Cuando la gobernanza en Jalisco se hizo de agua: Andrés Amaro
Además de ser reprobable, la represión del Gobierno de Jalisco contra una multitud que demandaba agua potable mostró en su momento ausencia de destreza política, inhabilitación para cumplir funciones esenciales de la responsabilidad pública, así como absoluta pérdida del liderazgo de gestión. Pero además apareció puntualmente como un ejemplo de lo que una autoridad no debe hacer.
La crisis de gobernanza que tomaba forma rápidamente el fin de semana anterior podría desacelerarse en virtud de la reciente decisión del Gobierno Federal en el sentido decontribuir financieramente a reflotar el sistema de agua potable para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, resulta pertinente analizar los déficits de ese gobierno local dado que pueden ser inherentes a su visión y provocar inestabilidad social en otro momento.
“Comienza por el comienzo”, recomendaba El Sombrerero en “Alicia en el País de las Maravillas” (Lewis Carroll, 1865). Hagámoslo entonces: desde hace años, existe desabasto de agua potable en la ZMG. Técnicamente podría considerarse que esa carencia es general. Porque quienes sí reciben agua es como si no la tuvieran. No la pueden usar. Se encuentra contaminada por heces fecales, descargas industriales y del sector agropecuario, entre otras barbaridades. Aunque la indignación ciudadana demoró en estallar, existía ya una patenteincapacidad del gobierno local para cumplir su responsabilidad en torno a una necesidad fundamental. Es la falla originaria.
Imaginemos por un momento qué pasaría con el liderazgo de una Autoridad que, ante unasituación de falta de aire para respirar, dijera a la población: en lo que traemos aire, compren tanques de oxígeno. Solo por unos años.
El segundo error ocurrió el pasado 11 de octubre. Una manifestación de miles fue agredida por la Policía. Además de violencia brutal, hubo actuación de civiles armados como parte de las fuerzas de seguridad, así como múltiples detenciones irregulares. Existen denuncias de tortura, vejación e incomunicación efectuadas en la propia sede de Casa Jalisco, residencia oficial del Gobernador.
Se trató de un muestrario de las atrocidades asociadas en el pasado a cuerpos policíacos en México que se suponían desterradas a partir de su profesionalización y de los procesos de saneamiento presionados por la amenaza del Crimen Organizado.
La decisión de reprimir comportó grave desconocimiento de la función por parte del Jefe del Ejecutivo de Jalisco: una protesta social no es prioritariamente un ámbito de atención para la Policía; es, por definición, responsabilidad del área de Gobierno Interior (Gobernación o Secretarías de Gobierno, en nuestras estructuras institucionales). En cualquier caso, la Policía debe garantizar la seguridad de los manifestantes y ser auxiliar de las medidas, como el diálogo, que instrumenten las áreas políticas del Gobierno.
Otro ángulo de la reflexión es el factor de la inconformidad juvenil. En Jalisco, se violaron derechos humanos de muchos ciudadanos. Pero contra los jóvenes hubo saña.
Una consecuencia relevante de esta violencia institucional en Jalisco ha sido introducir ahí un retroceso de varios años en el difícil proceso de recuperación de la confianza entre Sociedad y Policía. En el país, esa aproximación ha sido insumo para fortalecer al Estado contra la criminalidad.
Otro déficit: por dogma, al Gobernador de Jalisco lo único que se le había ocurrido para afrontar la falta de abasto de agua era privatizar ese servicio. Es irresponsable introducir un criterio de máxima ganancia en el aprovisionamiento de un elemento esencial para la vida humana.
Todos estos aspectos habían propiciado, antes de la intervención federal, que en Jalisco la gobernanza se hiciera de agua. Y que estuviera a punto de irse por el caño.
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