Nuevo León en la encrucijada: por qué Movimiento Ciudadano no debe volver a gobernar? Vito Saint Germain -

Nuevo León llega a la recta final del sexenio de Samuel García Sepúlveda con una deuda que va más allá de las finanzas públicas: es una deuda de credibilidad, de institucionalidad y de proyecto. En pocos meses, el estado habrá de decidir si continúa el experimento fallido de Movimiento Ciudadano o si apuesta por una renovación. La decisión de 2027, en sentido estricto, es una decisión sobre el tipo de Estado que Nuevo León quiere ser.

I. El origen de una promesa rota

Samuel García llegó a la gubernatura en octubre de 2021 montado en una ola de hartazgo legítimo. El electorado neoleonés, históricamente bipartidista, le dijo no al PRI y al PAN después de décadas de alternancia. El gobernador saliente, Jaime Rodríguez Calderón «El Bronco», había terminado su mandato bajo una nube de críticas; abandonó el cargo para lanzarse a una candidatura presidencial independiente que se leyó no como un acto de convicción sino como maniobra para fragmentar el voto opositor.

En ese contexto, Samuel García representaba algo diferente: juventud, frescura, alejamiento de la “vieja política”. Algunas de sus primeras acciones como la persecución judicial de El Bronco por el desvío de recursos públicos en el caso de las «broncofirmas» tenían fundamento: desde 2018, el entonces senador García había denunciado que el gobernador obligó a más de 571 servidores públicos a recolectar firmas en horario laboral. Cuatro años después, la detención de Rodríguez Calderón en marzo de 2022 parecía un signo de que las cosas cambiarían.

Cambiaron… para mal.

II. El patrón del enriquecimiento inexplicable

Lo que comenzó como una administración con vocación de transparencia derivó, con el tiempo, en un catálogo documentado de enriquecimiento que los abogados fiscalistas han calificado de difícilmente explicable a la luz de los ingresos de un servidor público.

En mayo de 2024, el periódico Reforma reveló que a través de su empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles —encabezada por él y su padre— García había adquirido un terreno de 17.6 hectáreas en el exclusivo cerro de la Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García, con un valor comercial estimado en 700 millones de pesos, pagado en condiciones que el gobernador intentó justificar como honorarios legales de su padre cobrados en especie. En diciembre del mismo año, otra investigación reveló la adquisición de un segundo activo: un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, colindante con Linares, Nuevo León, con valor comercial de unos 800 millones de pesos, que incluye dos represas, alberca, áreas sociales, sala de trofeos con animales exóticos de caza y zona habilitada como helipuerto. Cualquier cosa más que el clásico rancho regio de fin de semana.

Lo que hace este segundo caso particularmente grave no es solo la magnitud del patrimonio, sino la coincidencia con que el rancho fuera registrado apenas dos días después de que la administración de García adjudicara al consorcio liderado por la constructora Garza Ponce un contrato por más de 7,000 millones de pesos para ampliar las líneas 4 y 6 del Metro —la misma empresa que el gobierno había «perdonado» por fallas estructurales detectadas años antes. Un contrato que adicionalmente ya enfrenta señalamientos por un incremento no justificado de 7,000 a 12,000 millones de pesos.

Ante las primeras revelaciones, García respondió con la fórmula que lo ha caracterizado: el escándalo en redes, la promesa teatral. «Si alguien demuestra que compré ese terreno, renuncio», declaró. Nadie renunció.

III. La arquitectura de la impunidad electoral

El expediente de irregularidades electorales de Samuel García comenzó antes de que tomara posesión y no ha dejado de crecer. Desde su campaña de 2021, el INE documentó y sancionó a Movimiento Ciudadano con 55 millones de pesos por no reportar como gasto de campaña la promoción que su esposa, Mariana Rodríguez, realizó en sus redes sociales —donde una historia de Instagram tenía un valor comercial de mercado de 8,500 pesos. Además, otra investigación reveló un esquema de triangulación en el que familiares del gobernador canalizaron más de 14 millones de pesos al partido a través de empresas con características de fachada.

