Fracking: la promesa de Sheinbaum que vuelve a encender la disputa por el agua -

Ambientalistas advierten que los pozos piloto en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas pueden abrir la puerta a una expansión de la fractura hidráulica. Organizaciones preparan amparos y exigen una prohibición nacional.

La promesa número 87 de campaña de Claudia Sheinbaum sobre la prohibición del fracking vuelve al centro de la discusión nacional.

El 1 de marzo de 2024, durante el arranque de su campaña presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum afirmó que durante su gobierno no se permitiría la explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica. Sin embargo, el anuncio de un comité científico sobre el desarrollo de pozos piloto en yacimientos no convencionales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas.

La controversia fue documentada por la periodista Sanjuana Martínez en el diario La Jornada, medio en el que representantes de la Alianza Mexicana Contra el Fracking expresaron su rechazo al proyecto y anunciaron acciones jurídicas para intentar detenerlo.

Ante los cuestionamientos, la Presidenta matizó su postura y señaló que nunca planteó la prohibición del fracking “como tal”, sino que su gobierno busca garantizar la soberanía energética con el menor impacto ambiental posible, además de impulsar la justicia social, el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente.

Para los ambientalistas, sin embargo, existe una contradicción entre aquella promesa de campaña y la posibilidad de avanzar en la exploración de yacimientos no convencionales.

El noreste, en el centro de la disputa

Alejandra Jiménez, portavoz de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, advirtió —en declaraciones recogidas por Sanjuana Martínez para La Jornada— que la decisión representa una amenaza para una extensa zona del noreste mexicano.

La activista sostuvo que millones de personas viven en áreas que podrían quedar expuestas a los efectos de una eventual expansión de la fractura hidráulica y señaló que existen comunidades rurales, ejidos y territorios indígenas que ya enfrentan problemas ambientales y de disponibilidad de agua.

El punto que más preocupa a las organizaciones es el estrés hídrico que afecta particularmente a regiones de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

La fractura hidráulica requiere grandes cantidades de agua para inyectar a presión una mezcla que permite liberar hidrocarburos atrapados en formaciones geológicas profundas. Para sus opositores, trasladar esta actividad a zonas con disponibilidad limitada del recurso representa un riesgo que no puede minimizarse.

“No existe fracking sustentable, es capitalismo fósil”, sostuvo Jiménez, de acuerdo con la entrevista publicada por La Jornada.

Las organizaciones también advierten sobre posibles impactos en aguas superficiales y subterráneas, suelo, biodiversidad, emisiones y sismicidad.

La batalla jurídica ya comenzó

El rechazo al proyecto no se limita a la protesta pública.

El abogado Ramón García Sánchez, integrante del comité jurídico de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, informó a Sanjuana Martínez, en La Jornada, que las organizaciones preparan una acción de amparo relacionada con el anuncio gubernamental.

Su objetivo es que se detenga cualquier autorización que permita desarrollar esta actividad y que eventualmente se emita un decreto nacional que prohíba la fractura hidráulica.

La estrategia jurídica tiene antecedentes.

En 2022, organizaciones como Terra Vida promovieron un amparo por los impactos ambientales asociados al fracking en Papantla, Veracruz. De acuerdo con García Sánchez, ese procedimiento incluyó un peritaje técnico y antropológico para analizar no sólo los daños ambientales, sino también sus repercusiones en comunidades indígenas y especies nativas.

El litigio continúa en proceso.

Los promoventes sostienen que el principio precautorio debe ser considerado ante una actividad cuyos posibles efectos ambientales y sociales, aseguran, justifican limitar su desarrollo.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: territorios bajo presión

La discusión adquiere una dimensión particular en el noreste.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking sostiene que la explotación de hidrocarburos no convencionales no sería una actividad limitada exclusivamente a unos cuantos pozos piloto. Según la organización, una explotación a gran escala implicaría miles de pozos y un consumo considerable de agua.

