“El compló perfecto”: violar la ley en tiempo y forma: Vito Saint Germain -

Samuel García, controvertido gobernador de Nuevo León, hizo de un hábito personal una pública habilidad artística: nunca rompe la ley. Le da la vuelta con tanta elegancia que termina pareciendo un ilusionista jurídico haciendo trampa frente a un réferi que aplaude. Cada vez que El Norte y Reforma publican una nueva pieza del rompecabezas —el rancho de Burgos, el terreno del Cerro de la Corona, los 964 millones de Suministro MYR, los 82 millones a Nauka Comunicación Estratégica, los 90 millones de una empresa texana ligada al entorno de su Secretario General de Gobierno— el gobernador sale a la misma hora, con el mismo tono de indignación calculada, a decir lo mismo: “es un compló”, “es un montaje”, “es un refrito de notas viejas”. Y técnicamente, puede tener razón en un punto: ninguno de esos contratos lo firmó él personalmente.

Pero, hay que puntualizar que La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León no es un documento ambiguo. Su Artículo 44, fracciones II y III, es quirúrgico: quedan impedidos para contratar con el Estado los proveedores en cuyas empresas participen, directa o indirectamente, servidores públicos del Estado o municipios como socios mayoritarios, administradores, directores o gerentes.

Literalmente el Artículo 44 señala:

Quedan temporalmente impedidos para participar en contrataciones del Estado:

Fracción II: proveedores que tengan relación personal, familiar o de negocios con el servidor público que tiene facultad de decisión sobre la contratación, cuando del contrato pueda resultar en algún beneficio para ese servidor público, su cónyuge, parientes hasta 4º grado (consanguíneos) o 2º grado (afinidad/civiles), o para terceros con relaciones profesionales o de negocios con él, o socios/sociedades de las que el funcionario forme o haya formado parte.

Fracción III: empresas en las que participen directa o indirectamente servidores públicos del Estado o municipios, como socios mayoritarios, administradores, directores o gerentes.

Y por si alguien pensaba en construir una arquitectura de empresas-puente para esquivar el espíritu de la norma, el Artículo 4 de la misma ley lo dice sin metáforas: queda prohibido celebrar “cualquier tipo de actos jurídicos para evadir lo dispuesto en esta Ley”.

Leído así, el legislador de Nuevo León en 2006 ya había anticipado, hace dos décadas, exactamente el modelo de negocio que hoy se le atribuye al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de Samuel García y de su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

El patrón documentado por El Norte y Grupo Reforma desde marzo de 2024 hasta mayo de 2026 no es un hecho aislado: es una arquitectura que se repite con distintos nombres. Suministro MYR recibe contratos del Gobierno de Nuevo León por más de 964 millones de pesos —según reportes más recientes, la cifra acumulada con su filial supera los 1,400 millones—. MYR factura a su empresa “hermana” Jace. Jace, a su vez, transfiere 202.9 millones de pesos al despacho del gobernador bajo el concepto genérico de “honorarios profesionales”. Cuando se le preguntó, García explicó que esos eran pagos por servicios legales contratados desde 2017, cuatro años antes de ser gobernador. Que el Fiscal General del Estado, Javier Flores —designado bajo su propia administración—, determinara en julio de 2025 el inejercicio de la acción penal sobre el caso no cierra la pregunta; la traslada, simplemente, del ámbito penal al ámbito de la decencia pública, que es un tribunal con mucha memoria.

El modelo de negocio no terminó ahí. En mayo de 2026 se reveló que Nauka Comunicación Estratégica —la misma empresa que factura aproximadamente 123 millones de pesos al Gobierno de Nuevo León por publicidad digital— recibió 81.6 millones de pesos del despacho privado del gobernador para administrar su pauta en Google y YouTube, justo en el momento en que Samuel García empieza a posicionarse rumbo a 2030. Es decir: la misma empresa cobra al erario por un lado y cobra al despacho del gobernador por el otro, y ese segundo pago financia la promoción personal del funcionario que, del otro lado del mostrador, firma o supervisa los contratos que la mantienen viva. La Fiscalía General de la República abrió ya una investigación sobre una posible red que incluye procesadoras de pagos electrónicos —usadas, según los reportes, para dificultar el rastreo del dinero— y una empresa creada en Texas por un familiar del Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, que habría transferido 90 millones de pesos adicionales al mismo despacho.

