Transparencia sin dientes es simulación: Ranulfo Martinez -

Reforma a la Ley de Transparencia de Nuevo León busca que ocultar, retrasar o incumplir con la información pública deje de ser una conducta sin consecuencias

Llegó la hora de que las autoridades rindan cuentas

En Nuevo León hace falta algo más que discursos sobre transparencia. Hace falta voluntad para hacerla cumplir.

Durante años, distintas autoridades han convertido el derecho ciudadano a conocer cómo se gobierna, cómo se gastan los recursos públicos y cómo se toman las decisiones en una colección de obligaciones administrativas que, en demasiadas ocasiones, pueden incumplirse sin que pase gran cosa.

Por eso resulta relevante la iniciativa de reforma a los artículos 86 y 176 de la Ley de Transparencia del Estado que entregue personalmente en la Oficialía de Partes del Congreso de NL porque coloca sobre la mesa una verdad incómoda: una ley que obliga a informar, pero que no tiene mecanismos suficientemente eficaces para castigar al funcionario que deliberadamente incumple, termina siendo una ley de buenas intenciones.

Y la transparencia no puede depender de la buena voluntad del servidor público.

Quien ocupa un cargo público no es propietario de la información que genera la institución que encabeza. Esa información pertenece a la sociedad. Los funcionarios solamente la administran y están obligados a ponerla a disposición de los ciudadanos conforme a la ley.

Por ello, cuando una autoridad retrasa información, la entrega incompleta, la oculta, la maquilla o simplemente ignora sus obligaciones, no está cometiendo una falta menor. Está afectando directamente el derecho de los ciudadanos a vigilar al poder.

La iniciativa pretende precisamente “afilar los dientes” del órgano garante, para que sus determinaciones no sean vistas como simples llamados de atención y para que quienes incumplan enfrenten consecuencias reales.

Y aquí está el punto central: las sanciones deben alcanzar a los responsables, no convertirse en otro trámite burocrático que termine pagando el erario.

Porque resulta absurdo que un funcionario incumpla la ley, eventualmente sea sancionado y la multa termine saliendo del dinero público. En ese escenario, el ciudadano vuelve a pagar por la irresponsabilidad de quien debía servirle.

Los servidores públicos deben entender algo elemental: gobernar no significa tener derecho a ocultar. Administrar recursos públicos no significa disponer de ellos como patrimonio personal. Y ocupar un cargo de elección popular o una posición administrativa no otorga patente de impunidad.

La transparencia debe ser una obligación cotidiana, no una concesión.

Por eso el Congreso de Nuevo León tiene una responsabilidad que va más allá de aprobar o rechazar una reforma. Debe revisar si el marco legal realmente permite obligar a las autoridades a cumplir y sancionar eficazmente a quienes no lo hagan.

También será indispensable que el órgano garante tenga capacidad para actuar con independencia, firmeza y sin distingos partidistas.

Porque de nada serviría endurecer la ley si las sanciones solamente se aplican a los adversarios políticos mientras se toleran las mismas conductas entre los aliados.

La transparencia no debe tener partido, color ni dueño.

Nuevo León necesita pasar de la cultura del “no pasa nada” a la cultura de la responsabilidad.

Y el mensaje para los servidores públicos debe ser claro:

La información pública no es de ustedes. El dinero público no es de ustedes. El cargo tampoco es de ustedes.

Todo ello pertenece a la sociedad y, por lo tanto, la sociedad tiene derecho a saber, preguntar, fiscalizar y exigir cuentas.

Ya es hora de que la transparencia deje de ser una promesa políticamente correcta y se convierta en una obligación con consecuencias.

Porque una democracia donde el gobierno puede ocultar información sin temor a ser sancionado es una democracia con los ojos vendados.