Ya como gobernador, Samuel García convirtió los recursos públicos y su investidura en instrumentos de promoción personal y electoral de forma sistemática. Para las elecciones de junio de 2024, en las que Mariana Rodríguez buscaba la alcaldía de Monterrey, la oposición presentó más de 60 denuncias electorales documentadas por violaciones flagrantes: el gobernador apareció en eventos oficiales portando camisetas de campaña de su esposa; funcionarios estatales de primer nivel asesoraban en horario de oficina a la candidata; el propio mandatario llamaba públicamente al voto a favor de MC.

A todo ello se sumó un elemento denunciado con documentos por la candidata del PRI, Lorena de la Garza: la candidatura de Mariana Rodríguez estaba basada en una falsedad de origen. Desde pequeña, Mariana ha residido en San Pedro Garza García — nunca en Monterrey, cuya alcaldía buscaba. El requisito de residencia fue cubierto, según los denunciantes, mediante dos testigos que certificaron falsamente su domicilio en la capital.

IV. Gobernar sin proyecto: el legado de la “cacocracia”

Más allá de los escándalos puntuales, el sexenio de García exhibe algo aún más dañino en el largo plazo: la ausencia de un proyecto de gobierno coherente para una de las regiones más complejas y dinámicas del país.

Nuevo León enfrenta una triada de retos estructurales que ninguna red social puede resolver: una crisis de movilidad urbana que asfixia su área metropolitana; niveles de contaminación que comprometen la salud pública; e inseguridad que, aunque mejor que el promedio nacional, sigue siendo un freno para la calidad de vida. En los tres frentes, el gobierno de García no ha ofrecido soluciones sistémicas.

El caso más emblemático es el metro: la ampliación de las líneas 4 y 6, encomendada a la constructora en circunstancias cuestionadas, se desarrolla en un contexto de grave estrechez presupuestal. El gobernador omitió presentar el paquete fiscal de 2023 y repitió la omisión en 2024, lo que motivó que el Congreso local iniciara un juicio político en su contra. La Auditoría Superior del Estado emitió una opinión «desfavorable adversa» sobre los estados financieros de 2023. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 257 millones de pesos en las cuentas públicas de 2022 y 2023.

A esto se añade el manejo discriminatorio del presupuesto estatal, denunciado por municipios gobernados por la oposición, y las denuncias de extorsión provenientes del sector empresarial —el mismo que históricamente ha sido el pilar del desarrollo neoleonés. El resultado es un estado que marcha por inercia institucional y empresarial, no por impulso gubernamental.

V. La continuidad disfrazada: los candidatos del círculo íntimo

Ante este panorama, Movimiento Ciudadano se apresta a disputar la gubernatura de 2027 con candidatos que, lejos de representar un cambio, son proyecciones del mismo proyecto político. Las encuestas de abril de 2026 muestran un empate entre Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio Riojas como los perfiles más fuertes de MC.

Ambos son el mismo producto con distinto envoltorio. Mariana Rodríguez es, ante todo, la continuidad orgánica del gobierno de Samuel García: su campaña a la alcaldía de Monterrey fue financiada con recursos públicos disfrazados de actos oficiales, y su perfil político es inseparable del de su esposo. Una gubernatura de Mariana sería, en los hechos, un segundo mandato de Samuel García —con toda la impunidad que eso implica: los expedientes de enriquecimiento sin investigar, los contratos cuestionados sin consecuencias, los vínculos empresariales nunca aclarados.

Luis Donaldo Colosio Riojas ofrece una imagen más institucional, pero es igualmente un producto del entramado de MC en Nuevo León. Su candidatura respondería a la misma lógica: continuidad, control y, sobre todo, protección del gobernador saliente frente a cualquier proceso de rendición de cuentas. Una gubernatura de Colosio haría prácticamente imposible que los señalamientos sobre el patrimonio de García, los contratos irregulares y las violaciones electorales lleguen alguna vez a una instancia judicial.

