Presentan acción colectiva contra incrementos en tarifas de agua
Monterrey, N.L. Integrantes del denominado “Grupo de las Seis”, en representación de usuarios domésticos de la Zona Metropolitana de Monterrey, presentaron una acción colectiva ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León en contra de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) y autoridades estatales, por los aumentos aplicados a las tarifas de agua desde 2021 que, aseguran, han superado los niveles de inflación registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las promoventes señalaron que la demanda busca proteger los derechos de los usuarios domésticos frente a incrementos que consideran excesivos y carentes de una justificación transparente para la ciudadanía.
Entre las principales peticiones presentadas ante el juzgado destacan la declaración de ilegalidad e inconstitucionalidad de los aumentos tarifarios que excedan la inflación acumulada; la suspensión de futuros ajustes por encima de ese indicador mientras se resuelve el juicio colectivo; y el establecimiento de un límite anual para los incrementos, equivalente a la inflación registrada el año previo.
Asimismo, solicitaron la restitución o acreditación a favor de los usuarios de los montos cobrados en exceso por concepto de tarifas domésticas.
La acción colectiva también plantea la necesidad de reformar la fórmula de actualización tarifaria, con el fin de que sea pública, clara y verificable, mediante modificaciones legislativas que corresponderían al Congreso del Estado.
De igual forma, se pide que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey publique mensualmente, en lenguaje accesible para la ciudadanía, las variables utilizadas para determinar los ajustes tarifarios, así como ejemplos de cálculo que permitan a los usuarios comprender la forma en que se determinan los cobros.
Los integrantes del grupo promovente sostuvieron que el acceso al agua constituye un derecho humano fundamental y señalaron que la gestión tarifaria debe regirse por criterios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
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