Falla de Inteligencia, otro ángulo del Caso INE: Andrés Amaro
Para un gobernante, su interacción con las entidades autónomas es compleja. Por obligación y por prudencia, precisa respetar su integración, funcionamiento y decisiones. Incluso debe abstenerse de alterar los equilibrios y juegos internos de Poder que ahí se desenvuelven. No contenerse o forzar consensos para incidir en el liderazgo de dichos organismos puede ser peligroso para la estabilidad de éstos.
Ello puede ser más delicado en el caso de las entidades autónomas con naturaleza o antecedente de intensa actividad política, como las Universidades.
Por otro lado, de manera aparentemente contradictoria, el gobernante tiene responsabilidad política respecto a la situación y rumbo de las entidades autónomas, independientemente de si quienes las encabezan le son afines o no.
Es por eso que el debate sobre presuntos eventos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral interpela al Gobierno Federal.
Aunque no hubiera existido la situación de corrupción que hoy presumen denuncias periodísticas, el vínculo personal entre Guadalupe Taddei, exConsejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral y un proveedor era una situación altamente riesgosa para la institucionalidad del organismo. Debió ser, en sí mismo, un factor de alerta.
Los riesgos se miden en función de su potencial de daño y su momento de ocurrencia. La detonación del caso de presunta corrupción en el INE ha sucedido en la etapa inicial del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Este factor de temporalidad ha permitido margen para que el Estado intente estabilizar al organismo y garantizar la gobernabilidad de la Elección 2027. Pensemos por un momento sobre cuál sería el escenario en caso de que esas denuncias hubieran ocurrido en Mayo 2027, víspera de la jornada de votaciones.
La percepción de ilegitimidad habría comprometido el Proceso Electoral. La pérdida de autoridad de la cabeza del INE habría producido confusión, incertidumbre, así como oportunidad para que actores internos y externos cometieran irregularidades y buscaran incidir ilegítimamente en las votaciones. Todos estos factores habrían amenazado la integridad del mecanismo legal con que el país cuenta para relevar importantes puestos de elección en el país. Constituirían entonces un riesgo para la Seguridad Nacional.
Considerando la naturaleza de ese caso, la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República tenían la responsabilidad de haberlo conocido con anticipación. Que no haya ocurrido así constituye una falla grave de los procesos de obtención y tratamiento de información de Inteligencia al interior de la estructura gubernamental. Es difícil saber en qué consistió el error. ¿La Inteligencia Civil en México no se enteró? ¿Tuvo conocimiento y no fue escuchada por las instancias de toma de decisión? ¿Sí fue atendida su alerta pero no hubo coincidencia respecto al nivel de riesgo del problema?
Como sea, existe un contexto de fragilidad orgánica de este quehacer. A partir de 2018, el actual Centro Nacional de Inteligencia sustituyó al CISEN (Centro de Información y Seguridad Nacional). Entonces fue adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sus tareas habrían sido focalizadas en la Seguridad Pública. Indebidamente. El carácter crítico de su misión originaria rebasa ese ámbito. Precisa una articulación con el área de manejo de la Política Interior (Segob). Requiere también un canal de comunicación directa con el más alto nivel de decisión en lo que hace a la Seguridad Nacional, la Presidencia de la República.
Las decisiones tomadas al inicio del Régimen respecto al actual CNI habrían estadomotivadas por la preocupación respecto al uso político de sus facultades. Hoy la prioridad es valorar si el organismo conserva el alcance suficiente para contribuir a que el Estado asegure la estabilidad de sus instituciones.
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