron el derecho a ser madre”, afirma Domínguez, quien acusa que su caso ha sido frenado por dilaciones, pérdida de expedientes y falta de actuación de las autoridades. “Pareciera que los juzgados son atendidos por los abogados de los agresores”, denuncia.

El reportaje señala que no se trata de un caso aislado. Mujeres como Marsha Marion Martínez Guajardo, Carla Pérez Abedrop y Elena Lozanova también han denunciado irregularidades, mala praxis y posibles actos de corrupción por parte de jueces, magistrados y funcionarios de la fiscalía capitalina.

En el caso de Marsha Marion, su exesposo —quien, según el testimonio, cuenta con antecedentes de violencia familiar e incluso está fichado por las autoridades estadunidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico. — logró que le retiraran la patria potestad de sus hijos, pese a existir sentencias en su contra. La víctima relata que fue obligada a convivir en audiencias con su agresor, mientras autoridades minimizaban la violencia sufrida con frases como “no es para tanto”.

Tras una larga batalla legal y la interposición de amparos, logró recuperar a sus hijos; sin embargo, asegura que su vida sigue en riesgo ante amenazas persistentes.

Otro caso es el de Carla Pérez Abedrop, sobreviviente de cáncer de mama, quien denunció haber sido víctima de violencia psicológica, económica y vicaria. Según su testimonio, su ex pareja utilizó recursos legales y presuntas influencias para despojarla de bienes y de la custodia de sus hijos, además de incumplir con la pensión alimenticia.

El trabajo periodístico también documenta señalamientos directos contra funcionarios del sistema judicial, incluyendo jueces, magistrados y fiscales, a quienes las denunciantes acusan de actuar en contubernio con abogados de los agresores o de incurrir en negligencia sistemática.

Las víctimas coinciden en que el denominado “interés superior del menor” no se ha garantizado en sus casos, y que, por el contrario, los procesos han derivado en la separación prolongada de madres e hijos, con afectaciones emocionales profundas.

Este panorama, expuesto en La Jornada, pone sobre la mesa la urgencia de revisar los mecanismos de impartición de justicia en materia familiar, así como de fortalecer las políticas públicas para atender la violencia vicaria, una forma de agresión que utiliza a los hijos como instrumento para dañar a las mujeres.

Créditos: Con información de la periodista Sanjuana Martínez, publicada en La Jornada, 3 de mayo de 2026, página 9.