A esto se suma el affaire inmobiliario: el rancho de 800 millones de pesos en Burgos, Tamaulipas, registrado a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles —empresa de García y su padre— apenas dos días después de que su gobierno adjudicara un contrato de más de 7 mil millones de pesos al consorcio liderado por la constructora Garza Ponce para la ampliación de las Líneas 4 y 6 del Metro. Y el caso del cuñado, Jorge Rodríguez Cantú, cuyas empresas de insumos médicos habrían recibido al menos cinco contratos de salud por más de 147 millones de pesos.

Lo que distingue a Samuel García de un político corrupto convencional no es la sofisticación del esquema —la triangulación vía empresa filial es de manual—, sino la teatralidad de su defensa. Cada vez responde con el mismo libreto: niega categóricamente, acusa a “la vieja política” o a una fiscalía “manejada” en su contra, recuerda que sus propiedades están en su declaración patrimonial (como si declarar su abultado enriquecimiento lo volviera legítimo), y cierra con una frase que pretende ser contundente y es, en realidad, una confesión por omisión: nunca explica por qué una empresa que es cliente de su despacho desde antes de ser gobernador multiplicó sus pagos exactamente a partir del día en que él llegó al poder, ni por qué la misma agencia de publicidad que cobra al erario también cobra a su bufete privado.

¿Eso es transparencia? Es la simulación de transparencia: mostrar el dato exacto que no compromete (la declaración patrimonial) para no tener que mostrar el dato que sí lo haría (el contrato original de honorarios de 2017, si es que existe; el organigrama real de quién controla la empresa filial). El Artículo 6 de la Ley de Adquisiciones estatal exige que en toda contratación pública “prevalezcan los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad”. García ha entendido que basta con invocar la legalidad —“todo está en mi declaración”— para no tener que demostrar la imparcialidad.

Aquí está la parte incómoda para quien quiera ver en la Ley de Adquisiciones un escudo: el Artículo 44 impide que el gobernador o sus parientes registren una empresa directamente en el Padrón de Proveedores y liciten. Pero no exige que el Gobierno del Estado audite la cadena de subcontratación de sus proveedores ya adjudicados. Una empresa teóricamente “limpia” gana la licitación; después, esa empresa puede pagarle a quien quiera —un despacho jurídico, una agencia de publicidad, un proveedor texano—, y formalmente, mientras no se acredite el dolo de evasión que prohíbe el Artículo 4, no hay automáticamente un delito de adquisiciones. El presunto fraude no vive con precisión en el texto de la ley estatal: vive en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el tipo ilícito de tráfico de influencias y en la capacidad de una Fiscalía federal para investigar toda la cadena de suministro de estas operaciones.

Ese es, exactamente, el espacio que Samuel García ha aprendido a habitar, con la comodidad de un equilibrista, a base de amparos en el terreno gris entre lo que la ley prohíbe explícitamente y lo que la ley no logró imaginar que alguien haría. No es inocencia. Es ingeniería. Como las empresas que han ganado la oportunidad de proveer al gobierno estatal hacían y hacen negocios con la empresa del gobernador después de ganar una licitación, no antes, el mandatario que vive permanentemente en modo party encuentra una rendija para autoproclamarse inocente y a continuación promocionarse en redes como un santo varón. Relajiento y cervecero, eso sí, faltaba más, máxime cuando su mejor sueño mundialista se cumplió. Holanda, “la naranja mecánica”, jugará en Monterrey tal vez con el mismo color de su partido. Nada más no olvidemos que “no era penal”, Holanda se la debe a los mexicanos.

Nuevo León no necesita que su gobernador sea un santo, como se dice en esta tierra, “no lo queremos para obispo”. Necesita que cuando se le presente una factura, un contrato y una fecha que coincide de manera sospechosa, responda con documentos y claridad, no con adjetivos y evasivas. La diferencia entre un político honesto bajo sospecha y un político cínico no está en si lo investigan —eso le pasa a cualquiera en la vida pública—; está en ser capaz, cuando se le pregunta por sus actos, de abrir los libros no cerrar la conversación haciéndose la víctima de un “compló”. Samuel García ha optado, sistemáticamente, por la segunda opción, y lo ha convertido en manual de manejo de crisis.

La pregunta que debería preocupar a los neoleoneses no es si Samuel García es culpable —eso lo dirá, una fiscalía que no le deba el cargo—. La pregunta es por qué un gobierno que se promociona como la “nueva forma de hacer política” ha terminado pareciéndose y superando en ardides tracaleros, contrato por contrato, factura por factura, exactamente a la vieja política, solo que con mejor manejo de redes sociales y un community manager pagado, aparentemente, con dinero público que entró por una puerta y salió por la de junto de la misma dependencia de gobierno.