Taddei: la prueba de fuego contra la impunidad: Rodin -

La salida de Guadalupe Taddei del INE no puede servir para dar por terminado el asunto. Una renuncia deja vacante un cargo, pero no explica cómo se adjudicaron los contratos, quién autorizó los pagos ni si alguien obtuvo beneficios indebidos. Eso debe investigarse hasta esclarecer lo ocurrido.

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación por posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Son señalamientos graves que deben comprobarse. Abrir un expediente es apenas el principio; lo importante será conocer sus conclusiones y las acciones que se deriven de ellas.

Para Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, este caso representa una prueba de fuego. Han hecho del combate a la corrupción una de sus principales banderas. Ahora deben demostrar que ese compromiso se sostiene cuando la investigación puede resultar incómoda para el poder.

También representa, duro golpe político para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien celebró la llegada de Taddei al INE y elogió su experiencia y honestidad. Aunque su designación se resolvió mediante insaculación en la Cámara de Diputados, aquel respaldo pone hoy en entredicho su juicio político.

El cuestionamiento alcanza además a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, señalado por el columnista Raymundo Riva Palacio como uno de sus principales impulsores. Esa es una interpretación periodística, distinta del procedimiento formal de nombramiento, pero plantea una pregunta legítima: ¿quienes respaldaron a Taddei exigirán ahora una investigación a fondo? El apoyo político no demuestra complicidad; tampoco debe convertirse en protección.

Sheinbaum ha pedido esclarecer las sospechas y respaldó la decisión de Taddei de separarse del cargo. La ciudadanía tiene derecho a esperar que esa postura se traduzca en colaboración institucional y seguimiento hasta obtener respuestas verificables.

La Presidencia debe asegurar que las dependencias del Ejecutivo entreguen la información que legalmente les corresponda y presenten las denuncias que procedan si encuentran elementos. Debe facilitar el esclarecimiento y evitar cualquier protección política, respetando las atribuciones de quienes investigan y juzgan.

La mayoría morenista en la Cámara de Diputados también debe exigir sin titubeos los resultados de la fiscalización. La Auditoría Superior tiene que trabajar con autonomía técnica y promover las responsabilidades que encuentre. Ningún acuerdo partidista debería decidir hasta dónde puede llegar.

Hay preguntas concretas: ¿hubo competencia real entre proveedores?, ¿se pagaron precios justificados?, ¿se entregó lo contratado?, ¿quiénes intervinieron en las decisiones? Si se acredita un daño al erario, debe buscarse la recuperación del dinero y la sanción correspondiente. La revisión debe abarcar a todos los involucrados que indiquen las pruebas.

La misma exigencia debe aplicarse a los señalamientos que alcancen a figuras del oficialismo, incluido Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Quien a la fecha sigue impune. Toda denuncia sustentada merece investigación. La cercanía política con Morena no debe otorgar un trato distinto, del mismo modo que pertenecer a la oposición no convierte a nadie en culpable por anticipado.

En el caso Taddei, tampoco debemos distraernos con burlas o asuntos personales. Lo que interesa es saber si las relaciones con proveedores influyeron en decisiones públicas. Esa pregunta se responde con documentos, contratos y movimientos de dinero.

Preocupa que pasen las semanas, cambie la conversación y terminemos sin conocer el desenlace. Deben informarse los avances que legalmente puedan hacerse públicos y explicarse las resoluciones. La reserva de una investigación no puede convertirse en una excusa permanente para el silencio.

Llegar hasta las últimas consecuencias significa investigar con rigor, respetar el derecho de defensa y sancionar a quien resulte responsable. Si una acusación no se sostiene, también debe decirse con claridad.

La presidenta y su partido Morena tienen la oportunidad una vez mas de demostrar que su discurso contra la impunidad tiene consecuencias reales. Una renuncia no basta. Falta saber qué ocurrió, quién debe responder y qué harán las instituciones al respecto.

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