Juicio político contra Samuel dependerá de la complicidad y corrupción que manejan los políticos de NL -

En el sistema político mexicano, la corrupción, impunidad, colusión y complicidad se da con mucha naturalidad, ya que los políticos de cualquier partido están dispuestos a cometer actos ilícitos, ya que siempre van a encontrar cómplices y alguien dispuesto a recibir un bono sustancioso, para cometer el acto, proteger a sus actores, lograr la impunidad y con esos favores, mantenerlos en el archivo, pues se pueden requerir, para usarlos a favor o encontrar de sus adversarios.

Tal es el caso del gobernador Samuel García, quien ha actuado bajo el amparo de esa formula: corrupción, impunidad, colusión y complicidad.

El eventual juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, podría definirse por el sentido del voto de los diputados de Morena, ya que las bancadas del PRI y PAN, impulsoras del procedimiento junto con otros partidos, requerirían al menos cinco votos morenistas para alcanzar la mayoría calificada necesaria en el Pleno.

La Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobó continuar con el procedimiento por mayoría, mientras que Movimiento Ciudadano, partido del mandatario estatal, se mantiene como el principal bloque opositor al juicio político.

El estatus del posible proceso de juicio político contra Samuel, es el siguiente:

De acuerdo con la integración actual del Congreso, PAN, PRI, PRD, PT y PVEM sumarían alrededor de 23 votos, por lo que el respaldo de una parte de la bancada de Morena sería determinante para alcanzar los 28 sufragios requeridos, la cual es mayoría constitucional.

Entre los legisladores morenistas, la diputada Grecia Benavides respaldó el avance del procedimiento en la Comisión Anticorrupción, mientras que el coordinador de la bancada, Mario Soto, y el diputado Rodrigo Montemayor no participaron en dicha sesión, situación que generó cuestionamientos por parte de legisladores de oposición.

Hasta el momento, ningún diputado de Morena ha manifestado públicamente que votará en contra del juicio político; sin embargo, persisten diferencias internas sobre la ruta que deberá seguir la bancada.

Las acusaciones contra Samuel García se relacionan con presuntas triangulaciones de recursos públicos, conflictos de interés y beneficios a despachos vinculados con personas cercanas al gobernador. No obstante, hasta ahora no existe una sentencia judicial firme ni una resolución definitiva de las autoridades ministeriales que acrediten dichas conductas.

Analistas, observadores y políticos de varios colores, señalan que el juicio político es un mecanismo de carácter político y administrativo, por lo que no requiere una condena penal previa. Sin embargo, advierten que cualquier resolución aprobada por el Congreso podría ser impugnada ante tribunales federales y eventualmente llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este contexto, analistas consideran que la viabilidad política del procedimiento es mayor que la fortaleza jurídica de las acusaciones, por lo que el desenlace dependerá tanto de la correlación de fuerzas en el Congreso como de las resoluciones que emitan las instancias judiciales.

Por ahora, Movimiento Ciudadano mantiene su defensa de Samuel García y sostiene que las acusaciones forman parte de una confrontación política con las fuerzas opositoras, mientras que los promoventes del juicio aseguran contar con elementos suficientes para acreditar violaciones graves al interés público.

Irá viniendo, iremos viendo como las fuerzas de poder en el congreso, poder judicial y por supuesto en el ejecutivo, medirán sus músculos para ver quien gana. Lo que si podemos afirmar, es que la justicia y el bien común no aparecerán nunca. Es decir la ciudadanía esta huérfana y alejada de la aplicación de la justicia.