Alejandra Jiménez recordó, en la entrevista publicada por Sanjuana Martínez en La Jornada, que la fractura hidráulica no es una actividad completamente nueva en México.

De acuerdo con los registros citados por la organización, existen antecedentes desde la década de 1990 y trabajos relacionados con yacimientos no convencionales en regiones como la Cuenca de Burgos, que comprende territorios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La preocupación ambientalista es que una nueva etapa de exploración pueda convertirse posteriormente en una expansión de la actividad.

El agua, la principal preocupación

En Nuevo León, uno de los principales argumentos contra el fracking es el agua.

El estado ha enfrentado episodios severos de escasez y estrés hídrico, mientras que el crecimiento industrial y urbano incrementa la demanda del recurso.

El frente Noreste Sin Fracking ha advertido que la utilización intensiva de agua para la fractura hidráulica podría agravar los problemas existentes.

Los ambientalistas sostienen que no puede analizarse el desarrollo energético de manera aislada de la disponibilidad de agua, especialmente en regiones donde comunidades rurales y urbanas ya compiten por el recurso.

El debate, por ello, no sólo involucra petróleo y gas: también alcanza el derecho humano al agua, la protección ambiental y el futuro de las comunidades que habitan en las zonas potencialmente productoras.

Los antecedentes ambientales en Nuevo León

Otro elemento que alimenta la oposición es el antecedente de operaciones realizadas mediante fractura hidráulica en Nuevo León.

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) publicó un informe relacionado con la petición SEM-18-003, referente a la aplicación de la legislación ambiental mexicana en materia de fracturación hidráulica.

El documento abordó operaciones realizadas en municipios como Los Ramones, durante 2013 y 2014, y cuestionó aspectos relacionados con el cumplimiento de disposiciones ambientales.

Entre los puntos señalados se encuentra el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), relativo a la evaluación del impacto ambiental, así como obligaciones relacionadas con la reparación de daños y el manejo de aguas residuales.

Para las organizaciones ambientalistas, estos antecedentes demuestran que el país debe fortalecer sus mecanismos de protección ambiental antes de permitir una nueva etapa de explotación de hidrocarburos no convencionales.

¿Soberanía energética o continuidad del modelo fósil?

El gobierno federal plantea la soberanía energética como uno de los ejes de su política.

La discusión sobre el fracking, sin embargo, abre una pregunta de fondo: ¿puede México avanzar hacia una mayor soberanía energética mientras mantiene una fuerte dependencia del gas fósil?

Las organizaciones ambientalistas consideran que la respuesta debe ser negativa.

Critican que una parte de la estrategia energética contemple incrementar la generación eléctrica mediante plantas de ciclo combinado, debido a que estas instalaciones utilizan gas natural.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de yacimientos no convencionales podría terminar formando parte de una estrategia energética sustentada en combustibles fósiles durante las próximas décadas.

El gobierno, por su parte, ha insistido en la necesidad de garantizar el abasto energético del país y reducir los impactos ambientales de las actividades productivas.

Una promesa bajo escrutinio

La polémica coloca nuevamente frente a frente una promesa electoral y una decisión de política energética.

En marzo de 2024, Claudia Sheinbaum habló de impedir la explotación mediante fracking. Hoy, la posibilidad de desarrollar pozos piloto en el noreste mexicano lleva a organizaciones sociales y ambientalistas a exigir que aquella declaración se traduzca en una prohibición formal.

El desafío para el gobierno federal será demostrar que la exploración y eventual explotación de hidrocarburos no convencionales puede realizarse sin comprometer el agua, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Para sus opositores, el problema es más profundo: no se trata solamente de determinar si existe una tecnología capaz de reducir los impactos de la fractura hidráulica, sino de decidir qué modelo energético quiere construir México y quién asumirá los costos ambientales de esa decisión.

Mientras los ambientalistas preparan recursos legales y demandan un decreto de prohibición nacional, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas quedan nuevamente en el centro de una disputa que enfrenta seguridad energética, agua, desarrollo industrial y protección ambiental.