Las consecuencias de que MC repita son, en síntesis, tres: impunidad garantizada para la administración de García; perpetuación de un modelo de gestión pública sin visión metropolitana y con la lógica del manejo político de los recursos; y el agotamiento definitivo de la confianza ciudadana en la posibilidad de que las instituciones neoleonesas rindan cuentas.

VI. Los retos de quienes pueden ofrecer una alternativa real

La elección de 2027 no es solo un voto contra algo. Es, o debería ser, un voto a favor de una visión. Los perfiles que hoy se perfilan desde la oposición y desde Morena tienen trayectorias distintas, con fortalezas y deudas propias que vale la pena examinar con honestidad.

Tatiana Clouthier es el nombre más visible en las encuestas internas de Morena, con una formación política que va del activismo ciudadano a la coordinación de una campaña presidencial y la conducción de la Secretaría de Economía. Su comprensión del entorno empresarial es genuina y su perfil puede tender puentes entre el gobierno federal y la comunidad de negocios regiomontana. Su reto principal: construir una agenda propia para Nuevo León que no sea una extensión de la narrativa federal, y demostrar que puede gobernar el estado más fiscalmente demandante del norte sin el andamiaje del presupuesto federal como muleta.

Adrián de la Garza lleva años acumulando capital político. Dos veces alcalde de Monterrey, ex procurador del estado conoce la institucionalidad neoleonesa desde adentro. Tiene experiencia real de administración en un municipio de la complejidad de Monterrey y ha logrado construir una imagen de gestor eficiente. Su desafío es sacudirse el peso del PRI histórico y articular una propuesta metropolitana cercana a organizaciones ciudadanas y a lo mejorcito del PAN. Nuevo León necesita un gobernador que piense en el estado de 2040, no solo en el presupuesto de 2028.

Andrés Mijes representa un perfil diferente: alcalde de Escobedo, municipio de fuerte crecimiento industrial y poblacional, con una narrativa de proximidad y resultados concretos. Las encuestas lo califican consistentemente bien en dimensiones de honestidad, cercanía y capacidad de gobierno. Su reto es escalar ese capital político local a un discurso estatal creíble, y demostrar que tiene la estructura y la visión para gobernar una entidad que es, en términos de PIB y complejidad, equivalente a varios países centroamericanos.

Los tres comparten una responsabilidad: no pueden llegar a la gubernatura sin una agenda explícita para los grandes problemas estructurales del estado. Movilidad metropolitana, con un modelo de transporte masivo que Nuevo León requiere en los próximos 20 años. Calidad del aire, con estándares de emisión vinculantes para la industria y el transporte. Seguridad, como política pública evaluable. Y una reforma de las finanzas estatales que rompa con la dependencia de la federación y con el uso político del presupuesto como instrumento de control territorial.

VII. Conclusión: el voto como auditoría ciudadana

Hay elecciones que son rutinas democráticas y hay elecciones que son momentos de definición. La de Nuevo León en 2027 será de las segundas.

Permitir que Movimiento Ciudadano retome la gubernatura —sea con Mariana Rodríguez, con Luis Donaldo Colosio, o con cualquier otro candidato del círculo García— equivale a validar un modelo de gobierno que ha demostrado ser incapaz de separar el interés público del privado, que ha usado el poder para enriquecerse, que ha violado sistemáticamente las reglas electorales y que ha abandonado a la ciudadanía neoleonesa en sus demandas más elementales de movilidad, seguridad y calidad de vida.

Nuevo León merece una gubernatura que esté a la altura de su sociedad civil, de su comunidad empresarial, de sus universidades y de su clase trabajadora. Merece un gobernador o gobernadora que llegue con un proyecto, con un presupuesto honesto y con la disposición de rendir cuentas —no de huir de ellas.

La elección de 2027 es la oportunidad de hacer exactamente eso: una auditoría ciudadana a seis años de experimento fallido. Y también, si se elige bien, el inicio de una recuperación real.