Antes de hablar de otros, MC debería pedir que se investigue a Samuel García y Miguel Flores -

La diputada Sandra Pámanes ha lanzado críticas y exigido investigaciones sobre diversos actores políticos. Sin embargo, antes de señalar hacia afuera, quizá valdría la pena que Movimiento Ciudadano mirara hacia adentro y respondiera a los cuestionamientos que pesan sobre la administración del gobernador Samuel García.

No se trata de condenar a nadie por anticipado ni de sustituir el trabajo de las autoridades. Se trata de algo más elemental: la rendición de cuentas. Cuando existen investigaciones periodísticas documentadas, denuncias presentadas ante autoridades y resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales, el mínimo esperado de un partido que se dice comprometido con la transparencia es exigir claridad, no guardar silencio.

Uno de los casos más relevantes fue publicado por El Norte, que dio a conocer un presunto esquema de movilización de recursos desde proveedores del Gobierno de Nuevo León hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, vinculado a Samuel García y a su padre. De acuerdo con esa investigación, la ruta de los recursos habría pasado por diversas empresas, incluyendo una firma extranjera relacionada con un familiar de Miguel Flores Serna, secretario general de Gobierno.

Las publicaciones también mencionan a empresas proveedoras del Estado como Suministro MYR y Nauka Comunicación Estratégica. Según los reportajes, Nauka habría facturado 81.6 millones de pesos al despacho del gobernador por servicios relacionados con pauta digital, mientras que MYR, contratista de alimentos para penales y corporaciones policiacas, ha obtenido contratos gubernamentales por más de mil 400 millones de pesos. Estos hechos han sido materia de investigaciones periodísticas y de denuncias públicas, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existió o no alguna irregularidad.

La investigación también refiere una presunta ruta financiera que involucraría a Proveedora de Productos Mexicanos Jace, Transportes Norkux, VGL Logística y Soluciones Integrales y Trinational Express Logistics, esta última constituida en Laredo, Texas, por un familiar del secretario general de Gobierno, Miguel Flores. La sola existencia de estos señalamientos justifica que se esclarezcan los hechos mediante investigaciones imparciales.

A ello se suman las interrogantes sobre empresas familiares, propiedades y adquisiciones inmobiliarias relacionadas con el entorno del gobernador, temas que también han sido objeto de publicaciones en distintos medios nacionales. La mejor forma de despejar cualquier duda es mediante investigaciones transparentes y el acceso a la información pública.

Pero, además de las denuncias y reportajes, existen resoluciones emitidas por autoridades electorales. El Tribunal Electoral ha acreditado responsabilidades al gobernador Samuel García relacionadas con la violación a las reglas de difusión del informe de gobierno, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Estas determinaciones dieron origen, además, a diversos expedientes de juicio político en el Congreso de Nuevo León. Son resoluciones oficiales que forman parte del historial jurídico del mandatario y que no pueden desestimarse como simples opiniones.

En un Estado democrático, nadie debería estar por encima del escrutinio público. Si Movimiento Ciudadano exige investigaciones cuando se trata de sus adversarios, la misma exigencia debe aplicar para sus propios gobiernos. La congruencia no consiste en defender automáticamente a los propios, sino en respaldar que todas las denuncias sean investigadas con independencia y que toda resolución judicial sea respetada.

La transparencia no debe tener colores partidistas. Samuel García y Miguel Flores deben ser investigados y si concluyen que no existió ninguna irregularidad, eso también debe conocerse. Pero si existen indicios suficientes para profundizar las indagatorias, lo responsable no es descalificar a quienes preguntan, sino permitir que las instituciones hagan su trabajo.

Porque la credibilidad de cualquier proyecto político no depende únicamente de los discursos contra la corrupción, sino de la disposición para someterse al mismo nivel de escrutinio que se exige a los demás.