Sinaloa; la inseguridad expulsa empresas y el gobierno pierde la confianza: Martha Reyes COPARMEX
La presidenta de COPARMEX Sinaloa, Martha Reyes, ha puesto cifras a una tragedia que ya no puede ocultarse con discursos oficiales. Según el organismo empresarial, la violencia y la ausencia de un verdadero Estado de derecho han provocado el cierre de aproximadamente 5 mil empresas y la pérdida de 27 mil empleos formales en la entidad.
No se trata únicamente de estadísticas. Detrás de cada empresa que baja la cortina hay familias que perdieron su patrimonio; detrás de cada empleo cancelado hay hogares que enfrentan incertidumbre. Cuando los empresarios afirman que trabajan bajo un clima de anarquía, están describiendo un escenario donde la autoridad ha dejado de garantizar lo más elemental: la seguridad y el cumplimiento de la ley.
La exigencia de COPARMEX hacia los gobiernos estatal y federal es clara: recuperar el orden, combatir la impunidad y devolver las condiciones mínimas para producir, invertir y generar empleo. Sin seguridad no hay desarrollo económico, y sin Estado de derecho no existe confianza para arriesgar capital.
El caso de Sinaloa plantea preguntas inevitables. ¿Cuánto tiempo más podrán resistir las empresas que aún permanecen abiertas? ¿Cuántos empleos más deberán perderse antes de que las autoridades modifiquen una estrategia que, a juicio del sector productivo, no ha logrado contener la violencia? ¿Puede un gobierno presumir estabilidad económica cuando miles de negocios han desaparecido?
La economía no se destruye únicamente por las crisis financieras; también se derrumba cuando el miedo sustituye a la certeza jurídica. Ningún inversionista apuesta por un lugar donde la violencia marca los horarios de trabajo, donde la extorsión amenaza la rentabilidad y donde la impunidad desalienta cualquier proyecto de crecimiento.
La advertencia de Martha Reyes no es un posicionamiento político, sino un diagnóstico de quienes todos los días generan riqueza y empleo. Ignorarlo sería aceptar que el cierre de miles de empresas y la pérdida de decenas de miles de empleos forman parte de una nueva normalidad.
La verdadera pregunta ya no es si Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad. La evidencia indica que también enfrenta una profunda crisis de gobernabilidad. Y mientras las autoridades no recuperen el control, la factura la seguirán pagando los trabajadores, los empresarios y las familias sinaloenses.
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